La Fiscalía abre diligencias para investigar el hangar de la Rey Juan Carlos
Podemos cree que hay indicios de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y malversación en la actuación del rector
La Fiscalía de Móstoles ha abierto diligencias para investigar el negocio aeronáutico privado creado en 2015 por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, y seis socios en un hangar construido con dinero público en el campus de Fuenlabrada. La incoación de diligencias se produce unos días después de recibir la Fiscalía una denuncia presentada por Eduardo Fernández Rubiño, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, cuyo escrito se basa en la investigación publicada por EL PAÍS.
Ramos y los seis empresarios crearon la compañía exclusivamente para poder firmar después un convenio con la universidad y usar las instalaciones públicas para su negocio durante 25 años, según abundante documentación y correos cruzados entre el ahora rector y los socios de European Airline Training Centre (EATC), empresa creada expresamente para firmar el convenio y poder usar el nombre de la universidad para ofertar cursos de FP, capacitación o vuelo de drones en las instalaciones públicas.
Podemos pedía en su escrito que se investigue si Ramos, por entonces director de la Escuela Superior de Ingeniería de la Telecomunicación, ha “cometido un delito de cohecho en concurso con el de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionario público, malversación y violación de secretos”. Asimismo, el escrito de la formación política considera que en los delitos que podría haber cometido Ramos actúan “como colaboradores necesarios a título lucrativo” los seis socios de la empresa y reclama para ellos las mismas penas “al concurrir a estos como instructores y colaboradores necesarios”.
En diciembre de 2015 la URJC y EATC firmaron un convenio de colaboración por 25 años –actualmente en revisión-- que permite a la compañía gestionar el hangar aeronáutico que ha construido la universidad y que ha supuesto cerca de un millón de euros de inversión pública. Es el centro el que paga todas las facturas de suministros, ha cedido cuatro aulas y permite al negocio privado usar su logo en sus cursos y diplomas.
A cambio, la empresa se comprometió a aportar aviones y material de laboratorio por valor de 1,5 millones de euros, una cantidad muy elevada que justificaba el acuerdo ya que la universidad aseguraba que no podía hacer frente a semejante gasto y que necesitaba establecer esa colaboración público-privada. Las facturas a las que ha accedido EL PAÍS indican, sin embargo, que la valoración de ese material fue inflada, ya que su coste real es 244.089 euros.
Ramos dirigió desde su puesto en la universidad pública el proyecto de construcción del hangar, hasta el punto de elegir a la arquitecta y trabajar con ella meses antes de que se licitara el proyecto, y presionó, según él mismo relata en los correos, para que los trabajos se aceleraran y la empresa entrara a trabajar lo antes posible.
Será la sede de Fuenlabrada de la Fiscalía del área de Móstoles (Madrid) la que se encargue de estas diligencias de investigación penal, durante las cuales podrá solicitar documentación y llamar a declarar a las personas investigadas. Terminada esa investigación la Fiscalía decidirá si presenta demanda o querella ante un juzgado.
Este jueves Ramos está llamado a declarar como testigo ante la jueza que investiga el máster de la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
