Exteriores avisa a la Embajada de Venezuela que no acose a la oposición

La Asociación de Estudiantes Venezolanos en España (EVE) denunció a finales de enero ante la Fiscalía General del Estado que el teniente coronel Rafael Vásquez Mora, ocultando su verdadera identidad, había participado en diversos actos de la oposición venezolana en España —tales como reuniones o concentraciones públicas— con el objetivo de identificar a sus militantes.

Las labores de espionaje del militar habrían propiciado, según los denunciantes, ataques personales en medios de comunicación oficialistas en Venezuela e incluso represalias como la imposición de trabas para que sus familias pudieran enviar dinero a los estudiantes en España. Según estas fuentes, Vásquez tendría a sus órdenes a 13 personas en la Embajada de Venezuela en Madrid, muchos de ellos militares y la mayoría pertenecientes al servicio de inteligencia bolivariano.

Tras recabar los correspondientes informes, el Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó que el agregado militar adjunto de Caracas en Madrid ha realizado “actividades incompatibles” con su estatuto diplomático, por lo que se advirtió al embajador venezolano en España, Mario Isea, de que este debía cesar de inmediato en tales conductas.

Por ahora, sin embargo, Margallo no ha querido llevar el caso hasta sus últimas consecuencias: la expulsión del agregado militar adjunto. Y ello porque, siguiendo los usos diplomáticos, es más que probable que Caracas respondiera con una medida de reciprocidad; es decir, con la expulsión de al menos un diplomático español acreditado en Caracas. Y eso daría pie a una escalada de consecuencias imprevisibles.

A pesar de que son de dominio público las malas relaciones entre los dos Gobiernos —con repetidos insultos a Mariano Rajoy por parte de Nicolás Maduro e incluso retirada temporal de embajadores—, el Ejecutivo español es muy consciente de la necesidad de preservar los intereses de las empresas españolas en Venezuela y de los casi 200.000 españoles que residen en dicho país.

Pese a ello, las fuentes consultadas reconocen que Exteriores no tendrá más remedio que actuar si el teniente coronel persiste en su hostigamiento a la comunidad venezolana en España o la fiscalía decide finalmente actuar contra él. Aunque Vásquez no es diplomático, su estatuto es muy similar y está amparado igualmente por la Convención de Viena, por lo que llegado el caso podría apelar a su inmunidad para eludir un eventual procesamiento por parte de la justicia española. Antes de llegar a esa situación, la prudencia aconseja retirar discretamente a aquel representante diplomático que ha llegado a convertirse en un elemento conflictivo en el país donde está acreditado, aunque es difícil saber si el régimen de Maduro se guiará por esta buena ráctica.

La última crisis bilateral entre España y Venezuela se produjo el 22 de enero, a raíz de las informaciones difundidas en España sobre el viaje que en 2014 realizaron a Caracas cargos de Podemos y del partido independentista catalán CUP, junto a familiares de presos de ETA, en un avión del Estado venezolano. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tachó este viaje de “injerencia” en los asuntos internos españoles.

El 18 de febrero, coincidiendo con el segundo aniversario del encarcelamiento del líder opositor venezolano Leopoldo López —a cuyos padres otorgó el Gobierno la nacionalidad española—, el presidente en funciones, Mariano Rajoy, publicó en EL PAÍS un artículo en el que mostraba su apoyo “sin reservas” a la Asamblea venezolana, dominada por la oposición, y a la ley de amnistía que ésta prepara, en abierto pulso al régimen chavista. En esta ocasión, el presidente Maduro guardó silencio.