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PSOE e IU anuncian la derogación de la tercera ley si el PP pierde la mayoría

Soraya Rodríguez y Centella advierten de que la Constitución se está desmantelando

Anabel Díez

No hace falta ganar las elecciones para derogar leyes del Gobierno; solo sumar más votos en el Parlamento. Esta es la intención de varios grupos de la Cámara que se han comprometido a unir sus fuerzas en la próxima legislatura para echar abajo leyes aprobadas o en trámite de hacerlo por el Grupo Popular, en el caso de que logren sumar más votos que este. La ley cuyo primer debate se celebra este jueves, con el título de Racionalidad y Sostenibilidad de las Administración Local, conocida como ley local, ha dado lugar a que el PSOE e Izquierda Plural anuncien que la derogarán si tienen la fuerza suficiente. Con esta ley serían tres las que tratarán de eliminar, al haber establecido el mismo compromiso con la Reforma Laboral y la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, o Ley Wert.

“Con una nueva mayoría, nosotros derogaremos esta reforma local que rompe todos los acuerdos y principios del municipalismo desde la transición democrática”. Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez. Desde Izquierda Plural, sus portavoces parlamentarios, José Luis Centella y Joan Coscubiela, han manifestado la misma intención. El portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, ha invitado a mirar el borrador que salió del Consejo de Ministros y el texto que se debatirá el jueves, como primer paso parlamentario, para constatar los profundos cambios.

Ante las numerosas leyes que se han aprobado en esta legislatura, los grupos de oposición han mantenido posiciones diferentes aunque el rechazo a las tres citadas es prácticamente unánime. De momento el compromiso formal de la oposición se ciñe a la ley educativa, toda vez que los portavoces de la oposición han estampado su firma en un texto con la intención de derogar la LOMCE si en la próxima legislatura el PP pierde la mayoría absoluta. Así será ya que todos los demás juntos podrían presentar una proposición de ley que llevaría como artículo único la derogación de la llamada Ley Wert y, a partir ahí empezaría la negociación.

Otra ley que puede correr la misma suerte es la Ley Local que tras meses de discusión y de innumerables borradores sigue sin contar con el apoyo de la oposición en bloque aunque con motivos diferentes. La hora de la verdad ha llegado porque este proyecto empieza su tramitación parlamentaria el jueves y de entrada dos grupos han querido adelantar su posición de rechazo sin paliativos, como han hecho Soraya Rodríguez del Grupo Socialista y Centella y Coscubiela de Izquierda Plural. Pero la generalización del rechazo se constatará el jueves en el debate de totalidad de la ley. Una vez que entre en vigor, el Grupo Socialista llevará la ley ante el Tribunal Constitucional.

“El PP no quiere ahorrar dinero, quiere ahorrar democracia”, es la sentencia de José Luis Centella ante la pérdida de autonomía de los ayuntamientos con esta ley que otorga un peso muy relevante a la administración central y a las diputaciones para ejercer poder y autoridad sobre los municipios. Además, estos grupos ven la mano del mercado detrás la ley al conferir a las diputaciones la supremacía sobre los ayuntamientos cuando estos entes “no están preparados para prestar servicios que obviamente se los facilitarán a empresas privadas”, denuncia Soraya Rodríguez. Este ha sido un argumento reiterado por el responsable municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, y el vicepresidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE). “Cuando tengamos una mayoría suficiente para derogar la ley se alegrarán muchísimos alcaldes del PP”, augura Rodríguez.

Poco a poco el entramado jurídico e institucional de España está cambiando con las leyes del Gobierno de Mariano Rajoy, concluye José Luis Centella. “Esta ley de reforma local es otro golpe institucional más para modificar por partes la Constitución y deshacer de parte, sin consenso, el bloque constitucional”.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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