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El Congreso rechazará las iniciativas contra el adoctrinamiento de PP y Ciudadanos

La oposición critica a ambas formaciones que insturmentalicen la educación con fines electorales

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, durante el pleno del Congreso de los Diputados. Ampliar foto
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, durante el pleno del Congreso de los Diputados. EFE

El PP y Ciudadanos han llevado este martes al pleno del Congreso de los Diputados su pulso por liderar el control del supuesto adoctrinamiento educativo, un asunto que también se van a disputar en la campaña de las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre. Ninguna de sus propuestas, sin embargo, superará el listón de la Cámara en la votación del jueves, puesto que la mayoría de la oposición las ha rechazado por considerarlas innecesarias, oportunistas y electoralistas.

Ha sido la continuación del choque producido entre ambas formaciones a mediados de octubre, cuando Ciudadanos se quedó solo y fue duramente criticado por una proposición similar a la que ahora presentaba el PP en la que reclamaba que la Alta Inspección Educativa garantizara la neutralidad ideológica y política de los centros docentes y pedía, entre otras cosas, una mayor dotación para que la fiscalía pudiera perseguir los delitos de odio en los centros educativos.

Si en aquella ocasión el PP se abstuvo tras presentar tres enmiendas que no fueron admitidas, ahora ha acudido con una proposición no de ley bajo el brazo que va más allá de lo que en un principio defendía, que era acordar con el resto de grupos cambios en la ley para mejorar en la inspección educativa e incluirlos en el pacto de Estado por la Educación en negociación. Pero, además, ha apoyado la de Ciudadanos, que propugna la creación de una agencia independiente que asuma las funciones de la Alta Inspección Educativa y que se denominaría Agencia de la Alta Inspección Educativa. También Ciudadanos ha correspondido dando su apoyo a la propuesta del PP. Sin embargo, esos apoyos mutuos han sido insuficientes para impulsar las iniciativas, que han chocado contra la mayoría de la oposición.

Albert Rivera ha definido su propuesta como “una ley con 37 años de retraso” que ya estaba prevista por la Constitución. Ha asegurado que su grupo venía “a desarrollar un vacío” que se había producido por la inhibición de “algunos partidos socios de partidos nacionalistas". De la propuesta, ha incidido, dependía “la igualdad de la ley y la libertad de enseñanza”, puesto que daría paso a inspeccionar “las ilegalidades educativas” que se cometen en Cataluña, como “el supremacismo” y “el odio”.

En su exposición, Rivera ha catalogado como “símbolos ideológicos” los mapas del dominio lingüístico catalán que cuelga en centros y ha reprochado a los socialistas que presentaran una enmienda a la totalidad, cuando muchos votantes socialistas comparten la creación de esta inspección: “Le están haciendo el juego a los separatistas”. El líder de Ciudadanos ha denunciado la presión que ejerce el nacionalismo sobre la comunidad y ha considerado su iniciativa como “absolutamente necesaria y urgente” para que “unos técnicos, que no sean políticos, velen por la libertad”.

Las objeciones del PSOE no se han hecho esperar. La diputada María Luz Martínez Seijo no ha admitido lecciones sobre constitucionalismo por parte de Rivera y le ha pedido que deje utilizar la educación con fines electorales. Ha acusado a su grupo de ser “tremendamente desleales” con los trabajos de la subcomisión de Educación del Congreso, “torpedeándola” y ha negado que ninguna de las cuestiones que ha puesto sobre la mesa tenga fundamento.

Martínez Seijo ha considerado que “jamás se había llegado tan lejos en la instrumentalización de la educación en España” como con la iniciativa de Rivera, a quien ha reprochado que su propuesta buscaba dejar sin competencia en la materia al Gobierno y ha recordado que España tiene un sistema de descentralización educativa. “Lo que propone es una agencia de la censura educativa, que cuestiona la profesionalidad de los docentes”, ha señalado. En ese sentido, ha calificado de “absurdo e inútil crear una agencia con atribuciones que ya existen” y ha criticado la “Instrumentalización de la educación por un puñado de votos a las puertas de una campaña electoral en Cataluña”.

La propuesta de Rivera solo ha encontrado un eco positivo, aunque condicionado a que en las próximas semanas pueda concitar un amplio consenso en la subcomisión de Educación, por parte del PP y los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro. Pero incluso Foro Asturias, tradicional coaligado de los populares, se ha desmarcado por considerarla innecesaria. El portavoz del PP, Ana Isabel Alós ha recordado que el Congreso está trabajando en la subcomisión de Educación para lograr un consenso y que la iniciativa “no es el mejor camino para lograr acuerdos”.

Alós ha valorado la proposición como una “sobreactuación medida deliberada e interesada” y que consideraba más apropiado desarrollar las “limitadas atribuciones” de la Alta Inspección Educativa para hacer frente a “la falta de lealtad de algunas comunidades autónomas”. Sin embargo, ha admitido que se han producido casos de “adoctrinamiento en Cataluña” y “denuncias en Baleares y Valencia”, aunque ha defendido que la iniciativa de Ciudadanos “no resuelve estos problemas”. Pero pese a considerar “una irresponsabilidad llevar la propuesta fuera de la subcomisión”, ha asegurado su voto afirmativo “con la esperanza” de que en su tramitación se pueda lograr un consenso mayor para no dejar impunes los supuestos adoctrinamientos.

No se han mostrado tan confiados el resto de grupos. Tanto Unidos Podemos como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el PNV, PDeCAT, Compromís y Bildu han rechazado de plano la proposición de ley de Rivera. El diputado de Unidos Podemos Joan Mena Arca ha acusado al líder de Ciudadanos de “criminalizar a los profesores” con su iniciativa, de querer hacer “la ley mordaza contra la escuela catalana”. Ha recriminado a Ciudadanos de “centrar al PP” con sus exageraciones y de perseguir una “recentralización” del sistema con una propuesta “que cuesta más de tres millones de euros”.

Mena también le ha censurado a Rivera que no hubiese hecho nada “contra el adoctrinamiento de libros que dicen que [Antonio] Machado se fue de España y que [Federico García] Lorca se murió” y ha caricaturizado al PP y Ciudadanos como “gorrinos peleando en una charca de barro”. La presidenta de la Cámara, Ana Pastor, le ha pedido que retirara del diario de sesiones la expresión y, ante la negativa del diputado, lo ha hecho ella.

Igualmente duros se han mostrado los representantes de ERC, PNV y PDeCAT. El portavoz republicano Joan Olòriz Serra ha reprobado a Rivera que se considere “el único capaz de interpretar la Constitución” y por tratar de crear la sensación de que “todas las escuelas son sospechosas” para que sean “vigiladas por un gran hermano”. El diputado Sergi Miquel i Valentí, del PDeCAT, ha recurrido a la ironía y ha puesto a Rivera, que estudió en Cataluña, como “ejemplo del fracaso en adoctrinar del sistema público catalán”.

Y Joseba Agirretxea Urresti, del PNV, lo ha acusado de estar obsesionado y “soñar con el Estado recentralizado, en el que sobran las lenguas y las identidades no españolas”. “La agencia que proponen es un mecanismo de control. Solo quieren mecanismos de control que potencien al Estado y subyuguen a las comunidades”, ha reprendido.

Tras la proposición de Ciudadanos, el PP ha defendido la suya, que, salvo el reposicionamiento de Foro Asturias, ha sido rechazada por la mayoría de la oposición con argumentos similares. Ciudadanos, que la ha apoyado, se ha referido a ella como "la PNL [proposición no de ley] del arrepentimiento" y ha mostrado su extrañeza porque un partido en el Gobierno recurriera a este procedimiento para instarse a sí mismo.

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