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‘Caso Acuamed’: así se infló la factura de la desaladora estropeada

El acuerdo para pagar la reparación se frustró porque FCC exigía cobrar un sobrecoste del 20%

La contrata insistía en que le debían liquidar 10 millones más de lo estimado por los técnicos

La Guardia Civil durante los registros. Atlas

El presupuesto modificado de la desaladora del Bajo Almanzora indica que la toma de agua de mar de la obra civil debe costar 3,5 millones de euros. A la hora de hacer la liquidación, los técnicos encargados de la dirección de obra calculan que el gasto final es de 4,6 millones. La contratista, en cambio, lo valora en 5,4 millones. Sucede algo similar con los equipos mecánicos. Donde los técnicos dicen 13,2 millones, la constructora afirma que son 14,2. Y así, millón a millón, la factura va engordando. Las diferencias entre contratista y dirección de obra quedaron reflejadas en un documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, incluido en el sumario del caso Acuamed. Las divergencias en la liquidación de esa obra —10 millones de euros, un 20% más de lo presupuestado— son la raíz de la desavenencia y del posterior pacto fallido que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

La desaladora del Bajo Almanzora, planificada para llevar "20 hectómetros cúbicos de agua garantizada al Levante almeriense" —así rezaba la publicidad institucional—, es hoy una mole de hormigón que lleva tres años inutilizada en una comarca que sufre la sequía como pocas. Con la obra apenas terminada, unas lluvias torrenciales inundaron la instalación el 28 de septiembre de 2012. No tenía seguro. Empezaba entonces un pleito entre el Ministerio de Agricultura, de quien depende la empresa pública Acuamed, y la contratista (una UTE formada por FCC y Abengoa) que ha desembocado en la Operación Frontino: la investigación de una red corrupta con 13 detenidos y que ya se ha cobrado una dimisión en el Gobierno.

El sobrecoste en la liquidación de la obra y la reconstrucción de la desaladora tras la riada están en el germen del conflicto. El auto con el que el juez Velasco envió a la cárcel sin posibilidad de fianza a cuatro directivos de Acuamed y al máximo responsable de una constructora explica que el director general de la empresa pública, Arcadio Mateo, pactó con la contratista de la obra que ella sufragaría el 60% de la reparación y Acuamed, el 40% ("cuando no es responsabilidad de la Administración"). Ese dinero, según el auto, se le compensaría a FCC con otras obras "al parecer pactadas desde muy alto nivel en el ministerio". Son los 40 millones de euros de compensación que el juez cree que se generaron artificialmente en la descontaminación de Flix, también adjudicada a FCC, mediante "modificados ficticios irreales". Fue una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción la que permitió sacar a la luz estos acuerdos.

Liquidación de la obra de la desaladora de Bajo Almanzora.

El entonces director de Ingeniería y Construcción de Acuamed, Francisco Valiente, llevó al fiscal el mismo escrito —y 60 folios de documentación anexos solo sobre el caso de la desaladora estropeada— con el que previamente había intentado, sin éxito, que Acuamed investigara los hechos. Su denuncia, presentada en marzo de 2014, relata que el pacto para asumir con dinero público la reparación de la desaladora no llegó a firmarse porque la constructora exigía que antes se le abonara la liquidación de la obra.

El juez Velasco señala en su auto que "la oposición de ciertos funcionarios a permitir tales irregularidades" lo impidieron, así como el hecho de que se presentara la denuncia. El Gobierno, añade, había presupuestado la "compensación indebida" en las cuentas de 2015 y las de 2016.

“Fue el único que asumió la responsabilidad”

Poco después de que unas fuertes riadas dañaran gravemente la desaladora de Bajo Almanzora, un ingeniero, el encargado de Explotación, intentó en solitario arreglar el desastre, según el relato de tres páginas que Valiente hizo llegar al consejo de administración de Acuamed y que ahora está en el sumario del caso Frontino. "Fue el único que asumió la responsabilidad que le correspondía", escribe Valiente. Ordenó al contratista que reparara la planta. Y envió "constantes peticiones de ayuda" a la dirección de la empresa, comunicaciones que también han llegado al juez que instruye la causa.

El director de obra recomienda a Acuamed que resuelva el contrato y que repare de forma urgente la planta (adjudicando la obra a otra empresa), para después pasarle la factura a FCC, a quien considera responsable de carecer de un seguro de daños por agua. Este ingeniero llega a calcular los costes de asumir la reparación de esa manera: 8,5 millones de euros. Sin embargo, la dirección de Acuamed no reacciona, según el relato de Valiente. El presupuesto va "aumentando drásticamente" a medida que pasan los meses y la planta permanece abandonada a su suerte. Desde el 25 de octubre de 2012 al 10 de diciembre de ese mismo año, el coste se incrementa un 40%. El 25 de enero de 2013 el sobrecoste alcanza ya el 50%, según calcula el ingeniero.

"La dirección de Acuamed no tomó decisión alguna", señala Valiente en su escrito. Lo que empezó siendo un problema de "unos pocos millones de euros" crece hasta convertirse en "un gravísimo problema de decenas de millones de euros". El ingeniero describe en sus comunicaciones con la empresa la decisión de Acuamed: no actuar e intentar llegar a un acuerdo con el contratista. En un correo electrónico de noviembre de 2012 habla de ese pacto: dice que no lo discute y lo acata, pero no lo comparte.

Valiente llega a Acuamed en marzo de 2013. En aquella época ya estaba jubilado. Lo llama meses antes el propio Arcadio Mateo, una de las cinco personas encarceladas sin fianza en el marco de la Operación Frontino, para ofrecerle el puesto. Finalmente le nombra el consejo de administración de la empresa pública. Al poco tiempo de llegar, en el mes de abril, visita la desaladora y comprueba que ya está "arruinada". Es entonces cuando se entera, según su relato, de que Acuamed ya ha negociado un "principio de acuerdo" con la UTE, según el cual los costes de la reparación los asumiría en un 40% la empresa pública y en un 60% el contratista.

El acuerdo no llegó a materializarse, asegura el denunciante, porque la empresa exigía como condición previa que se le pagara la liquidación pendiente de la obra. FCC calculó en 9,5 millones de euros el importe que se le adeudaba por los trabajos realizados, es decir, más de un 20% por encima del último presupuesto aprobado. El juez Velasco se refiere a ello en su auto: la empresa no permite la liquidación de la obra "pretendiendo que los aproximadamente dos millones que podrían debérseles se conviertan en 10, con un perjuicio para la Administración de ocho millones de euros". Efectivamente, el director de obra calcula en el documento aportado al caso que los trabajos han costado un 3,7% más de lo presupuestado (2 millones de euros), no el 20% que pide FCC. La empresa, por su parte, mantiene que las cantidades que reclama responden a trabajos efectivamente realizados.

El denunciante avisó también a un representante de Hacienda

La denuncia que el ingeniero de caminos Francisco Valiente presentó ante la Fiscalía Anticorrupción, y que dio lugar a la investigación de la Audiencia Nacional, había pasado previamente por varias manos. Valiente, entonces director de Ingeniería y Construcción de Acuamed, habló varias veces con el director financiero de la empresa pública, Carlos Aníbarro, el representante de Patrimonio del Estado (dependiente del Ministerio de Hacienda). Según relata Valiente en una carta abierta que ha dirigido a los medios de comunicación, durante las tres primeras semanas del mes de marzo de 2014 le informó de que le estaban dando órdenes para "cambiar los informes técnicos para una adjudicación" y para "certificar, para poder pagar, una cantidad que no estaba justificada y asumir una parte de la reparación necesaria". Valiente asegura que Aníbarro le dijo que había hablado con la Dirección General de Patrimonio del Estado y que les llamarían para tener una reunión. "Esa reunión nunca se produjo", señala. 

Cuando Valiente intentó poner el caso en conocimiento del consejo de administración de Acuamed (en el que hay representantes de varios ministerios), tampoco lo tuvo fácil. Asegura que el abogado del Estado del Ministerio de Agricultura, Pablo Fernández, organizó una reunión para el 25 de marzo de 2014. El día anterior "canceló esa reunión". 

Finalmente, Valiente optó por enviar un notario a Acuamed para asegurarse de que la información llegara a su destino. El notario fue atendido por Aníbarro y por Javier Moya, abogado del Estado y entonces director jurídico de Acuamed. Según el relato del denunciante, ambos examinaron la carta y la documentación adjunta (100 páginas en total) y "declinaron hacerse cargo de la cédula de notificación". 

El 2 de abril de 2014 Acuamed comunica a Valiente que la empresa "ha decidido desistir de la relación laboral especial como alto cargo". Es decir, le echa. Apenas 20 días antes Valiente había recibido otra carta en la que el responsable de recursos humanos le comunicaba que había superado en un 108% los objetivos fijados por la empresa para 2013, por lo que cobraría al año siguiente el máximo bonus posible, 12.000 euros para un año completo. Una prueba más, opina el denunciante, de que la decisión de despedirle respondió únicamente a que había puesto una patata muy caliente sobre la mesa de Acuamed.

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