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El juez del corta y pega

El magistrado del caso Invercaria copia los argumentos del fiscal y elude el criterio propio

El magistrado Juan Gutiérrez Casillas, esta semana en los juzgados sevillanos.
El magistrado Juan Gutiérrez Casillas, esta semana en los juzgados sevillanos.

“Esta Fiscalía especial entiende que la pericia no resulta pertinente, necesaria ni posible de realizar por los peritos judiciales (…) Que la falta de viabilidad técnica y económica del proyecto FIVA causó un perjuicio a Novasoft es algo que no es objeto de discusión por esta fiscalía”. Estas frases pasarían desapercibidas entre el tedio de la burocracia judicial si el autor no fuera el juez Juan Gutiérrez Casillas, cuya costumbre por asumir los argumentos del fiscal mediante el corta y pega le ha jugado malas pasadas, como en su auto del pasado 21 de febrero.

El magistrado que dirige el Juzgado 16 de Instrucción de Sevilla lleva al extremo un hábito que ciertos órganos judiciales plasman en sus resoluciones para ganar agilidad, pero que alberga el peligro de la falta de motivación, cuando por ejemplo no se detallan las razones que motivan el procesamiento de un acusado. Y es que el investigado debe conocer qué estima punible el juez, no solo el fiscal, que es una parte más del proceso.

Gutiérrez, como instructor del caso Invercaria, una macrocausa con 31 piezas y decenas de ex altos cargos de la Junta de Andalucía y empresarios imputados por las inversiones de una sociedad pública de capital riesgo, ha despachado recursos con un párrafo estándar para sus razonamientos jurídicos, además de un corta y pega sistemático para asumir las conclusiones del ministerio público. “Siempre puede entenderse falta de motivación, pero yo entiendo que mis autos sí son motivados y bajo mi punto de vista los recursos no tienen ninguna base. En cualquier caso, será la Audiencia la que lo aclare”, avanza el magistrado. El fiscal plagiado sonríe y pregunta con ironía: “¿Qué significa esta realidad? Pues que las motivaciones del fiscal están bien al 100% (…) En delitos económicos, con carácter general, son atendidas por los jueces”.

Uno de los abogados más críticos del caso Invercaria, Miguel Ángel Gómez, ha cargado contra el magistrado por su silencio y porque haya ignorado las pruebas practicadas. “Pese a no ser contradichas ni rebatidas por el ministerio público o la acusación particular, [las pruebas] no han sido tenidas en cuenta, ni han merecido pronunciamiento alguno por parte del instructor, con un claro inmovilismo judicial que hace superflua la fase de instrucción”. El letrado censura al magistrado porque su supuesta dejadez afecta a la tutela judicial efectiva que ampara la Constitución. “Resulta sorprendente la absoluta indiferencia del instructor”, se lamenta el letrado en un escrito, para a continuación rogarle: “Solicitamos que ponga en evidencia al menos un correo electrónico, una conversación telefónica, misiva o cualquier otro medio de prueba por mínima que sea, que acredite” la implicación de su cliente en la causa, el empresario Francisco Barrionuevo.

La fiscalía pediría en Invercaria hasta 300 años de cárcel

Desinflado el caso ERE tras la salida de la juez Mercedes Alaya, el PP ha utilizado el caso Invercaria como ariete político contra la Junta dada su larga instrucción, que implica a exconsejeros del Ejecutivo autonómico. Su complejidad al tratar delitos económicos ha provocado que no tuviera más gancho mediático. Eso sí, si todas las piezas prosperaran –solo se ha archivado una- serán 31 juicios que se solaparán con las decenas de vistas previstas en la macrocausa de los ERE.

A pesar de tratarse de delitos de cuello blanco, la Fiscalía Anticorrupción acumula una petición de 32 años de cárcel para el presidente de Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo, en solo tres piezas cuya investigación ha concluido. Si la hipotética petición de condena se extrapolara a las 31 piezas, el ex alto cargo afrontaría la friolera de 341 años de prisión por supuestamente conceder créditos y ayudas de manera arbitraria.

El letrado de Pérez Sauquillo adopta un tono de súplica y perplejidad en su escrito de la pieza Aceitunas Tatis al dirigirse al instructor: “Nos gustaría simplemente saber el criterio seguido para poder ejercitar el derecho a la defensa de mi representado, pero no lo conseguimos (…) Los investigados se encuentran en una absoluta oscuridad de información y conocimiento específicos en los que se basa su imputación, sin que se pueda defender, provocando una escandalosa indefensión”.

Sobre el magistrado, el abogado Adolfo Cuéllar comenta: “El juez sigue escrupulosamente la tesis del fiscal, no tiene criterio propio en toda la causa Invercaria. No me consta ninguna resolución que se aparte del fiscal. Eso sí, es absolutamente garantista con los derechos de los inculpados y tiene un trato exquisito”.

Porque la respuesta tipo de asumir la tesis del fiscal podría no ser suficiente si se ignoran los argumentos de las defensas. El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada, José Miguel Zugaldía, lo considera “un defecto de motivación claro”. “Los argumentos estereotipados y latiguillos no sirven para nada. Un juez no puede decir mi motivación consiste en dar la razón al fiscal y acoger sus argumentos. ¿Por qué no rebate los argumentos de las defensas? El fiscal es sencillamente una parte procesal”, expone.

Esta primavera ocho abogados han presentado ante el instructor ocho escritos motivados y con distinta extensión, sobre sus defendidos. Pero el juez ha tumbado sus sesudos argumentos con una simple frase estándar: “Las alegaciones de los recurrentes no desvirtúan los hechos y las consideraciones de la resolución recurrida, que se encuentran debidamente fundadas, motivadas y razonadas”. En otras ocasiones, como con el auto de procesamiento de la pieza FIVA, el juez sí ha resumido en cuatro párrafos por qué considera que deben permanecer como investigados una docena de ex altos cargos de la Junta por malversación, prevaricación, falsedad y tráfico de influencias, aunque de nuevo recogidos de la tesis del fiscal. De momento, la Audiencia de Sevilla no se ha pronunciado sobre ninguno de los recursos de apelación contra las decisiones del juez.

Un juez instructor recuerda la escasa especialización que reciben para temas médicos y de delincuencia económica, en los que por norma el juez se pone en manos de los peritos y asume su criterio. Otro magistrado matiza: “No vas a calcar y copiar porque hay que someter al principio de contradicción. El juez debe sacar sus conclusiones porque el fiscal no deja de ser una parte. Si algo es blanco, tengo que decir que es blanco, pero tengo que motivarlo”. “Muchas veces el volumen dificulta un extenso razonamiento”, añade. Gutiérrez acumula las 31 piezas de Invercaria, las ocho piezas de grandes empresas públicas del Gobierno andaluz, el caso Marismas y parte de la macrocausa de los cursos de formación, todo con dos oficiales de refuerzo en su juzgado.

El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez, recuerda que una resolución “con corta y pega puede ser motivada porque si copia hace suyos esos argumentos, es una motivación”. Sin embargo, a continuación alerta del riesgo de la nulidad de las actuaciones: “No todos los días, pero de vez en cuando se decreta la nulidad de una resolución no motivada”.

Hace un año el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) emitió un llamativo auto para exculpar al consejero de Economía andaluz, Antonio Ramírez de Arellano, y mencionaba “la participación deliberada de la investigada”. ¿La razón del femenino? El corta y pega desde una sentencia del Supremo que dos meses antes había archivado las actuaciones contra la exalcaldesa popular de Jerez, María José García Pelayo. El juez pasó por alto el cambio de sexo del procesado.

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