24 detenidos en una operación anticorrupción centrada en Valencia

Alfonso Rus, expresidente de la diputación, entre los implicados en la Operación Taula. La Guardia Civil ha registrado el grupo del PP en el Ayuntamiento de Valencia

La Guardia Civil ha lanzado este martes una operación contra la corrupción centrada en Ayuntamientos de la provincia de Valencia que fueron gobernados por el PP, la Diputación provincial y la Generalitat. Entre los detenidos —24, según fuentes de la investigación— se encuentra Alfonso Rus, el expresidente de la diputación y exalcalde de Xàtiva. Además, ha sido arrestado Emilio Llopis, exjefe de gabinete de Rus en la diputación valenciana y María José Alcón, exconcejal popular del Ayuntamiento de Valencia y antigua asesora de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. Alcón está casada con Alfonso Grau, el exvicealcalde de Valencia que está siendo juzgando en Palma en el caso Nóos.

María José Alcón ha quedado en libertad bajo fianza aunque en calidad de investigada --la nueva denominación de los imputados-- por varios delitos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha acordado su puesta en libertad bajo fianza aunque ha quedado como investigada en las diligencias abiertas por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

Como medida cautelar, el juez ha acordado además el embargo de todos sus bienes. Alcón ha llegado sobre las 22.20 horas al juzgado de guardia para prestar declaración y ha abandonado las dependencias de la Ciudad de la Justicia de Valencia sobre la medianoche.

Alcón es la única de los detenidos que ha prestado declaración este martes ante el juez. La operación contra esta trama se ha saldado con 24 arrestos en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. Además, hay otros 5 investigados que no han sido detenidos pero que sí han sido citados para declarar ante el juez.

Entre los detenidos, figuran, además de la propia Alcón, el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus; el exdiputado del PP en las Corts y ex secretario autonómico de Deporte David Serra; y el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, también ha sido imputado (investigado en la nueva denominación judicial). La investigación apunta, además, según confirman fuentes de la misma, a la exalcaldesa Barberá y al exvicepresidente de la Generalitat Gerardo Camps. Como Barberá y Camps son aforados, por su condición de senadora y diputado en el Congreso respectivamente, tendrá que ser el juzgado de instrucción el que, eventualmente, remita una exposición razonada de motivos al Tribunal Supremo con los indicios que existan contra ellos. Solo este alto tribunal puede dirigir acciones penales contra ellos.

Guardias ante la sede de Ciegsa, empresa pública de la Generalitat que construye colegios.

Dentro de la llamada Operación Taula, que toma su nombre de las mesas de cambio de divisas nacidas en el siglo XV, ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. En ella han sido detenidas este martes 24 personas en Valencia, Castellón y Alicante y se han realizado 33 registros judiciales. Los investigadores han recopilado documentación y diferentes pruebas en domicilios, sedes de empresas (entre ellos los de la sociedad pública de la Generalitat Ciegsa), fundaciones (como la Fundación Jaume II El Just), las instalaciones de una asociación deportiva (Club Deportivo Olímpic de Xàtiva), el Grupo Municipal del PP en Valencia o la empresa de comunicación Engloba, con sede en Valencia, según apuntan fuentes de la investigación. El número de imputados —a los que ahora se denomina investigados— asciende a 29, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Una de las cinco personas que están implicadas, pero que no han sido detenidas este martes es el portavoz popular en el Ayuntamiento de Valencia y presidente del PP en la ciudad.

Todos los implicados habrían participado, supuestamente, en una red que cobraba comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. La investigación aborda también, según fuentes de la misma, la posible financiación irregular del PP valenciano. Las fuentes explican que se está investigando "una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas" de la Comunidad Valenciana, que supuestamente ha perpetrado los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Una de estas fuentes ha calificado de "descomunal" la envergadura de las supuestas irregularidades, que se habrían cometido durante años.

La Guardia Civil ha llegado al Ayuntamiento de Valencia y ha entrado al grupo municipal del PP en el Consistorio, donde está revisando documentación. Los agentes han accedido a las oficinas a las 10 de la mañana y varios empleados del PP y concejales han permanecido retenidos y se les han reclamado las claves de sus ordenadores, informa Cristina Vázquez. Más tarde les han dejado salir, si bien la secretaria del grupo municipal, María del Carmen García Fuster, ha sido detenida.

La operación se está desarrollando fundamentalmente en la provincia de Valencia, ya que el caso afecta al Ayuntamiento de la capital, la diputación provincial y la propia Generalitat, tres entidades que han estado copadas por el PP. Pero también se han producido registros en las provincias de Alicante y Castellón. Rus ha sido detenido en su casa de Xàtiva, en cuyo interior ha permanecido hasta pasadas las tres de la tarde. Ha abandonado el inmueble en un vehículo policial camuflado en el que también viajaba el fiscal Vicente Torres. Numerosos vecinos se han congregado en torno a la vivienda, informa Joaquín Ferrandis.

El PP de la Comunidad Valenciana ha abierto expediente a todos los afiliados detenidos y les ha suspendido cautelarmente de militancia. También ha acordado la destitución inmediata de todos los cargos orgánicos que desempeñen y su cese en cualquier tipo de actividad relacionada con la formación. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando ha anunciado "medidas contundentes" contra todos los militantes detenidos en Valencia, en un mensaje que ha difundido a través de Twitter.

Entre los objetivos de la operación se encuentra el exvicepresidente de la Diputación de Valencia Máximo Caturla. Este fue consejero delegado de Construcciones e Infraestructuras Educativas Sociedad Anónima (Ciegsa), una empresa pública de la Generalitat dedicada a levantar colegios que, según desveló hace poco el Gobierno valenciano, incurrió en sobrecostes que superaban los 1.000 millones de euros la década pasada.

También ha sido detenido el exalcalde popular de Moncada y exvicepresidente de la diputación, Juan José Medina. Y el exdiputado autonómico David Serra, que está imputado en dos piezas del caso Gürtel. El exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, otro de los arrestados, fue también alcalde de Genovés hasta el pasado mes de mayo. Llopis se querelló contra EL PAÍS por una información relacionada con estas presuntas irregularidades. El juzgado archivó la denuncia hace unas semanas.

La Guardia Civil ha pedido al juez el embargo de 150 coches de alta gama, 252 cuentas bancarias y 148 propiedades de los implicados en el caso.

El presidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus, fue defenestrado en mayo, semanas antes de las elecciones locales y autonómicas, al hacerse pública una conversación en la que se le escuchaba contando dinero. La grabación había sido realizada por Marcos Benavent, entonces mano derecha de Rus como gerente de la gran empresa de la diputación, Impulso Económico Local Sociedad Anónima (Imelsa).

Grabaciones

Las pesquisas se iniciaron a raíz de una denuncia presentada por la diputada de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, en julio de 2014 ante la Fiscalía Anticorrupción. En el escrito se aportaron indicios de que Benavent había creado sociedades pantalla para cobrar comisiones a varias concesionarias y contratistas de la Diputación de Valencia. EU aportó, además de la denuncia, numerosas horas de grabación realizadas en secreto por Benavent, relacionadas aparentemente con el amaño de contratos y con la financiación de actos del PP provincial. En una de esas conversaciones era en la que se escucha presuntamente a Rus contar billetes de quinientos en quinientos, mientras habla con Benavent, hasta sumar "dos millones de pelas".

La investigación abierta por la Fiscalía, dirigida por los delegados de Anticorrupción en Valencia Vicente Torres y Pablo Ponce, y más tarde por el juzgado llevó a descubrir "que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia inicial", ha señalado el Tribunal Superior valenciano.

Los investigadores, pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, han analizado inversiones inmobiliarias sospechosas, algunas de las cuales se habrían realizado en el extranjero, así como la presunta contratación irregular de personal en la diputación. Esta última práctica afectaría, según fuentes cercanas al caso, a otros partidos además de al PP.

La difusión del contenido de las cintas de Benavent provocó la suspensión de militancia del PP de Rus. Y forzó la renuncia de Alcón de la lista del PP al Ayuntamiento de Valencia, en la que había sido incluida en los últimos puestos por Barberá.

El pasado 26 de mayo, Benavent, que grabó en secreto durante años a sus compañeros de partido y ha colaborado intensamente en los últimos meses con los investigadores, acudió a declarar ante el juez. "Quiero pedir perdón públicamente. Lo siento mucho. Asumiré lo que tenga que asumir, la culpa que sea y la cárcel. E intentaré reponer todo lo que me he llevado", afirmó. Benavent, que dijo que llegó a convertirse en un "yonqui del dinero", aseguró que "las grabaciones son verdad" y que iba "a salir mierda a punta pala".

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