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El juez José Castro, que instruye el caso Nóos por apropiación indebida de fondos públicos por parte de Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, y su exsocio Diego Torres, ha citado como imputada a la infanta Cristina. La hija del Rey, la ciudadana Cristina Federica de Borbón y Grecia, debe acudir a declarar el 27 de abril en los juzgados de Palma de Mallorca, como copropietaria de Aizóon y directiva de Nóos. El fiscal Pedro Horrach ya ha anunciado que presentará recurso de apelación contra el auto de imputación de la Infanta, según han confirmado fuentes de la Fiscalía Anticorrupción en Baleares. Horrach, al contrario que el juez José Castro, cree no hay indicios suficientes

Inicialmente esta citación, declarada de oficio por el juez sin petición de parte, no está apoyada por la Fiscalía. El juez razona en 18 folios los motivos por los que imputa a la hija del Rey: "Todo parece indicar que estaba consensuado que la única función de doña Cristina y don Carlos García Revenga era la de una utilitarista figuración".

Además, agrega, la Infanta prestaba su consentimiento a que se utilizara "su nombre, tratamiento y cargo" e incluso al hecho de que ella fuera socia copartícipe, junto a Urdangarin, de la entidad mercantil Aizóon. El magistrado dice en su auto: "No se acaba de entender que el Rey no comente con su hija las críticas que había hecho llegar a su marido"

Por eso, el juez agrega: "Surgen una serie de indicios que hacen dudar" de que [la Infanta] desconociera que su esposo la utilizaba como vocal en el ámbito de influencia de Nóos. "Conviene despejar en cualquiera de los sentidos, antes de finalizar la instrucción de esta pieza, la incógnita", señala el juez. El objetivo, agrega, es que no se perpetúe la duda con un cierre en falso de la investigación. Y, sobre todo, escribe Castro en coincidencia con el Rey en su mensaje navideño: "Evitar el descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos".

Un portavoz de la Casa del Rey, cuestionado sobre la imputación de la Infanta, declaró en un primer momento: “No comentamos decisiones judiciales”, informa Natalia Junquera. Más adelante expresó su sorpresa "por el cambio de criterio del juez" y su "absoluta conformidad por el recurso del fiscal"


La decisión judicial se produce después de la séptima remesa de correos electronicos aportados por el exsocio del yerno del Rey, Diego Torres, con los que este trataba de demostrar que don Juan Carlos conocía y apoyó los negocios del duque de Palma. Urdangarin trató sin éxito que estos mensajes fueran apartados de la causa, pero el magistrado lo desestimó ayer.

Torres, enfrentado con Urdangarin desde que se abrió la causa judicial contra ambos, lleva casi un año facilitando al juzgado una serie de correos electrónicos que buscan demostrar que la infanta Cristina estaba involucrada en el negocio del Instituto Nóos. Esta estrategia, puesta en marcha el 12 de abril de 2012, ha consistido en facilitar al juez, de manera dosificada, cientos de correos electrónicos que sacó de los ordenadores de la empresa que compartía con Urdangarin.

Entre los documentos facilitados al juzgado por Torres figura un correo electrónico fechado el jueves, 20 de febrero de 2003, cuando su proyecto empresarial empezaba a caminar. En ese correo electrónico, el duque de Palma se dirige a su esposa y le explica: “Aprovecho que estás conectada para enviarte una comunicación de Nóos que tengo pensado enviar. Hay dos versiones. Clientes, colaboradores y amigos. Léelo y dime que piensas please…Ciao”.

Hasta ahora, el magistrado y la Fiscalía había rechazado imputar a la Infanta porque, aunque formó parte de la junta directiva del Instituto Nóos no había participado en la toma de decisiones. Torres lleva casi un año entregando correos electrónicos para demostrar lo contrario.

Nóos era un instituto sin ánimo de lucro creado en 1999 que empezó a tener actividad en 2003, cuando Urdangarin fue nombrado presidente del mismo. Bajo la apariencia de una entidad sin ánimo de lucro, Nóos logró contratos millonarios de los Gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana, ambos en manos del PP. Esos contratos fueron adjudicados a dedo y nadie controló que el dinero público adjudicado se correspondía con lo realmente gastado, según la investigación judicial. Gran parte de los casi seis millones de euros que Nóos consiguió de las administraciones públicas entre 2004 y 2006 acabó en la caja de empresas privadas con ánimo de lucro que eran propiedad de Urdangarin y de su socio, Diego Torres.

Cuando se hizo cargo del Instituto Nóos, el propio duque de Palma hizo partícipe de su nueva aventura empresarial a decenas de personas en un correo electrónico, incorporado a la causa judicial y que también envió al Rey Juan Carlos, a la Reina y al secretario de la Infanta.

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