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El PP impone la cadena perpetua en el Código Penal ante el rechazo general

El Congreso aprueba el nuevo Código Penal que endurece las penas para los corruptos

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Jorge Fernández y Rafael Catalá, en el Congreso.

El PP ha sacado adelante este miércoles en solitario en el pleno del Congreso la reforma del Código Penal, que, entre otras novedades, incluirá la prisión permanente revisable. Esta nueva pena, que es en la práctica una cadena perpetua, supone que para delitos graves se revise el cumplimiento a los 25 o 35 años, pero que sea posible el internamiento de por vida.

El pleno ha aprobado el proyecto que pasará ahora al Senado. Si se introdujeran nuevas enmiendas volverá al Congreso para que esté definitivamente aprobado antes de verano, para que entre en vigor en 2016. Obviamente, solo es aplicable a delitos cometidos a partir de ese momento, salvo que las penas sean más favorables a los reos.

Para Emilio Olabarría (PNV) la tramitación "ha sido paranormal".

Es la primera vez que un solo partido aprueba en solitario una ley tan importante y con un cambio de enfoque penal y de innovación de penas tan notable. El PP tiene mayoría suficiente para sacarlo adelante, pero no ha logrado apoyos políticos a su propuesta. "¿No les provoca ninguna duda que todos los demás grupos y los expertos lo rechacen?", le ha preguntado Rosa Díez (UPyD) al PP desde la tribuna para poner en evidencia la ausencia de consenso.

Leopoldo Barreda (PP) ha defendido en solitario el texto con el argumento de que "es imprescindible y responde a las demandas de los ciudadanos" y ha culpado al resto de grupos, sobre todo al PSOE, de la ausencia de consenso por su "oposición destructiva" y porque "tienen mucha cara".

Fue impulsado por el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y, tras quedar varado, ha sido desatascado con cambios por su sucesor, Rafael Catalá. El actual ministro ha tomado la palabra al final del debate para defender el texto.

"Muerto el Estado social, viva el Estado penal; muerto el consenso social, viva el código del PP en precampaña electoral que amordaza la protesta social con el populismo penal de la cadena perpetua", ha proclamado el portavoz de IU, Gaspar Llamazares.

"Esta reforma es innecesaria, es un paso atrás en el sistema de derechos y libertades y se basa en populismo punitivo", ha asegurado el socialista Julio Villarrubia, quien ha recordado que la reforma del Código de 2010 salió adelante con el voto a favor de todos los grupos y la abstención en el último momento del PP. Esa abstención la motivaron los populares entonces, precisamente, por la no inclusión de la cadena perpetua.

La pena de prisión permanente estaba en el programa electoral del PP, pero ha sido cuestionada por todos los grupos y por expertos que han comparecido en la Cámara. Se incluyen entre los críticos la nueva fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, propuesta por el PP y que en el Congreso explicó recientemente que el Código español es de los más duros.

Hoy mismo más de 60 catedráticos de Derecho Penal de 33 universidades públicas, Greenpeace y Amnistía Internacional han hecho públicos manifiestos en contra del nuevo Código.

Sostienen los grupos críticos que en 2010 ya se estableció un cumplimiento efectivo de hasta 40 años sin revisión posible para delitos muy graves que, en la práctica, puede ser hasta más dura que la cadena perpetua.

Explican que las condiciones de revisión son tan duras que convierten la etiqueta de prisión permanente revisable en un eufemismo de la cadena perpetua efectiva. "Es permanente, pero no revisable", han asegurado varios portavoces de la oposición.

"Es una cadena perpetua que puede vulnerar la Constitución, el principio de seguridad jurídica y los convenios contra tratos inhumanos y degradantes y por eso estamos en contra", ha remachado Montserrat Surroca (CiU), para quien "la tramitación ha sido un atropello".

Por eso, los grupos han cuestionado que se acabe con el principio constitucional de la reinserción.

Por contra, para el portavoz del PP, "es falaz" esa crítica y lo que se hace es equipararse a otros países de la Unión Europea que ya tienen incorporada esa cadena perpetua a sus sistemas penales.

En la tramitación solo ha conseguido la oposición que el PP se apee de la propuesta inicial de establecer medidas de vigilancia e internamiento permanentes posteriores a la condena para casos extremos.

Otro de los asuntos polémicos y rechazado por los grupos es el de la supresión de las faltas del Código Penal. Estas conductas pasarán a ser delitos menos graves o sanciones administrativas en la ley de seguridad ciudadana.

Del proyecto de Código ha sido extraído el capítulo de terrorismo que se negociará aparte en busca de un acuerdo. PP y PSOE ya pactaron buscar enmiendas conjuntas frente al yihadismo y el resto de grupos ha sido convocado para el jueves para buscar un acuerdo.

Se da la circunstancia de que, como pone de manifiesto el diputado de IU Gaspar Llamazares, la tramitación por parte del Gobierno se ha hecho con una cierta precipitación final tras tener parado el texto más de un año en la Cortes. Por eso, por ejemplo, el proyecto que se aprueba este miércoles contiene un proceso de decomiso de efectos procedentes de delitos que es contradictorio con el establecido en el anteproyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal que aprobó el Gobierno y que está en fase de informes.

El proyecto de ley de Código Penal modifica también los capítulos referidos a delitos vinculados a corrupción. Se aumentan las penas, se elevan los plazos de prescripción y, por primera vez, se tipifica el delito de financiación ilegal de los partidos políticos. También se aplica ahora la responsabilidad de las personas jurídicas a partidos y sindicatos y se crea la Oficina de Gestión de Activos para los bienes decomisados.

No obstante, algunos portavoces como Rosa Díez (UPyD) entienden que al no aceptar sus enmiendas, el texto se queda a medio camino y no ataja todos los supuestos de corrupción. Por ejemplo, al no tipificar el enriquecimiento ilícito.

El proyecto de Código Penal aprobado incluye una disposición que, por primera vez, obliga al Gobierno a informar cada seis meses al Parlamento de los indultos concedidos y denegados. También se tipifican nuevas conductas como la zoofilia, el matrimonio forzado, hostigamiento o acecho, divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas obtenidas con la anuencia de la persona afectada, y manipulación del funcionamiento de los dispositivos de control utilizados para vigilar el cumplimiento de penas y medidas cautelares o de seguridad en materia de violencia de género.

Se eleva a 16 años la edad de consentimiento para las relaciones sexuales.

También este miércoles mismo el pleno aprobará la nueva ley de partidos que establece nuevos controles. Este texto solo tuvo apoyo de los partidos nacionalistas y la abstención del PSOE.

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