El Constitucional tramita el posible incumplimiento de la suspensión de la Consejería de Exteriores

El Tribunal Constitucional ha dado un plazo de 10 días al fiscal y a la Generalitat de Cataluña para que formulen alegaciones sobre la petición realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la Consejería de Exteriores, que dirige Raúl Romeva, por suponer una vulneración de la decisión de este órgano de suspender su actividad. El plazo de alegaciones no supone, por el momento, la admisión a trámite de esta petición, informa Europa Press.

En la solicitud realizada por el Gobierno, a través de los servicios jurídicos del Estado, la Abogacía ha vuelto a reclamar la nulidad de este organismo, así como su posterior denominación como departamento y la creación de una nueva secretaría adscrita. La Generalitat decidió cambiarle el nombre para tratar de burlar el veto del Constitucional.

El Gobierno sostiene que, con independencia de la denominación que use esta consejería, se mantienen invariables las funciones que le atribuyó el nuevo Govern catalán y que incluía la atribución de la política exterior, una competencia exclusiva del Estado.

Por lo tanto, según el Ejecutivo, son contrarias a la providencia que dictó el pasado 16 de febrero el Constitucional en la que se anulaban las disposiciones impugnadas por el Gobierno, que basó su recurso en que solo el Estado tiene atribuciones en política exterior, según el artículo 149 de la Constitución.

En concreto, la Abogacía del Estado se refiere al decreto por el que la Generalitat cambió recientemente el nombre de la consejería por el de Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia mientras el Constitucional mantuviese la suspensión y el posterior decreto por el que se aprobaba una Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea adscrita a este departamento.

El Gobierno ahora pide también la nulidad de estos dos decretos mediante incidente de ejecución de la providencia dictada por el tribunal el pasado 16 de febrero y que suspendía competencias de la Consejería de Exteriores de la Generalitat durante al menos cinco meses mientras se resuelve el fondo del asunto.

Además de haber presentado las alegaciones pertinentes a esta providencia, cuyo plazo finalizaba el pasado día 11, la Abogacía del Estado ha solicitado también que la nulidad de estos dos últimos decretos se adopte también como medida adicional del auto que dicte el Constitucional al resolver sobre la medida cautelar de suspender las disposiciones impugnadas por el Ejecutivo sobre la creación de una Consejería de Exteriores catalana.