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El PP se aferra a la prisión permanente frente a la oposición

La nueva pena, aprobada este jueves, supone un escollo para el pacto antiterrorista

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Alfredo Prada, y la vicepresidenta segunda, Soraya Rodríguez, antes del inicio del debate, este jueves. Ampliar foto
El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Alfredo Prada, y la vicepresidenta segunda, Soraya Rodríguez, antes del inicio del debate, este jueves. EFE

El PP se ha aferrado este jueves a la prisión permanente revisable y ha sacado adelante sin consenso la nueva pena en la Comisión de Justicia del Congreso. Los populares se quedaron solos aprobando esta nueva pena frente a todos los demás grupos, que la consideraron innecesaria y un sucedáneo de la cadena perpetua. Incluso la nueva fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, había asegurado la pasada semana en el Congreso estar en contra, como antes lo estuvieron la mayoría de los expertos que comparecieron en la Cámara para hablar del proyecto. Pero el PP lo defendió porque, según su portavoz de Justicia, José Miguel Castillo, solo es rechazado por “motivos de oportunismo político”.

Esta pena supone que en delitos muy graves la prisión se revisa a los 25 o 35 años y, si no se cumplen los exigentes requisitos de libertad, se mantiene el encarcelamiento de por vida. Los grupos de la oposición argumentan que se trata de una cadena perpetua en la práctica y la consideran innecesaria porque en la última reforma del Código Penal ya se establecieron 40 años de pena efectiva sin remisión de condena y con posibilidad de medidas de control posterior para casos sin posible reinserción.

La medida, además, supone un escollo para alcanzar el pacto contra el terrorismo que negocian estos días el Gobierno y el PP con el resto de partidos. Algunos delitos de terrorismo tendrán como condena la prisión permanente revisable y, por tanto, si el PSOE quiere seguir adelante con el pacto deberá votar en el futuro enmiendas que se remiten a esa nueva pena. Para cerrar el acuerdo, los socialistas tendrán que pasar por encima de ese detalle.

El proyecto de Código Penal será dictaminado este viernes en la Comisión de Justicia para que se apruebe la próxima semana en el pleno. Se ha sacado de esa tramitación todo el capítulo de terrorismo, en busca de ese acuerdo entre los partidos.

La oposición afirma que el Código español es uno de los más duros de Europa, por lo que no es necesario endurecerlo aún más

Todos los grupos de la oposición pusieron de manifiesto que el Código español ya es uno de los más duros de Europa, por lo que no es necesario endurecerlo aún más. El socialista Julio Villarrubia habló de “populismo punitivo”, lamentó que se apruebe sin consenso y frente a todos y destacó que España es el país de Europa con mayor índice de población reclusa, pese a ser el cuarto con menor tasa de delincuencia. Joan Tardà (ERC) habló de “discurso populista” del Gobierno, de “retroceso de las libertades” y de “proyecto clasista”.

Rosa Díez (UPyD), Ricardo Sixto (IU) y Antoni Picó (CiU) aseguraron que el texto final es fruto de “una demanda mediática” y coincidieron en que el problema del derecho penal español no tiene que ver con la dureza de las penas, sino con la falta de medios o ausencia de reforma procesal. Todos criticaron también la supresión de las faltas que pasarán a ser delitos menos graves o sanciones administrativas con multas solo recurribles a posteriori en la Ley de Seguridad Ciudadana.

El texto, que entrará en vigor en los próximos meses, eleva de 13 a 16 años la edad mínima de consentimiento sexual, y aumenta también las penas para los delitos de corrupción. En este último apartado tipifica, por primera vez, el delito de financiación ilegal de los partidos y establece la responsabilidad penal de los partidos y sindicatos como personas jurídicas. Es decir, según las acusaciones formuladas por el juez Pablo Ruz, si este texto que está a punto de aprobarse, hubiera estado en vigor entonces, los miembros de la cúpula del PP serían responsables de varios delitos, incluido el de financiación ilegal.

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