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El Gobierno elige a Consuelo Madrigal como fiscal general del Estado

La fiscal, actualmente al frente de la Fiscalía de Menores, sustituirá a Torres-Dulce

Será la primera mujer en ese puesto

Consuelo Madrigal, a la izquierda, en una reunión con la fiscal delegada para la protección de las Víctimas de Delitos, en 2008.

El Gobierno ha optado por una mujer, conservadora y de marcado perfil profesional para sustituir al dimitido Eduardo Torres-Dulce al frente de la Fiscalía General del Estado. Consuelo Madrigal, hasta ahora fiscal coordinadora de menores, será desde el 10 de enero la fiscal general del Estado, según ha anunciado el Ejecutivo. Será la primera mujer en ocupar este cargo en la historia española. Antes tendrá que emitir informe el Consejo General del Poder Judicial y someterse el 8 de enero al examen en la Comisión de Justicia del Congreso. El nombre de Madrigal fue sugerido, entre otros, por los dos últimos fiscales generales, Torres-Dulce y Cándido Conde-Pumpido, y asumido por el Ejecutivo.

 Su perfil es estrictamente profesional para salir de la crisis política creada por la dimisión de Torres-Dulce, después de una larga cadena de desencuentros con el Gobierno. Al ruido político generado por la renuncia al frente de una de las instituciones clave del Estado, respondió con la propuesta técnica el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Militante antiaborto

En 2004, Cándido Conde-Pumpido era magistrado del Tribunal Supremo y le tocó participar como tal en la revisión de la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga sobre la privatización de la empresa textil Intelhorce. Escuchó a una fiscal defender brillantemente el recurso en el alto tribunal hasta conseguir que se elevaran las penas y se condenaran a alguno de los absueltos antes, incluyendo a alguno de los cargos públicos inicialmente procesados. Se quedó con el nombre de Consuelo Madrigal Martínez-Pereda por su capacidad técnica y cuando fue designado fiscal general del Estado la designó fiscal coordinadora de menores.

Desde entonces, Madrigal (Segovia, 1956) coordina a más de 200 fiscales y, además, su especialidad es la única que instruye los procesos, lo que exige mayor capacidad técnica.

Casada con un magistrado y familia de juristas, la próxima fiscal general se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1978 con calificación de sobresaliente. Sus compañeros la definen como sensata, con sentido común, reflexiva y buena jurista. Es de perfil conservador. En 2008 firmó un manifiesto de “Mujeres contra el aborto”, en el que se expresaba la “indignación por los hechos que suceden en las clínicas acreditadas en España para la práctica del aborto, cuya difusión nos ha conmocionado, y proponer una serie de medidas que permitan superar esa forma de violencia contra la mujer que es el aborto incontrolado que existe de hecho en nuestro país”.

Añadía que “la percepción errónea del aborto como un derecho garantizado por los poderes públicos (y no como un ilícito penal), el fraude generalizado en su práctica y la falta de información sobre riesgos y alternativas, hace que el número de abortos crezca año tras año”.

Lleva en la carrera fiscal desde 1980 con el número tres de su promoción. Su primer destino fue en la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, donde ejerció de enero de 1981 a noviembre de 1982; pasó a teniente fiscal de Palencia hasta mayo de 1984; y en la Fiscalía de Madrid hasta 1990. Hasta 1993, estuvo en el Tribunal de Cuentas, de donde pasó a la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Para bajar también la temperatura política por la renuncia, la vicepresidenta y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, se aferró, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a dos argumentos de los que no se movió: la dimisión solo obedece a motivos personales y, además, la futura Fiscal General del Estado tiene un largo currículo profesional.

“Su trayectoria es absolutamente irreprochable”, dijo la número dos del Gobierno, al tiempo que insistió en que Torres-Dulce dimitió “en el ejercicio de la autonomía que caracteriza el propio funcionamiento de la fiscalía en nuestro país”. Además, negó presiones a la institución.

Madrigal no pertenece a ninguna asociación de fiscales, pero es considerada como una persona conservadora. Recientemente optó al cargo de teniente fiscal pero, finalmente, fue Luis Navajas quien logró el apoyo de la mayoría del Consejo Fiscal para el cargo. El mandato del Fiscal General termina al tiempo que el del Gobierno, por lo que, en principio, deberá cesar dentro de un año, tras las elecciones generales. No obstante, si el PP volviera a ganar las elecciones tendría la posibilidad de renovarla en el cargo.

La Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) consideraron acertada la designación. El portavoz de la conservadora y mayoritaria AF, Emilio Frías, destacó su “trayectoria intachable tras muchos años en el Tribunal Supremo y como fiscal de Sala” y el hecho de ser una gran conocedora del Derecho Penal. Y el presidente de la progresista UPF, Álvaro García Ortiz, destacó que se trata de una fiscal de contrastada trayectoria que será bien recibida por la Carrera.