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La red ilegal de Gürtel condena al PP

La Audiencia Nacional certifica que el partido se financió con una caja b en su sede central

El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a su llegada al Tribunal Superior de Justicia valenciano en febrero de 2017.

El juicio central del caso Gürtel, la trama de corrupción política más extensa y profunda de la historia democrática española, ya tiene sentencia. La Audiencia Nacional condenó este jueves a 51 años de cárcel a Francisco Correa, cuya red de empresas anidó en el PP nacional durante el aznarismo y que trasladó su actividad a la Comunidad Valenciana tras la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del partido. El extesorero del PP Luis Bárcenas ha recibido una pena de 33 años de prisión por esconder a Hacienda el fruto de años de comisiones ilegales y apropiarse de fondos de la caja b del partido, cuya existencia ha certificado por primera vez un tribunal. El propio PP nacional, como persona jurídica, ha resultado condenado como beneficiario de este “sistema de corrupción institucional”.

La sentencia de la llamada Época I del caso Gürtel,que este jueves notificó la Audiencia Nacional, supone el cierre de un capítulo fundamental en el grueso tomo de casos de corrupción que atenaza al PP desde hace una década y cuyo punto final todavía no se ha puesto, con causas como Púnica o Lezo todavía en fase de instrucción. El fallo, uno de las más duros que se recuerdan en casos de corrupción —29 de los 37 acusados han recibido penas que suman 351 años de prisión— tendrá una repercusión política inmediata: el PSOE anunció que estudia presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy, para lo que reunirá hoy a su ejecutiva.

La investigación abierta por el juez Baltasar Garzón y destapada en febrero de 2009 fue recibida por el entonces presidente del partido y hoy también del Gobierno, Mariano Rajoy, con una frase que ha quedado grabada en la memoria colectiva: “Esto no es una trama del PP, es una trama contra el PP”.

Diez años después, buena parte de los circunspectos líderes del partido que rodeaban a Rajoy en aquella comparecencia, como el entonces presidente valenciano Francisco Camps o la madrileña Esperanza Aguirre, o colaboradores directos de estos, se han visto implicados o salpicados en causas de corrupción. Para empezar, la situada inmediatamente a la izquierda del presidente en aquella fotografía, Ana Mato. La exministra de Sanidad, al igual que el PP como persona jurídica, ha sido condenada en el caso Gürtel como partícipe a título lucrativo —figura penal que define a quienes se benefician del fruto de un delito sin ser conscientes de su origen ilícito—.

Mato deberá devolver 27.857 euros que las empresas de organización de eventos de Francisco Correa pagaron en viajes y celebraciones familiares a su exesposo, Jesús Sepúlveda, antiguo alcalde de Pozuelo de Alarcón y condenado a 14 años de prisión. Mato, que dimitió como ministra en noviembre de 2014 al ser procesada, fue recolocada por el partido como asesora de los eurodiputados del PP en Bruselas.

Sin embargo, Ana Mato es poco más que una nota al pie de las 1.687 páginas de la sentencia, que describe un auténtico sistema de corrupción institucional, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. El fallo ha reavivado con virulencia el incendio de corrupción que el PP no ha logrado sofocar en estos años y que, pese a la recuperación económica, le ha supuesto un indudable coste electoral. La última encuesta de Metroscopia para EL PAÍS sitúa al partido en el tercer puesto con un 19,5% de intención de voto.

Esta pieza troncal del caso Gürtel se centra en la adjudicación de contratos públicos a precios inflados a las empresas de Correa, que organizaba los actos del PP durante los años de la presidencia de José María Aznar. Parte de los beneficios que obtenía Correa de esos contratos con la Administración revertía después en mordidas a los responsables públicos encargados de la adjudicación.

Correa, cuyas sociedades percibieron 8,4 millones de euros entre 2000 y 2008, logró además 2,85 millones por intermediar ante la Administración en favor de empresas ajenas. El cerebro de la trama ya tiene una sentencia firme de 13 años de prisión por la pieza separada de Gürtel sobre los amaños de la adjudicación de los expositores de turismo de Valencia en Fitur. También aguarda en prisión otra sentencia por la supuesta caja b del PP valenciano, donde la fiscalía reclama para él otros siete años y tres meses de prisión. El fallo absuelve a Álvaro Pérez, conocido popularmente como el Bigotes.

Parte del sobrecoste de los contratos servía para financiar la caja b del PP, de la que se encargaban los extesoreros Álvaro Lapuerta —que no fue juzgado al padecer demencia senil— y Luis Bárcenas, que ha sido condenado a 33 años de prisión.

Bárcenas, según la sentencia, fue una pieza fundamental en el “auténtico sistema de defraudación del erario público” levantado por Correa. Como máximo responsable de las finanzas populares, Bárcenas podía acercarse a quien en cada caso convenía para conseguir la adjudicación de contratos de obra pública, sostiene el tribunal. Luego, en la fase de ejecución "se incrementaba" el precio "en la cuota fijada, que luego se repartía entre quien tenía relación en ella". Posteriormente, señala el fallo, “el propio partido recibía su correspondiente beneficio”.

El enigma de la esposa

Su esposa, Rosalía Iglesias, que colaboró con él para sacar de España y ocultar a Hacienda el dinero obtenido con los sobornos, ha sido condenada a 14 años de cárcel. Bárcenas estuvo en prisión preventiva entre junio de 2013 y enero de 2015, y ya tenía asumida su inmediata vuelta a la cárcel. Sin embargo, durante el juicio su principal batalla estuvo en desvincular a su mujer de sus negocios y cuentas en Suiza. En el PP existe el temor de que Bárcenas, que en los últimos meses ha evitado hacer daño al partido, decida sacar información comprometedora con la que amagó en la época posterior a su salida de la cárcel.

La sentencia se produce tras un juicio que se celebró en 125 sesiones entre octubre de 2016 y el pasado noviembre. La sesión estrella del proceso fue la 101, celebrada el 26 de julio. Ese día, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudió a la Audiencia Nacional como testigo. Ante el tribunal presidido por el magistrado conservador Ángel Hurtado, que se opuso siempre a su declaración, Rajoy manifestó que su partido “jamás” recibió donativos en efectivo de empresarios y reiteró hasta en siete ocasiones que nunca se ha ocupado de cuestiones económicas de la formación conservadora, sino únicamente de las políticas. El tribunal no cree su declaración.

“Un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional”

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional considera acreditado que entre 1999 y 2005 entre las empresas de Correa y el Partido Popular se tejió en esos municipios y en otras zonas de España “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”. Los acusados, según la sala “tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas”.

El cuadro de tipos delictivos de la sentencia es extensísimo: asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.

El tribunal ve probado que la formación conservadora se benefició —sin ser consciente de su procedencia delictiva— de 111.186 euros para la campaña de las municipales de 2003 en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y de 133.628 euros en la campaña de Majadahonda. El tribunal explica que es el PP nacional y no sus grupos municipales en esos Ayuntamientos el que debe responder.

En los meses venideros hasta las próximas elecciones, el partido se seguirá viendo perseguido en los tribunales, con el consiguiente efecto corrosivo para su imagen: todavía están pendientes de juzgarse el caso Bárcenas, sobre la caja b del PP, y la causa sobre la destrucción de los ordenadores del extesorero popular, en el que el partido está procesado como persona jurídica.

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