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La Universidad cuestionada

El ‘caso Cifuentes’ ha tocado de lleno a la institución académica. Expertos piden aprovechar la crisis para revisar el corporativismo, la figura del rector o los títulos

Edificio del Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de Móstoles (Madrid).
Edificio del Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de Móstoles (Madrid). EL PAÍS

Tras el escándalo, llegaron las descalificaciones. “El debate de fondo es si estamos en un país en el que hay universidades que conceden títulos sin acreditar”, dijo el diputado Javier Maroto (PP). Rafael Hernando, portavoz del partido en el Congreso, remachó: “Serán los profesores y catedráticos los que tendrán que explicar si un título se obtiene yendo a clase o no. Los alumnos no tienen la culpa”. En el centro de la polémica, un máster plagado de irregularidades de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y, tocada de lleno, la Universidad pública. Tres de cada cuatro españoles, según una encuesta de Metroscopia para EL PAÍS, creen que la imagen de la institución ha quedado dañada. Afectada por la consecución de noticias de amaños de actas y aprobados sin exámenes ni clases, como ha ocurrido también en el caso del diputado popular Pablo Casado, que tiene un máster tras presentar solo cuatro trabajos que suman 92 páginas.

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Los rectores de la Complutense, la Autónoma de Madrid, de la Universidad de Barcelona o el organismo que aglutina a la mayoría, la CRUE, han salido en su defensa. Subrayan que el sistema universitario público español es “riguroso y de calidad” y el único que garantiza el acceso en condiciones de igualdad a la educación superior.

El Ministerio de Educación prevé modificar el decreto que regula la acreditación de títulos

Otras voces han aprovechado para pedir que esta crisis sirva también para revisar los males de la Universidad. Por ejemplo, Juan Vázquez, exrector de Oviedo y expresidente de la CRUE, reclamaba en un duro artículo en el blog UniverSídad  “acertar con medidas e iniciativas capaces de imponer las estrategias institucionales frente a las redes clientelares y los comportamientos corporativos”. Estas son algunas de las cuestiones que distintos expertos proponen revisar:

Las titulaciones. El ministro Íñigo Méndez de Vigo ha enmarcado la polémica “en el ámbito universitario” y apeló a la “autonomía” de los campus para investigar el caso, que ya está en la Fiscalía, y para posibles cambios: “A la vista de lo que veamos estos días (...) reflexionaremos sobre lo que hay que hacer en el futuro”. Una de las medidas previstas es modificar el decreto que regula la acreditación de títulos, según fuentes del ministerio. En España se ofertan 3.540 másteres, casi 1.000 más que en 2011 aunque el número de posgrados en la pública cae desde hace dos cursos mientras crece en la privada. La revisión del decreto estaba ya prevista antes del escándalo pero se abordará “viendo qué ha funcionado mal y cómo cambiarlo”, según las citadas fuentes.

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“Con los másteres debemos de ser más exigentes. Para empezar es una palabra desprestigiada porque los hay de muchas características”, admite Pilar Aranda, rectora de la Universidad de Granada y miembro del comité permanente de la CRUE. “Están los oficiales, con un nivel de exigencia muy alto y los propios, que son más flexible y se adaptan más a las necesidades de la sociedad y con los que debemos tener el mismo rigor”, añade. En su artículo, el exrector Juan Vázquez pide “repensar” los posgrados: “Se hace imprescindible separar el grano de la paja y depurar una oferta incontrolada que mezcla sin la distinción debida lo excelente con lo irrelevante”.

“No ha habido cambios en la gestión desde 1983”, dice el presidente de la conferencia de consejos sociales

La gestión. El Tribunal de Cuentas, en un informe sobre Universidades Públicas de 2015, solicitó simplificar la estructura de la Universidad, profesionalizar la toma de decisiones, “cambios en el proceso electivo que evite corporativismos”, más transparencia y rendición de cuentas.

“No se ha hecho nada desde ese informe”, señala Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades —que representan a la sociedad, con miembros de empresas, administraciones o sindicatos, entre otros—. “De hecho, no ha habido cambios importantes en la gestión desde la Ley Universitaria de 1983”. Abril lamenta que el debate de los cambios, que intentan impulsar desde hace años, se haya abierto a raíz del escándalo. Pide mejor financiación para los campus y un órgano único de gobierno en el que el rector sea elegido por concurso de méritos. El sistema de elección actual —con voto ponderado entre profesores, personal de administración y alumnos— puede generar “confusión entre los intereses generales y los de los que participan porque si te piden un voto, hay quien pregunta: ¿qué hay de lo mío?”.

Los institutos. El Tribunal de Cuentas detectó en su informe “al menos” 574 entidades dependientes o vinculadas a las universidades, que “no tienen un inventario actualizado de los entes en los que participan con la documentación acreditativa adecuada de las aportaciones económicas o de los representantes de la universidad en los órganos de gobierno de dichos entes”. Con este caso, se ha conocido el funcionamiento irregular del instituto que dirigía el responsable del máster de la presidenta, Enrique Álvarez Conde. El Instituto de Derecho Público, del que ha sido apartado de forma cautelar, funcionaba con un CIF propio y sin rendir cuentas.

“Hay que depurar una oferta incontrolada que mezcla sin la distinción debida lo excelente con lo irrelevante”, dice un exrector sobre los másteres

“Hay que examinar el funcionamiento de los institutos de investigación que pueden elaborar planes de estudios o contratar profesorado sin ceñirse a los requisitos de la universidad y que sin embargo pueden expedir títulos con el sello de la universidad”, reclama Adela Muñoz, catedrática de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla. “Ese tema es delicado, porque es necesaria la captación de fondos para que las universidades funcionen mejor. Pero no se puede llegar a que existan sospechas de que un organismo, al amparo de una universidad, venda títulos como se ha dado con los policías y el título de criminología”, asegura la catedrática, que reclamaba recientemente un papel más decisivo de la CRUE en la polémica en este artículo publicado en El Periódico.

La Universidad cuestionada

“Los institutos deberían estar vinculados a la Universidad y con el mismo CIF”, añade la profesora Vera Sacristán, miembro del Observatorio del Sistema Universitario y exvicerrectora de la Politécnica de Catalunya. “Este tipo de centros son una forma de escapar de la normativa universitaria más estricta”, lamenta.

Los tribunales. El escándalo ha destapado también el funcionamiento fraudulento de algunos tribunales que otorgan plazas de profesores y catedráticos en la Universidad. Álvarez Conde fue miembro del tribunal de su novia y del de algunas de sus colaboradoras más cercanas. “Aunque en los últimos años se han introducido garantías, no me consta que haya medidas escritas que señalen quién tiene que abstenerse o quién no”, reflexiona Vera Sacristán. Las limitaciones están recogidas “de forma general” en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. La exvicerrectora reclama una versión “más académica” que contemple conflictos de intereses propios del ámbito universitario, como si el miembro del tribunal y el aspirante han colaborado en algún artículo o si es su director de tesis. Mecanismos que evitarían, en parte, que siete de cada 10 universitarios acaben de docentes en la misma universidad en la que leyeron la tesis, la llamada endogamia universitaria.

“Las prácticas de corrupción que sustentan este caso son bien conocidas por cualquier académico", según un manifiesto de docentes

Pablo Sánchez León, investigador en la Universidad del País Vasco, presentó un recurso en el último tribunal al que se presentó para aspirar a una plaza de ayudante doctor en la Autónoma de Madrid. Alegaba, entre otras cuestiones, que la aspirante que ganó y la presidenta de la comisión habían colaborado “en más de 10 artículos escritos”. La universidad desestimó su petición al considerar que no había incompatibilidad porque las colaboraciones eran hasta 2009. Este docente considera que el caso Cifuentes no es un caso aislado. Firmó un manifiesto en eldiario.es con otros profesores y académicos, Hartos de convivir con la corrupción académica, en el que denuncia que “las prácticas de corrupción y tráfico de influencias que sustentan este caso son bien conocidas por cualquier académico. No son una excepción sino prácticas corrientes. Lo que sucede es que nadie habla de ellas en público y muchos prefieren no admitir su proliferación”.

El precedente con condena por aprobar a una alumna que no se presentó al examen

El caso Cifuentes tiene un precedente en la Universidad de Granada (UGR). Su rectora, Pilar Aranda, lo recordaba estos días como ejemplo de que existen controles y que las malas prácticas se detectan y se penalizan.

En febrero de 2017, el Consejo General del Poder Judicial informó de la condena por prevaricación a un profesor universitario “por aprobar un examen a una alumna que no se presentó”. La Sala II del Tribunal Supremo condenó al docente de la UGR a siete años de inhabilitación. El profesor “le puso sobresaliente, lo que permitió a la joven aprobar por compensación otras asignaturas y obtener un mes después el título de licenciada en Pedagogía”. Es la primera condena del Supremo, destacaba la nota, a un docente por una prevaricación de este tipo. Se condenó también a una funcionaria, la adjunta a la administradora de la Facultad de Ciencias de la Educación, a siete años de inhabilitación por cooperar en la prevaricación, ya que medió entre la alumna y el docente.

La UGR retiró el título a la alumna, como ocurrirá con la presidenta si una sentencia confirma las irregularidades. Cifuentes dijo que renunciaba a su titulación, pero solo puede quitarla la universidad.

Fe de errores

En una primera versión de esta información se indicaba por error que la plaza a la que aspiraba el profesor Sánchez León era de contratado doctor. En realidad,  es de ayudante doctor.