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ETA condiciona su final a que Sortu sea legal y a ventajas para sus presos

Los mediadores presionan a la banda para que declare ya el cese definitivo de la violencia

El Gobierno cree improbable que se produzca antes del 20-N

Estrecho margen del Constitucional

ETA condiciona su final a que Sortu sea legal y a ventajas para sus presos

Los facilitadores internacionales del Grupo Internacional de Contacto (GIC), que lidera el abogado sudafricano Brian Currin, están presionando a ETA para que declare cuanto antes el cese definitivo de la violencia, según fuentes abertzales. Sin embargo, resulta muy improbable que ETA materialice esa decisión en un comunicado antes de las elecciones del 20-N porque, según las mismas fuentes, no dará ese paso hasta que la izquierda abertzale logre la legalización de su marca, Sortu, y tenga garantías del Gobierno sobre el futuro de los terroristas presos. Es prácticamente imposible que ambas condiciones, sobre todo la segunda, se cumplan antes del 20-N.

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¿Debe el Tribunal Constitucional legalizar Sortu antes de las elecciones del 20-N?

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En teoría, el Tribunal Constitucional podría decidir antes del 20-N la legalización de Sortu. Pero fuentes gubernamentales creen improbable que eso vaya a suceder antes de las elecciones, por la enorme presión que sufrieron los magistrados tras la legalización de Bildu y porque “el comportamiento de los representantes de esta coalición, sobre todo del diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, no han contribuido a crear un clima político de opinión favorable a la misma”.

Tampoco el Gobierno, a tres meses de las elecciones, está en condiciones de ofrecer garantías sobre el futuro de los presos de ETA cuando, además, no hay ninguna negociación con la banda. Lo que el Gobierno espera, precisamente, es que la declaración de cese definitivo de ETA sea la que permita que los presos puedan cumplir las condiciones para acogerse a beneficios penitenciarios. Tampoco es fácil, según las mismas fuentes, que el Tribunal Constitucional decida, antes el 20-N, la reforma en la aplicación de la doctrina Parot, que liberaría a decenas de presos veteranos.

Por todo ello, fuentes de la izquierda abertzale vaticinan que “el final definitivo de ETA se materializará, previsiblemente, en la próxima legislatura”. No obstante, ETA emitirá, prevén las mismas fuentes, un nuevo comunicado antes de las elecciones del 20-N en el que reafirmará su apuesta por la tregua declarada en septiembre de 2010 y confirmada en enero de 2011.

La izquierda ‘abertzale’ espera un comunicado antes de las elecciones

“En todo caso, el proceso del final de la violencia de ETA es irreversible. No hay ningún juego táctico ni posibilidad de marcha atrás, sean cuales sean los resultados de Bildu en las próximas elecciones o pase lo que pase con Sortu”, señalan fuentes próximas a la izquierda abertzale. El dirigente del PNV Joseba Egibar, que mantiene estrecho contacto con esa formación, lo confirmaba ayer: “La decisión del cese de la violencia de ETA está tomada”. El exministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, más prudente, dice desde hace tiempo que “estamos muy cerca del final y ETA ya no va a ser como la conocíamos”.

Los hechos confirman, hasta el momento, esta posición. Además de que ETA lleva dos años sin cometer atentados, el GIC, que antes de fin de año presentará un informe con sus conclusiones sobre la verificación del alto el fuego de la banda, ya ha adelantado que “de momento no hay ninguna actividad de ETA que indique que haya intención de volver a la violencia”.

Imagen tomada de la página digital del diario GARA del video emitido por ETA, en el que declara ampliar foto
Imagen tomada de la página digital del diario GARA del video emitido por ETA, en el que declara

No hay precedentes de un verano como el que se está viviendo este año. Un informe del departamento de Interior del Gobierno vasco señala que en el primer semestre, los delitos de terrorismo contra bienes materiales descendieron en un 91% en comparación con el mismo período del año anterior. En esos seis meses solo se registraron dos casos de kale borroka, condenados, además, por la izquierda abertzale, y la tranquilidad se mantiene en el verano.

La izquierda abertzale da por ganado el pulso interno que mantuvo con ETA desde el fracaso del proceso de paz de 2006-2007, por la vanguardia del llamado MLNV (Movimiento de Liberación Nacional Vasco), tras lograr la legalización de Bildu y con la confirmación de sus excelentes resultados en las elecciones del 22-M. En ETA, por primera vez en su historia, no hay líderes capaces de oponer una línea militarista potente a la apuesta política de la izquierda abertzale. Esta “se volvería contra ETA si cometiera un atentado”, aseguran fuentes de Interior.

Los terroristas se limitarían en el texto a reafirmar su apuesta por la tregua

Los dirigentes de la izquierda abertzale ponen como prueba de la irreversibilidad del proceso del final de la violencia la verificación, confirmada por el GIC, de que ETA ha renunciado desde el pasado octubre a cobrar el llamado “impuesto revolucionario” que es lo mismo que renunciar a su finaciación. Otro paso político que confirma esa irreversibilidad es el intento de la izquierda abertzale de que Aralar se sume a la candidatura de Bildu para las elecciones del 20-N. Aralar pone como condición un compromiso definitivo sobre el fin de ETA.

Tras el éxito de Bildu en las elecciones del 22-M, la izquierda abertzale tiene su mirada puesta en las elecciones del 20-N y no descarta formar grupo propio. Cambiará su estrategia respecto a la de la antigua Batasuna. Sus representantes participarán en las Cortes, defenderán un programa político centrado en la reivindicación del derecho a la autodeterminación y tratarán de condicionar la política nacional.

Estrecho margen del Constitucional

La decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de adelantar las elecciones de marzo al 20 de noviembre ha reducido el margen del Tribunal Constitucional para pronunciarse antes de los comicios sobre la legalización de Sortu, la marca de la izquierda abertzale, condición básica que ETA pone para proclamar su cese definitivo.

No obstante, el alto tribunal dispone de un plazo de más de dos semanas para pronunciarse, antes de las elecciones, sobre el recurso que defiende la legalidad del nuevo partido independentista. Legalmente, el Tribunal Constitucional no está obligado a pronunciar una sentencia antes, pero tiene de margen desde el 20 de septiembre, plazo final para presentar alegaciones al recurso, hasta el 7 de octubre, cuando termina el límite de inscripción de las coaliciones electorales.

Fuentes de la izquierda abertzale estiman que ese plazo es lo “suficientemente amplio” como para que el alto tribunal se pronuncie, sobre todo si se le otorga prioridad al caso por la cercanía de las elecciones y para salvaguardar, con ello, el derecho fundamental a la participación política. Y creen, también, que si el alto tribunal lo aborda a tiempo, logrará su legalización, tras el precedente de Bildu.

Sin embargo, es poco probable que el Tribunal Constitucional está dispuesto a utilizar ese margen para pronunciarse sobre Sortu, según fuentes gubernamentales. La tremenda campaña de descrédito que sufrieron los magistrados, desde la derecha política y mediática, por legalizar Bildu y el comportamiento institucional de la coalición respecto a las víctimas del terrorismo, sobre todo del diputado general de Gipuzkoa, hacen vaticinar al Gobierno que el tribunal no va a aprovechar los plazos.