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El Rey sondea a los partidos sobre la reforma constitucional

Varios participantes en la ronda de consultas admiten haber hablado con Felipe VI de su posición acerca de cambiar la Ley Fundamental

La ronda de consultas que está llevando a cabo Felipe VI con los partidos con representación parlamentaria no está sirviendo solo para conocer cuál es su disposición ante la investidura de un nuevo presidente de Gobierno. El jefe del Estado está aprovechando estos encuentros para conocer de primera mano la posición de los partidos que integran el nuevo Congreso de los Diputados respecto a posibles reformas de la Constitución.

El Rey con el presidente de UPN, Javier Esparza. ATLAS

La necesidad de introducir reformas en la Constitución de 1978 alimentó buena parte del debate que precedió a las elecciones del pasado 20 de diciembre. Muchos de los partidos la llevaban en su programa e incluso los que no, como el Partido Popular, ahora ya no se cierran en banda ante la posibilidad de someter la Ley Fundamental a una actualización. El propio Mariano Rajoy apuntó el lunes en una entrevista radiofónica que estaba abierto a abordar una reforma constitucional en sus negociaciones con el PSOE para superar la votación para su investidura de nuevo como jefe del Ejecutivo.

Es una asignatura pendiente para la legislatura que arranca y el Rey no la rehúye. El lunes, durante la primera jornada de la ronda de contactos con los representantes políticos previa a la proposición de un candidato a la investidura, el jefe del Estado exploró las necesidades de reforma constitucional que tienen las formaciones citadas a las audiencias en La Zarzuela. La más explícita al respecto fue la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, que en la rueda de prensa posterior en el Congreso de los Diputados explicó que el Rey, además de pedirle opinión sobre la situación política y la postura de su partido, se interesó por su posición acerca de “una posible reforma de la Constitución”.

El diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo también explicó a Felipe VI el lunes la visión de su formación respecto a una revisión del texto constitucional, informa Juan José Mateo. “Le expuse cuál era la esencia del acuerdo que habíamos suscrito con el PSOE”, refirió Quevedo cuando el Monarca se interesó por la fórmula electoral elegida por el partido canario para las generales. “Una parte se refiere al conjunto del Estado, en la que apostamos por una reforma de la Constitución española para blindar el régimen económico y fiscal de Canarias, que no se cumple”, enumeró.

Quevedo expuso al Rey que la reforma que propugna su partido incluye la necesidad de garantizar los servicios públicos fundamentales con una dotación financiera suficiente y un modelo territorial federal asimétrico.

El presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, que se entrevistó ayer con Felipe VI, abundó en esa misma idea tras el encuentro. En una rueda de prensa celebrada en el Congreso de los Diputados admitió que entre los muchos asuntos que había abordado con el jefe del Estado en su despacho de La Zarzuela figuraba el de las posibles reformas de la Constitución.

Abrir la Ley Fundamental

Esparza se mostró partidario de abrir la Ley Fundamental, aunque defendió su vigencia en muchos de sus aspectos: “Hay que reformar algunas cosas, pero hay que recordar lo que la Constitución nos ha dado: derechos, igualdad... Hay cosas que conservar y cosas que cambiar”.

El presidente de UPN reconoció que se puede reformar la Constitución para mejorar la vida de los españoles, “pero el Estado de derecho es el Estado de derecho” y “nadie puede estar por encima de la ley”. “Este es un buen momento para recordarlo”, añadió. misma idea tras el encuentro.

Con todo, los sentimientos sobre cambios constitucionales que recoge Felipe VI presentan tantas dificultades en la práctica como la elección de un candidato que supere la investidura en el Congreso de los Diputados. La aritmética surgida de las urnas no facilita precisamente la modificación de la Ley Fundamental, puesto que su título décimo exige el apoyo de tres quintos del Congreso y el Senado para aprobar las reformas constitucionales ordinarias. Si no se puede alcanzar esa exigencia, se rebaja el listón a la mayoría absoluta del Senado pero en el Congreso aumenta a dos tercios.