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El juez investiga sobornos a altos cargos de Acuamed

Anticorrupción sospecha de seis obras hidráulicas que suman unos 600 millones de euros

Cuatro trabajadores fueron despedidos por negarse a colaborar en las irregularidades

El juez Eloy Velasco investiga el pago de sobornos (viajes de lujo y otras dádivas) por parte de grandes constructoras a ya ex altos cargos de la firma estatal Aguas de la Cuenca del Mediterráneo (Acuamed) implicados en la llamada Operación Frontino, que hasta ahora se ha saldado con 20 registros y 13 detenciones, entre ellas la del presidente de FCC Construcciones, Miguel Jurado, y del director general de infraestructuras de la firma Acciona, Justo Vicente Pelegrini.

Dos de los directivos de Acuamed que, según las pesquisas, han recibido sobornos a cambio de amañar contratas de obras hídricas y medioambientales y de pagar falsas certificaciones de obras son el hasta ayer director general de esta firma, Arcadio Mateo del Puerto, y su directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco. Además de estos, hay imputados varios trabajadores de esta firma estatal. La cifra total de implicados y testigos en la trama alcanza las 35 personas. Acuamed es el instrumento que utiliza el Gobierno para todas sus actuaciones hídricas y medioambientales en la cuenca mediterránea.

Al menos tres directivos de grandes constructoras españolas están detenidos dentro de la operación dirigida por el juez Eloy Velasco. Uno de ellos es Miguel Jurado, presidente de FCC Construcción. La Guardia Civil también ha arrestado, por orden del magistrado, a Justo Vicente Pelegrini, director general del área de Construcción de Acciona Infraestructuras, y a Nicolás Steegmann, presidente y consejero delegado de Altyum.

La investigación se centra en seis grandes contratos de obras de infraestructuras hidrológicas en el litoral mediterráneo que en total suman unos 600 millones de euros de presupuesto de adjudicación y que Acuamed licitó entre 2006 y 2014, es decir, en legislaturas con Gobiernos socialistas y populares.

Detenidos directivos de constructoras

Muchos de los registros se produjeron en los domicilios de los detenidos, pero también en las sedes de las constructoras. Tanto a Acciona como a FCC se desplazaron agentes de la Guardia Civil por orden del juez. “Nos pidieron datos e información y se los dimos. Seguiremos colaborando”, señaló una portavoz de Acciona.

Con Steegmann se produce un caso de puertas giratorias, puesto que hace años fue directivo de Trasagua (sociedad estatal creada para ejecutar el fallido trasvase del Ebro), la predecesora de la firma pública Acuamed. La constructora de Steegmann, Altec Infraestructuras (actualmente llamada Altyum Proyectos y Obras), consiguió un contrato, vía actuación urgente, para desarrollar el refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable para Campello y Mutxamel (Alicante). La adjudicación se firmó el 11 de junio de 2014 por nueve millones.

Por su parte, Arcado Mateo del Puerto también pasó por las puertas giratorias, pero en sentido contrario. Antes de ser nombrado director general de Acuamed en febrero de 2012 (cuando el máximo responsable del Ministerio de Agricultura era el hoy comisario europeo Miguel Arias Cañete) pasó por varias empresas privadas, entre ellas Acciona. En esa firma, que hoy está en el centro de la Operación Frontino, ocupó el cargo de director de Organización y Control, según el currículum que aún figura en la página web de Acuamed.

Mateo del Puerto es conocido también por ser fundador de Demoscopia y Servicios, una empresa a la que el Partido Popular de Castilla-La Mancha encargaba la elaboración de encuestas electorales. El PSOE de Castilla-La Mancha pidió ayer a la presidenta regional y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que explique la relación que ha tenido con el director general de Acuamed, que fue el "gurú de sus encuestas" demoscópicas.

Otra de las seis grandes obras que están bajo la lupa de Anticorrupción es la descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona, adjudicada a FCC por 155 millones de euros en 2008 pero que finalmente costó 192 millones de euros. La empresa ganó la licitación de Acuamed para retirar casi 300.000 toneladas de lodos tóxicos (con presencia de mercurio, compuestos organoclorados y otros metales pesados) producidos por la química Ercros y depositados en el lecho del río Ebro durante décadas.

El juez sostiene que había connivencias entre Acuamed y directivos de grandes constructoras para amañar contratas y falsear certificaciones de obras en detrimento de las arcas públicas. Por ejemplo, hay obras en las que se aparenta que se han utilizado materiales caros o se han realizado actuaciones que en realidad no se han hecho, o han costado mucho menos que lo que después se certifica y se paga. Solo en certificaciones falsas, el fraude, según fuentes jurídicas, se acerca a los 25 millones de euros.

Desaladoras sospechosas

La investigación se centra asimismo en la mayor fábrica de agua desalada de Europa y una de las infraestructuras más caras gestionadas por Acuamed: la desaladora de Torrevieja, en Alicante. Fue adjudicada a una UTE liderada por Acciona Infraestructuras por 297 millones en 2008. Infilco Española, Pridesa Proyectos y Servicios y Romymar también formaban parte de la unión temporal de empresas que consiguió el contrato para construir la planta, hacer la obra de toma y vertido y las conducciones necesarias para transportar el agua a los puntos de entrega.

Otra de las desaladoras proyectadas dentro del Plan Agua diseñado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tras descartarse el trasvase del Ebro, la de Baja Almanzora, también está sujeta a sospecha. Acuamed la adjudicó por 73 millones de euros (42 para la construcción y 31 para operación y mantenimiento) en agosto de 2006 a una UTE formada por FCC, Befesa y Aqualia. La instalación nunca llegó a funcionar a pleno rendimiento. En 2012 una riada la inutilizó y no ha vuelto a funcionar. FCC pleitea ahora para ver quién debe hacerse cargo de los millones que costaría volver a ponerla en marcha.

Otra “actuación urgente” ha llamado la atención de los investigadores: las obras para el control de avenidas en la cuenca media del río Serpis. Acuamed adjudicó el proyecto por 10,7 millones de euros a la constructora Copisa en 2008. Copisa (Constructora Pirenaica) es una de las principales pagadoras del primogénito de Jordi Pujol: 3,59 millones entre 2008 y 2009. Josep Cornadó, presidente del grupo Copisa, aseguró en noviembre ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat catalana, realizó labores de “intermediación” para que su empresa lograra contratos con otras sociedades.

La sexta de las obras bajo sospecha es la laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera (Valencia y Alicante), con una inversión total de 43 millones de euros. Uno de los principales trabajos se adjudicó a Sogeosa por 34,9 millones de euros en 2009.

El exdirectivo de Acuamed que destapó con su denuncia el escándalo, Francisco Valiente, declaró ayer ante Velasco y volvió a ratificar la denuncia que presentó hace más de un año. El directivo aseguró que en su momento fue conocedor de los delitos que se estaban cometiendo y que no quería ser partícipe de ellos ni resultar involucrado, y que por eso denunció los hechos. Tras hacerlo, fue despedido del cargo.

Cuatro trabajadores fueron despedidos por negarse a colaborar en las irregularidades

El director general de Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas), Arcadio Mateo del Puerto, despidió a cuatro trabajadores por negarse a colaborar en las irregularidades que se investigan en la Operación Frontino que dirige el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Hace algo más de un año, estos cuatro empleados, entre ellos el exdirectivo de Acuamed Francisco Valiente, presentaron unas denuncias en las que revelaban las presiones de Mateo para que participaran en la presunta trama delictiva por las que han sido detenidos el propio Mateo y la directora de Ingeniería y Construcción de Acuamed, María Gabriela Mañueco, según fuentes conocedoras de la investigación. Estas cuatro personas se negaron a participar y denunciaron esas prácticas. 

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