El Constitucional investigará la supuesta desobediencia del Parlament

El Tribunal Constitucional investigará la supuesta desobediencia del Parlamento de Cataluña por la creación de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente. Dicha comisión, recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy, fue creada por el pleno de la Cámara autonómica el pasado 20 de enero y, una semana después, el Parlament cumplió el trámite formal de constitución.

Lo que ha hecho el Constitucional este jueves es admitir a trámite el incidente de ejecución por desobediencia que el Ejecutivo promovió contra el Parlamento de Cataluña. El tribunal de garantías abre así el incidente de ejecución de sus sentencias previsto en la reciente reforma de la Ley Orgánica del Constitucional del PP, aunque "queda pendiente la resolución".

El Gobierno central había pedido al Constitucional que anulara la comisión al entender que la creación de dicha comisión es contraria a la sentencia que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución del Parlamento de Cataluña sobre el inicio del proceso independentista. Sin embargo, la decisión que este jueves ha adoptado el tribunal no conlleva esa medida. La admisión del incidente no implica que se desaten las medidas coercitivas previstas en la reforma de la ley, sino que se van a estudiar y, de ser el caso, se adoptarán en un auto futuro, informa la agencia Efe.

El incidente de ejecución está regulado en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y establece que debe pedirse un informe al fiscal y, en este caso, al Parlament, por ser el órgano que ha dictado la resolución que da lugar al incidente. El tribunal puede adoptar así las medidas de ejecución necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones.

La reforma del Constitucional impulsada por el PP implica, para un caso como este, que se produzca una advertencia a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y a los miembros de esa comisión de que pueden estar cometiendo delito de desobediencia. El tribunal, de hecho, ya ha solicitado sus alegaciones y las del fiscal, que ya están en poder de los magistrados.

Las medidas previstas para que el Constitucional obligue a que se cumplan sus sentencias podrían conllevar también multas coercitivas, acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento o encomendar al Gobierno central, aún en funciones, la ejecución de su fallo, además de las acciones penales que considerase adecuadas el fiscal.