El pacto busca legalizar la lucha preventiva contra el yihadismo
El PSOE y el PP abren el acuerdo a otros grupos, que cuestionan su gestación Los socialistas consideran mala la redacción de las enmiendas del Gobierno
El Gobierno y el PSOE comparten la filosofía y los objetivos de la reforma penal contra el yihadismo, pero los socialistas rechazan el texto presentado por el PP en el Congreso para reformar el Código Penal. El trabajo de los próximos días para concretar el primer pacto de Estado de la etapa de Pedro Sánchez al frente del PSOE será una nueva redacción de los tipos penales sobre terrorismo internacional, el principal punto de discrepancia.
El objetivo compartido es tipificar de manera preventiva conductas de terroristas al margen de bandas armadas (los lobos solitarios), penalizar el adiestramiento y evitar la actuación de los retornados, es decir, de quienes han guerreado o entrenado en lugares como Yemen o Siria a las órdenes de Al Qaeda o del Estado Islámico. Esas propuestas estaban en 12 enmiendas que presentó el PP al Código Penal y que inicialmente el Gobierno quería tramitar en solitario y de forma rápida.
Puntos rechazados
- Definición de terrorismo. "Se consideran delitos de terrorismo la comisión de cualquiera de los delitos de aborto". "Contra el orden público". "Alterar gravemente de cualquier otro modo la paz social". "Alterar gravemente el funcionamiento de las estructuras básicas políticas, constitucionales, económicas o sociales".
- Colaboración "Serán castigados con pena de prisión de ocho a 15 años cuando los hechos se cometan por quienes colaboren con un individuo que haya mostrado su disposición a cometer alguno de los delitos del artículo 571 (terrorismo) o haya iniciado preparativos".
- Internet. "Será castigado con una pena de prisión de uno a ocho años quien consulte habitualmente uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su contenido, resulten idóneos para incitar a otros o reforzar la decisión adoptada de incorporarse a una organización o grupo terrorista, a un grupo que conspirase para cometer alguno de los delitos del artículo 571 o que hubiera iniciado preparativos para ello o de colaborar con cualquiera de ellos o con sus fines".
- Adiestramiento en el extranjero. "Quien se traslade o establezca en el extranjero en un territorio controlado por un grupo u organización terrorista" siempre que colabore o contacte con ese grupo.
A propuesta de los socialistas, el PP ha aceptado sacar del Código Penal ese apartado y negociar su contenido. El ministro del Interior, Jorge Fernández, admite deficiencias en la redacción y, por tanto, la necesidad de matizar y perfilar con la oposición. El acuerdo está abierto al resto de partidos —los populares quieren incluso presentárselo a Podemos y Ciudadanos—, aunque todos protestaron este miércoles porque se haya gestado inicialmente entre PP y PSOE. “Es una chapuza para hacerse una foto propagandista”, dijo Rosa Díez (UPyD). “El acuerdo nace cojo de participantes y nos lo dan precocinado”, aseguró Ricardo Sixto (IU). “Al Gobierno y al PSOE les faltan reflejos democráticos”, remachó Josep Antoni Duran (CiU).
Populares y socialistas recuerdan que todos los pactos antiterroristas de la democracia han nacido de un primer acuerdo entre los dos grandes partidos al que luego se han sumado otros. Gobierno y PSOE quieren que el acuerdo esté cerrado a final de este mes. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, mostró en Atenas su satisfacción por el pacto. Mientras, el líder socialista, Pedro Sánchez, aseguró en Washington que “la mejor respuesta al terrorismo yihadista es la unidad de todos los demócratas”.
Por el momento, el PSOE asegura que la propuesta del PP que servirá de base está llena de términos indeterminados e imprecisos y, según su portavoz, Antonio Hernando, en “derecho penal todo tiene que ser blanco o negro. Hay que proporcionar seguridad y garantías”. Como ejemplos de mala redacción de las enmiendas del PP, una de ellas cita el aborto como un delito de terrorismo. Lo que quiere decir es que es delito de terrorismo el que un atentado pueda causar un aborto. Pero tal y como está redactado el PSOE entiende que se incluye erróneamente la interrupción del embarazo. Otro ejemplo es que habla de “alterar la paz social”, lo que puede aplicarse a huelgas o manifestaciones.
El caso más evidente es el de la penalización del “consumo habitual” de webs vinculadas a grupos terroristas. Hasta el ministro del Interior admite en este punto que se ha copiado la redacción de directivas internacionales y que es preciso establecer una causalidad, una diferencia entre la consulta (de periodistas o investigadores, por ejemplo) y el uso para el reclutamiento para actividades terroristas o el adiestramiento.
El PSOE también objeta la imprecisión de las enmiendas para tipificar la colaboración con terroristas, porque no se establece ninguna exigencia de voluntariedad o conocimiento de los fines perseguidos por la persona con la que se colabora. En todo caso, socialistas y populares coinciden en que no se trata de legislar en caliente tras los atentados de París. Y para ello alegan que se presentaron enmiendas a principios de diciembre y la reforma del Código Penal lleva en marcha desde septiembre de 2013, que llegó a las Cortes.
Los socialistas, además, se esfuerzan en desligar el acuerdo de cualquier otro pacto global. Este jueves, la Comisión de Justicia del Congreso dictaminará el resto de la reforma del Código Penal solo con los votos del PP, con medidas como la prisión permanente revisable o la supresión de las faltas para convertirlas en delitos menos graves.
Recelo en Amnistía Internacional
Amnistía Internacional (AI) sigue con interés la evolución de la reforma del Código Penal y su preocupación y recelo iniciales han aumentado en las últimas horas. Sus portavoces aguardan al resultado final de la redacción sobre las nuevas normas antiterroristas que pacten PP, PSOE y otras fuerzas, aunque les parece excesivamente amplio el alcance del concepto de terrorismo.
Sus propias enmiendas se harán llegar a todos los grupos parlamentarios, aunque, de entrada, se oponen a que pueda ser considerado terrorismo algunas formas de protesta o de convocatoria de actos públicos. “Los delitos de terrorismo son muy graves y por tanto deben estar bien tipificados, porque en este terreno vaguedad e imprecisión podrían llevar a sancionar la protesta, así como comportamientos pacíficos que no tienen naturaleza terrorista”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. No quiere decir AI que algunos comportamientos no deban ser delito, pero no deberían ser catalogados como terrorismo “si no reúnen los requisitos que indican las normas del Derecho Internacional”.
Aunque la novedad está en la nueva tipificación sobre delitos de terrorismo, esta organización internacional sigue de cerca, y ya lo denuncia, la reforma del Código Penal para casos de desórdenes públicos “si se producen en el contexto de las manifestaciones”. El nuevo texto endurece las condenas en casos como “la resistencia pacífica a la autoridad”, como puede ser una sentada, con penas incluso privativas de libertad.
