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Testigos implican a la mano derecha de Santamaría en el caso Acuamed

Un subsecretario participó supuestamente en la reunión en la que se pactó una compensación

La Guardia Civil durante los registros. Atlas

Testigos del caso de corrupción en la sociedad pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) han asegurado a los investigadores que el ex secretario de Estado de Medio Ambiente y actual subsecretario de Presidencia, Federico Ramos, participó en la reunión en la que se acordó una compensación irregular de 40 millones de euros a la constructora FCC tras la inundación que obligó a paralizar la desaladora del Bajo Almanzora, en Almería, en 2012. Ramos, colaborador estrecho de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, no está imputado a día de hoy en la trama de sobornos de Acuamed.

Ramos jura su cargo de subsecretario de Presidencia en mayo de 2015.

El caso Frontino de sobornos a altos cargos de la empresa pública Acuamed, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, salpica ya al Gobierno. Funcionarios de Acuamed han declarado ante los investigadores de la Guardia Civil que Federico Ramos, subsecretario de Presidencia en funciones, participó en la reunión en la que la empresa pública acordó hacerse cargo del 40% del coste directo de la puesta en marcha de la desaladora del Bajo Almanzora, dañada por las inundaciones que asolaron Almería en el otoño de 2012. Legalmente, el pago del 100% de este coste de puesta en funcionamiento tras las lluvias catastróficas correspondía a la unión de empresas adjudicataria de la infraestructura, formada por FCC y Abengoa, a través de los seguros que suscribieron.

Federico Ramos fue, hasta mayo de 2015, secretario de Estado de Medio Ambiente y, por razón de ese cargo, ocupaba la presidencia del Consejo de Administración de Acuamed. Abogado del Estado y persona de confianza de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, no está imputado en el caso Frontino. En la reunión con la cúpula de FCC en la que, según los testigos, participó Ramos, entonces subordinado del ministro Miguel Arias Cañete, no solo se llegó a ese acuerdo oneroso para las arcas públicas. Según el juez Velasco, Acuamed, dirigida por Arcadio Mateo, en prisión provisional desde el miércoles pasado, iba a cargar al Estado también el 60% del coste de puesta en marcha de la desaladora almeriense que correspondía a las empresas privadas, un total de 40 millones de euros.

Obras infladas

Directivos de la empresa recibían también regalos en especie, como implantes de pelo o viajes a Turquía, según la investigación

Para ello, Acuamed supuestamente introdujo "modificados ficticios" en los trabajos de descontaminación del pantano de Flix, en Tarragona, una obra también adjudicada a FCC. En esta obra los directivos de Acuamed, con el criterio contrario de los técnicos, certificaron trabajos que en realidad no se realizaron y cometieron otras irregularidades que permitieron elevar el presupuesto en 40 millones, compensando así a FCC por el quebranto que le suponía la desaladora almeriense.

La oposición de distintos trabajadores de Acuamed, alguno de los cuales fue despedido por el equipo de Arcadio Mateo, y la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que ha dado pie al caso Frontino, impidieron la consumación del plan. No obstante, el Ministerio de Medio Ambiente consignó una partida de 36 millones de euros, supuestamente para esta compensación, en los Presupuestos Generales del Estado para 2015, y dos partidas de 8 y 14 millones en las cuentas para el presente 2016. La desaladora del Bajo Almanzora sigue sin funcionar y el consorcio de FCC y Abengoa exige responsabilidades al Estado por valor de 10 millones de euros.

Fuentes cercanas a Federico Ramos circunscriben el caso a una "vendetta interna" entre los trabajadores y directivos de Acuamed. Ramos llegó a la presidencia de esta empresa pública en 2013. Allí ya estaba como director general Arcadio Mateo del Puerto, ahora detenido.

Esta trama de corrupción, que se destapó el lunes, consiste esencialmente en el pago de sobornos a los responsables de la sociedad estatal a cambio de beneficios para las empresas privadas mediante certificaciones falsas. En el domicilio de Arcadio Mateo, que entre otras dádivas recibió un viaje a Turquía para hacerse un injerto capilar, se hallaron 120.000 euros en billetes de 500 escondidos en las páginas de varios libros. Las denuncias de irregularidades llegaron en 2014 al consejo de administración de Acuamed de la mano de un exdirectivo. Pero este órgano encargó varios informes jurídicos en los que no se apreciaba trascendencia penal de los hechos relatados.

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