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Anticorrupción pide seis años de cárcel para el expresidente de Invercaria

La empresa pública otorgó una ayuda de 300.000 euros sin los informes pertinentes, según la fiscalía

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Pérez-Sauquillo (derecha), en los juzgados de Sevilla en abril de 2014.

Anticorrupción ha pedido seis años de prisión para el expresidente de la empresa pública andaluza Invercaria Tomás Pérez Sauquillo por la ayuda de 300.000 euros concedida a la empresa Fumapa en 2008. La fiscalía mantiene en su escrito que la subvención fue otorgada tras un informe de medio folio en el que se mostraban problemas de liquidez de la compañía, con sede en Jaén y dedicada a la carpintería metálica, y se informaba de la carencia de datos sobre la inversión. 

El ministerio público, que cifra en 359.581,60 euros el perjuicio ocasionado por Fumapa a la sociedad pública de capital riesgo y pide la apertura de juicio oral, solicita para Pérez Sauquillo seis años de prisión por malversación y 25 años de inhabilitación, 15 de ellos por el mismo delito y 10 más por prevaricación. También solicita las mismas penas para otros tres miembros del consejo de administración de Invercaria: Isabel de Haro, Jacinto Cañete y Ramón Martín. Anticorrupción también acusa a dos administradores de Fumapa, Fulgencio Canales y Francisco Gutiérrez, para los que pide dos años y seis meses de prisión por malversación y 11 años de inhabilitación por prevaricación.

La ayuda a Fumapa se concedió porque era una empresa cuyo proyecto tenía "una alta consideración para la sociedad", como recuerda la fiscalía que Pérez Sauquillo le dijo al director del departamento de Promoción de Invercaria Cristóbal Cantos, a quien instaron a hacer un "análisis de urgencia". El informe advertía de la deficiente situación de liquidez de Fumapa, de sus fondos propios y de la fuerte dependencia de un solo cliente, y concluía que se necesitaba una auditoría de cuentas del ejercicio 2007, la diversificación de la cartera y un informe sobre la gestión de la empresa. A pesar de ello y de que no se atendieron las recomendaciones señaladas, se informó del "perfil positivo" de la empresa para recomendar la inversión solicitada, que se culminó sin que pasara por el departamento de Análisis ni por el Comité de Inversiones de Invercaria, indica el ministerio público.

El 1 de julio del 2008, el consejo de administración de Invercaria aprobó por unanimidad la ayuda sin contar con un expediente de inversiones aprobado ni un informe de los anteriores departamentos, añade el escrito de acusación. La inversión también se aprobó sin plan de negocios ni análisis de inversión, señala la fiscalía antes de recordar que Fumapa no incluyó el préstamo en sus cuentas anuales ni en la documentación aportada al juzgado cuando presentaron un procedimiento concursal.

Este extremo, unido a "lo deficiente que eran los procedimientos de seguimiento en Invercaria", propició que se comunicara el crédito al juzgado de lo Mercantil de forma tardía, "perdiéndose en definitiva el capital", explica Anticorrupción. El préstamo a Fumapa se formalizó el 23 de julio del 2008 y dos días después, el administrador de Invercaria hizo un traspaso de 150.000 euros, según recogía el auto de procesamiento del juez encargado del caso, el titular del juzgado de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas.

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