El PP cita a Ábalos en el Senado por la presunta financiación ilegal del PSPV-PSOE
La comisión llama también a las exministras Narbona y Corredor y al secretario general de Ciudadanos
La llegada del PSOE al Gobierno ha convertido la comisión de investigación sobre la financiación de partidos políticos del Senado en un pujante instrumento de erosión para el PP, que es único partido que participa en este órgano creado como réplica a la comisión que investiga la financiación irregular de los populares en el Congreso de los Diputados. El Grupo Popular ha convocado al ministro de Fomento, el valenciano José Luis Ábalos, a comparecer en la comisión el próximo día 27 para preguntarle sobre el caso de la presunta financiación irregular del PSPV-PSOE en las campañas electorales de 2007 y 2011. Ábalos ejerció como vicesecretario general del partido en Valencia entre 2000 y 2004. En 2012 asumió la secretaria general del PSPV-PSOE, cargo que ocupó hasta 2017.
Las exministras socialistas Cristina Narbona y Beatriz Corredor comparecerán un día antes en relación con los contratos que los ministerios de Medio Ambiente y Vivienda firmaron con empresas presuntamente relacionadas con este mismo asunto. La comisión del Senado, en consonancia con la dura estrategia adoptada por el PP tras ser desalojado del Gobierno, intensifica su ofensiva sobre una posible trama compartida en el pasado por los socialistas valencianos y Compromís (partidos que ahora sustentan la Generalitat), y sus extensiones en el Gobierno que presidió José Luis Rodríguez Zapatero.
Un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) refleja que entre 2005 y 2008 la agencia Crespo Gomar (propiedad del hijo del exteniente de alcalde de Gandia Antoni Gomar) hizo una doble facturación para pagar gastos electorales del PSPV-PSOE y el Bloc (socio mayoritario de Compromís), por valor de cerca de un millón de euros que podrían haber sufragado empresas adjudicatarias de la Administración.
El juzgado número 21 de Valencia se inhibió en este caso, cuyo delito de financiación habría prescrito, en favor de los juzgados de Benidorm, Gandia y Madrid, que investigan un presunto trato de favor a esta empresa, a la que también recurrió la Generalitat de Francisco Camps, en contratos de tres ministerios en los que habría apreciado irregularidades. Estos juzgados ya han imputado a 26 personas relacionadas con diversas probables irregularidades como prevaricación y malversación de fondos.
El PP, que afronta 20 causas por corrupción en la Comunidad Valenciana con unos 400 imputados, denunció el caso en una comisaría, considera que se trata de una trama de financiación ilegal de los socialistas y el Bloc a la que vaticina más imputaciones. El portavoz parlamentario del partido, Rafael Hernando, aseguró que no estamos ante un “caso cualquiera” sino “uno de los más graves de corrupción” con tres ministerios implicados en una posible “desviación de fondos”. En consecuencia, el asunto se ha convertido en el principal argumento de la comisión del Senado, que ya había arrojado sombras de sospecha sobre la financiación de Ciudadanos, Podemos o UGT.
El órgano, presidido por María Rosa Vindel, ha sometido a interrogatorio a varios cargos de Compromís, como la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, o el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, así como a los administradores del partido. Los últimos en desfilar por la comisión han sido el ex secretario general del PSPV-PSOE Joan Ignasi Pla, el exresponsable de finanzas Josep María Cataluña y el exalcalde de Gandía José Manuel Orengo. La comisión también interrogó al exministro de Sanidad del gabinete de Zapatero Bernat Soria.
La comisión también ha convocado para el mismo día que Ábalos al secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, para aclarar aspectos relacionados con el informe del Tribunal de Cuentas sobre su partido. Con esta decisión, el PP reabre en el Senado las tensiones con su antiguo socio, que cerró ante la amenaza de Ciudadanos de romper el pacto de gobierno que mantenía con Mariano Rajoy.
La minoría mayoritaria popular en el Congreso de los Diputados no pudo evitar que el resto de grupos parlamentarios impulsara la creación de la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP, que se constituyó el 11 de mayo de 2017. Apenas un mes después, el 6 de junio, el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, constituía su réplica con el nombre de Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos. El objetivo sobre el papel: revisar cómo se financian los partidos, mejorar el sistema y poner medidas para evitar la corrupción, un problema que el PP defiende que “afecta a todas las formaciones políticas”.
Sin embargo, poco antes de su constitución el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, advirtió de que esta comisión estaría pendiente de lo que ocurriera en la del Congreso y que si se convertía en una “causa general contra el PP”, su formación reaccionaría en el Senado. Los representantes del PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos abandonaron el órgano inmediatamente, el 13 de julio, alegando el uso partidista del PP y el “plan de trabajo sectario y manipulador” bajo el envoltorio de “analizar las distintas formas de financiación de los partidos políticos, estudiar las nuevas formas de financiación y la necesidad de dotarlas de una regulación legal, detectar posibles lagunas en la normativa vigente y proponer soluciones legislativas adecuadas”
Solo asuntos de los demás partidos
La comisión, solo con la representación de 15 senadores del PP encabezados por Luis Aznar, ha centrado su esfuerzo en hurgar en las posibles irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas o en la financiación del resto de partidos: los supuestos vínculos de Podemos en Venezuela, el aparente uso de dinero público de las asignaciones a los grupos parlamentarios para costear campañas electorales y gastos políticos por parte de Ciudadanos, la indiciaria defraudación de fondos de formación de la Junta de Andalucía, la presumible trama del PSPV-PSOE y Compromís o el caso de los ERE de Andalucía y su relación con el Gobierno socialista de la Junta. Siempre asuntos relacionados con los partidos que impulsaron la comisión del Congreso para indagar las cuentas del PP.
El argumento al que recurre el PP en el Congreso para desacreditar la comisión que investiga su financiación ilegal (que se trata de asuntos incursos en procedimientos judiciales y con procedimientos en marcha son innecesarias las comisiones de investigación), en el caso del Senado no resulta aplicable. Es más, el eco judicial parece justificar la propia existencia de la comisión y su cometido. Lo que es “un esperpento”, “una causa inquisitorial” o “un linchamiento” en el Congreso para el PP, en cambio, en el Senado son solo actos de colaboración de los investigados con “los representantes legítimos de la ciudadanía española” que permiten al PP avistar “la punta del iceberg” de “tramas delictivas” y “sacar las conclusiones pertinentes para que esto no vuelva a suceder”.
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