Los 18 hitos en el caso de la Infanta
Cristina de Borbón irá al banquillo por dos delitos de defraudación fiscal
Imputada en dos ocasiones en menos de un año, la infanta Cristina se enfrentaba a la acusación por dos delitos: blanqueo de capitales y fraude fiscal. La hermana mayor del rey Felipe VI unió su vida a la de Iñaki Urdangarin el 4 de octubre de 1997 y hoy —17 años después— los negocios que tenía con su marido la llevan a la Audiencia de Palma. El tribunal ha decidido mantener solo la acusación por delito fiscal en el caso Nóos al resolver los recursos presentados al auto con el que el juez José Castro finalizó la instrucción de esta causa. Es posible que el juicio se celebre en un año o año y medio. Esta es una cronología con los hechos más relevantes en el proceso de imputación de la hija menor de don Juan Carlos y doña Sofía:
2013
3 de abril: la primera imputación
El juez Castro —que instruye el caso Nóos por apropiación indebida de fondos públicos por parte de Urdangarin y Diego Torres, su exsocio— cita a la Infanta como imputada, la primera en la historia de un miembro directo de la familia real. Se trata del mismo magistrado que ya se había negado a imputarla en 2012. Ha cambiado de opinión y ahora considera que existen indicios de que ha cooperado con su marido en delitos fiscales, de fraude a la Administración y malversación de caudales públicos. Cristina de Borbón debe acudir a declarar el 27 de abril en los juzgados de Palma de Mallorca, como copropietaria de la empresa Aizoon y directiva del Instituto Nóos, que presidía su marido. El fiscal Pedro Horrach anuncia que presentará recurso de apelación contra el auto de imputación porque considera que no hay indicios suficientes.
5 de abril: se suspende la citación
El magistrado suspende la citación hasta que la Audiencia Provincial decida sobre el recurso del fiscal. Esta fue una de las peticiones que había realizado Horrach en el texto que registró contra la imputación. En el recurso, de 20 folios, el fiscal Horrach asegura que no ve en los 41.000 folios de la causa "elemento ni indicio probatorio alguno" ni hechos que impliquen que Cristina de Borbón tuviera "un mínimo conocimiento de la presunta actividad delictiva de su marido".
16 de abril: la defensa pide la anulación
La defensa de la Infanta —los letrados Miquel Roca y Jesús Silva— reclama que se anule su imputación y la validez del auto del juez Castro porque, según exponen, "no imputa ningún hecho que pueda constituir una infracción penal". Los abogados señalan, además, que "no tiene sentido" un encausamiento que augura "nulas posibilidades de prosperar", sin que las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado hayan formulado acción alguna.
25 de abril: las declaraciones de renta
La infanta se niega a que la Agencia Tributaria entregue al juez sus diez últimas declaraciones de la renta porque considera que supone "una injerencia al derecho fundamental a su intimidad". El instructor había solicitado esta documentación el pasado 18 de abril.
7 de mayo: llega la exculpación
La Audiencia de Palma de Mallorca exculpa a la Infanta y deja en suspenso su imputación por cooperación o complicidad con el delito presuntamente cometido por su marido, al considerar que no existen indicios de que conociera que los negocios de Urdangarin eran ilegales. Sin embargo, el mismo auto judicial abre la vía para reactivar la imputación por delito fiscal. La Audiencia le dice al juez Castro que pida aclaraciones a la Agencia Tributaria sobre la participación de la Infanta en los beneficios conseguidos por la sociedad Aizoon, propiedad de ella y su marido al 50%. Aizoon, según la Agencia Tributaria, era una "sociedad pantalla con finalidad defraudatoria" a la que llegaban muchos de los beneficios ilegales conseguidos por Urdangarin a través del Instituto Nóos.
24 de mayo: empieza otra indagación
El juez Castro pide a la Agencia Tributaria una exhaustiva indagación sobre los supuestos delitos fiscales y de blanqueo de capitales en las actividades de la Infanta. La cuestión "no queda cerrada, de momento", indica Castro. El juez "asume" y "sin reservas" la invitación de la Audiencia para profundizar en la eventual defraudación mediante compras, obras e inversiones en bienes de la Infanta con fondos de origen irregular. La Infanta técnicamente está siendo investigada, pero su imputación sigue en suspenso.
29 de mayo: una década de actividad
La Agencia Tributaria debe examinar, por orden del juez, todos los datos de la actividad económica de la Infanta entre 2002 y 2012. El magistrado ordena a Hacienda investigar declaraciones de renta, bienes, fondos, cuentas e, incluso, los posibles fondos derivados a países fiscalmente opacos por empresas de la trama de Nóos.
15 de junio: el enredo de las fincas
La Agencia Tributaria entrega al juez un informe en el que se atribuye a la Infanta la venta, entre 2005 y 2006, de 13 propiedades inmobiliarias en Alicante, Ciudad Real y Barcelona, que —según esos datos— le habrían reportado 1,4 millones de euros en ingresos. Ella desmiente esta información. Los propietarios de los bienes, también. Hacienda emite, entonces, un comunicado en el que atribuye el enredo de las fincas a un error con el DNI de la Infanta. También responsabiliza a los notarios, que admiten parcialmente el error. El magistrado, molesto por el fallo, decide abrir una nueva línea de investigación aclaratoria y reclama información a los cuatro registros de la propiedad donde se escrituraron las supuestas ventas.
9 de octubre: el dinero de Aizoon
El juez Castro halla 150.000 euros de Aizoon en una cuenta que supuestamente usó la Infanta. El magistrado determina, además, que pagó comidas, flores y ropa de niños con la Visa Oro de la compañía. Los duques de Palma facturaron, a través de la sociedad compartida, multitud de gastos personales como si fueran de empresa: viajes a África, productos gourmet, carburante, libros de Harry Potter y hasta suscripciones a revistas, según el magistrado.
14 de noviembre: el fiscal se adelanta
El fiscal Horrach registra un escrito en el juzgado de Palma en el que sostiene que no existen indicios de delito en la actuación de la Infanta en relación con los negocios de su marido y que, por tanto, no procede su imputación. En la práctica, el fiscal anticorrupción —que ya había recurrido la primera imputación de Cristina de Borbón— la exculpa antes de que el juez Castro decida si la imputa o no.
9 de diciembre: se cierra la investigación
El juez Castro da por cerrada la investigación sobre la economía particular de la Infanta y, de nuevo, abre la incógnita sobre su eventual imputación. El magistrado solo tiene dos salidas: archivar esas diligencias o dictar un nuevo auto para citarla a declarar.
2014
7 de enero: la segunda imputación
El magistrado cita a la Infanta como imputada para interrogarla sobre los supuestos delitos fiscales y de blanqueo de capitales en que "hubiera podido incurrir a raíz de su participación en la entidad Aizoon". A la empresa fueron a parar muchos de los fondos que supuestamente obtuvo el marido de Cristina de Borbón de manera ilícita. Para el juez, de esos fondos se aprovechó no solo Urdangarin, sino también su mujer. "Los delitos contra la Hacienda pública que se imputan a Iñaki Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa por mucho que, de cara a terceros, mantuviera una actitud propia de quien mira a otro lado", escribe el juez en el auto de 227 páginas.
20 de febrero: la Infanta declara
En su intervención ante el juez José Castro, que dura seis horas y media, Cristina de Borbón se escuda en la ignorancia y la desmemoria —usa evasivas más de 533 veces al responder a 400 preguntas— para declararse ajena a los negocios y actividades bajo sospecha de su marido. "Yo no he intervenido en nada", asegura. Durante el interrogatorio niega que asistiese a reuniones de Aizoon. "No me enteraba de nada. No sé los detalles", insiste.
25 de junio: el envío a juicio
El juez Castro decide enviar a juicio a la Infanta en calidad imputada por los delitos de fraude fiscal y blanqueo. Según el magistrado, se benefició de los negocios ilegales de su marido, cuyos ingresos iban a Aizoon. Castro considera en su auto —de 167 páginas, en las que resume tres años de investigación— que existen "sobrados indicios de que doña Cristina ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50% del capital social, de los fondos ilícitamente ingresados en Aizoon", una empresa pantalla que "no era una sencilla y entrañable sociedad familiar".
26 de junio: el fiscal se opone
El fiscal Horrach presenta en el juzgado de Palma un recurso contra la decisión de Castro de mantener la imputación de la Infanta. "Seguimos sin saber qué concretos delitos y hechos pueden imputarse a Cristina de Borbón". El fiscal considera que el juez maneja datos equívocos "para construir unos hechos con apariencia delictiva". Horrach recibe el apoyo del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, por su actuación "coherente" en el caso Nóos.
9 de septiembre: en manos de la Audiencia
Castro eleva a la Audiencia Provincial de Palma los recursos de apelación que los imputados y las acusaciones han presentado al auto. La sección segunda de la Audiencia es, desde entonces, la encargada de decidir si mantiene la imputación de la Infanta.
4 de noviembre: el futuro de la Infanta
La Audiencia de Palma pone fecha a la reunión donde anunciará si ratifica o anula la imputación de la infanta. Los magistrados Diego Gómez-Reino, que actúa como ponente, Mónica de la Serna y Juan Jiménez tienen en sus manos confirmar la postura del juez, que ha mantenido su imputación y quiere que sea juzgada con su marido.
7 de noviembre: imputada por delito fiscal
La Audiencia de Palma ha decidido mantener la imputación por dos delitos fiscales, pero no por blanqueo de capitales. Así, Cristina de Borbón será juzgada junto a su marido por el caso Nóos si no se le aplica la doctrina Botín, que le libraría de sentarse en el banquillo.
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