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El PP impone la reforma que recorta 3.500 millones en servicios locales

La nueva ley municipal salva el primer escollo con el rechazo de la oposición, salvo el PNV y UPN

La norma da más poder a la Diputaciones

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, durante su intervención hoy en el pleno del Congreso. EFE

El camino de las reformas es largo y espinoso, incluso cuando uno tiene mayoría absoluta. El PP lo volvió a comprobar este jueves en el Congreso durante el primer asalto del debate sobre el proyecto de ley de reforma de los Ayuntamientos, vendida como una de las medidas clave de esta legislatura. La práctica totalidad del arco parlamentario pidió la retirada del texto, tachado de herramienta para privatizar servicios básicos y vaciar de competencias los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, el 87% de los 8.117 que hay en España. Las enmiendas a la totalidad del PSOE, Izquierda Plural, UPyD, ERC, BNG, Geroa Bai, Compromís-Equo y Amaiur fueron rechazadas por 177 votos contra 134 y una abstención. Solo el PNV se descolgó en el último momento del bloque opositor por un acuerdo que protege las competencias de Euskadi. UPN apoya al Gobierno y Foro Asturias y Coalición Canaria criticaron el texto pese a que no pidieron su retirada.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tuvo que pasar el mal trago de escuchar uno tras otro a portavoces malhumorados con una ley que recortará, según los propios planes del Gobierno, 8.000 millones de euros. La cifra genérica de ahorro, que nunca fue convenientemente explicada por el ministerio, se desglosa en el anexo de un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones contra el déficit que España remitió el pasado 1 de octubre a Bruselas y que se dio a conocer este jueves. Por “supresión de servicios”, los Ayuntamientos dejarán de gastar 3.422 millones en el periodo 2013-2015. El traspaso de competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales a las comunidades autónomas restará de los presupuestos 473 millones. La eliminación de empresas públicas recortará otros 1.397 millones; la gestión “integrada” de servicios y las “fusiones”, 1.037 millones.

Todo eso no modificará ni un ápice la calidad asistencial, según el Gobierno, por lo que los ciudadanos deberían estar tranquilos. “El ánimo de este proyecto es potenciar las Administraciones locales”, recordó Montoro antes de insistir en que la “eficiencia”, será la piedra angular de la actuación de los Ayuntamientos gracias a una norma que evitará que varias Administraciones presten servicios de forma duplicada.

No lo creen así ni la oposición ni los más de 2.000 alcaldes que ya se han manifestado en contra. “Usted pasará a la historia por ser el ministro que desmanteló la cohesión territorial. Ojalá solo fuera ignorancia. Visto lo que están haciendo en materia educativa, sanitaria... la ley es un paso más deliberado en el desmantelamiento del Estado de bienestar”, le recriminó el responsable de política municipal del PSOE, Gaspar Zarrías. En las filas populares, el diputado Juan José Matarí contraatacó: “Es falso que los servicios sociales desaparezcan, no tienen ningún dato para afirmarlo”.

Pero el debate no se limitó a un pulso entre la izquierda y la derecha. La nueva ley municipal, que todavía tiene que pasar el trámite parlamentario de enmiendas parciales, está pensada para recentralizar el control de los Ayuntamientos por dos vías: apuntalando el poder de las Diputaciones provinciales (el 75% están ahora bajo el control del PP) y atornillando las cuentas locales desde el Ministerio de Hacienda, que gozará de más mecanismos para hacer cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria.

Los detractores del modelo recuerdan que los Ayuntamientos son responsables solo del 4% de la deuda de las Administraciones públicas y cerraron el 2012 con superávit. Además, el nuevo mapa municipal podría no ser café para todos, porque el País Vasco y Cataluña negocian mantener sus competencias sobre la Administración local derivadas del derecho foral por una parte y del Estatut por otra. Para el resto, la receta va a suponer más limitaciones en la contratación y dudas sobre la prestación de servicios sociales, tal y como han denunciado hasta los propios alcaldes del Partido Popular en Galicia, Castilla y León y Madrid.

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias, Íñigo de la Serna (PP), estaba satisfecho. Durante meses ha intentado calmar los ánimos de los alcaldes de su partido y acercar posiciones con el Gobierno y, aunque nunca ocultó que la reforma será “muy complicada de aplicar”, cree que han conseguido desbaratar las posiciones más agresivas de un ala del Ejecutivo que pedía fusiones forzosas de municipios y la supresión del 30% de los concejales españoles. Al final, el tan publicitado ahorro de los sueldos de los alcaldes se quedará en poco más del 2% del importe total del recorte pretendido. Lo que se mantiene, sin embargo, es la amenaza para 3.600 entidades locales menores, la mayoría de Castilla y León, que desaparecerán si no presentan las cuentas o si sus municipios de cabecera incumplen la regla de gasto.

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