El Gobierno presenta su recurso para suspender automáticamente la investidura de Puigdemont
El Ejecutivo prima evitar "un daño irreparable" frente al criterio del Consejo de Estado
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes que el Gobierno impugne ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont a la investidura como presidente de la Generalitat. Esa decisión abre una crisis institucional de alcance imprevisible. El Consejo de Estado considera que en este momento no se ha producido ningún hecho que justifique dar ese paso: el líder independentista es diputado de pleno derecho y la orden de detención que ha dictado contra él el Tribunal Supremo no le impide ser candidato. No obstante, el Gobierno ha desoído ese informe porque la candidatura de Puigdemont será suspendida automáticamente si el Constitucional admite a trámite su recurso. Por esta vía, el Ejecutivo pide a Roger Torrent, el presidente del Parlament, que proponga a otro candidato que no tenga cuentas pendientes con la justicia, lo que excluye a los diputados que se encuentran huidos en Bélgica y a los que están en prisión provisional (entre ellos, Oriol Junqueras).
"Utilizamos esta prerrogativa para evitar que continúe adelante la candidatura de Puigdemont y produzca un daño irreparable", ha dicho la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. “Tenemos el deber constitucional de hacer todo lo legalmente posible en nuestra mano para evitar que la legalidad se vulnere, con todo el respeto al parecer al Consejo de Estado”, ha argumentado la número dos del Gobierno sobre el informe de este organismo, que es preceptivo pero no vinculante. “Tenemos que usar todas las herramientas legales a nuestro alcance para evitar que alguien que está huido de la justicia pueda de forma ilegítima ser investido y ponerse al frente de un Gobierno autonómico”, ha añadido, defendiendo la necesidad de evitar "males mayores". “Ha cometido delitos muy graves”, ha recalcado la vicepresidenta. Y ha subrayado: “Nuestra obligación es defender la legalidad y la democracia, e impedir que el señor Puigdemont vuelva a desafiar la ley. Lo primero es que rinda cuentas ante la justicia”.
¿Por qué ha apostado el Ejecutivo por acudir ya al Constitucional, sin esperar a conocer si la investidura será por via telemática o por persona interpuesta, que sería lo recurrible, según el criterio de los letrados del Parlament?
Porque la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución permitirá suspender la investidura de Puigdemont en el caso de que el Constitucional admita a trámite el recurso del Ejecutivo, incluso aunque luego, pasados los meses, falle en contra.
Si la sesión programada para el martes queda suspendida, se abren múltiples opciones. Según el reglamento del Parlament, tiene que haber un debate de investidura a los 10 días de la constitución de la Cámara, plazo que se cumple el próximo miércoles. A partir de ese momento, y si no hay presidente, empieza un descuento hasta la convocatoria de nuevas elecciones. ¿Cómo evitar ese angustiosa lucha contra el reloj? El Ejecutivo considera que todo se puede solucionar si Torrent propone a otro candidato, aunque advierte que no considera que este pueda ser Oriol Junqueras, líder de ERC, que se encuentra en prisión provisional.
Felipe VI
El Gobierno actúa espoleado por el temor a que esperar más tiempo provoque que la resolución del Tribunal llegue después de que Puigdemont haya sido declarado presidente, lo que obligaría a revertir la investidura una vez consumada. Esa secuencia de hechos colocaría a Felipe VI ante la tesitura de firmar el decreto de proclamación del líder independentista. Una situación que en La Moncloa se juzga como indeseable, y que ha provocado grandes tensiones por su gran valor simbólico.
El Gobierno considera que con la presentación del recurso, ese decreto ya no llegará nunca a la mesa del Rey. Si es admitido a trámite, no habrá pleno con Puigdemont como candidato. Y si Torrent decide seguir adelante en la defensa de esa candidatura tras la admisión a trámite, el Gobierno acudirá de nuevo al Constitucional para pedir la anulación de la investidura. En ningún supuesto llegará el nombramiento de Puigdemont al despacho del Monarca para que firme el decreto.
"La situación de los independentistas ha chocado con la realidad del Estado de derecho, que tiene armas para defenderse, con la realidad internacional, porque ningún gobierno les ha apoyado y con la realidad económica", ha dicho el portavoz Íñigo Méndez de Vigo en referencia a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
"Cuando se gobierna, se trata de decidir entre distintas posiciones", ha recordado Sáenz de Santamaría. "Asumimos la defensa de la unidad de España y del Estado de derecho", ha añadido. "Si podemos evitar que se vaya a producir ese pleno [para la investidura de Puigdemont], que es el martes, y que un señor que está en busca y captura se someta a una investidura, se trata de evitarlo". Y ha rematado: "Puigdemont no tiene libertad para ir al Parlament, salvo que vuelva a vulnerar la ley".
