La clausura de los colegios deriva en fricciones entre los Mossos y la Policía y la Guardia Civil
Los sindicatos policiales estatales anuncian acciones judiciales contra el comisario Trapero
La apertura este domingo de numerosos colegios electorales para el referéndum ilegal pese a las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ocasionado numerosas críticas a los Mossos d’Esquadra, acusados de pasividad. A lo largo de la jornada se registraron diversos enfrentamientos verbales y físicos entre Mossos y miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La policía catalana negó las acusaciones de inacción y recordó que habían cerrado 227 puntos de votación, frente a los 92 efectuados por los otros dos cuerpos.
La primera manifestación pública de ese enfrentamiento entre cuerpos policiales se produjo en las redes sociales siete minutos antes de las nueve de la mañana, hora prevista para la apertura de los colegios donde se iba a celebrar la consulta. El Ministerio del Interior utilizaba su perfil en Twitter para asegurar que “la Policía y la Guardia Civil SÍ [en mayúsculas en el texto original] cumplen las órdenes de la juez y ya retiran material electoral del referéndum ilegal”. Un mensaje en el que ya se apuntaba a la supuesta inacción de los Mossos para impedir la convocatoria suspendida por el Tribunal Constitucional.
1- La @policia y la @guardiacivil SÍ cumplen las órdenes de la juez y ya retiran material electoral del referéndum ilegal#EstamosporTI
— Ministerio Interior (@interiorgob) October 1, 2017
Poco después, el departamento de Juan Ignacio Zoido aseguró que la intervención de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado para cerrar colegios e intervenir urnas y papeletas se había producido a petición de los propios Mossos. Jordi Turull, consejero de Presidencia y portavoz de la Generalitat, lo negó, mientras fuentes de Interior detallaban que las peticiones habían sido dos —a las 8.45 y a las 9.11— y que las había enviado Ferrán López Navarro, número dos del máximo responsable de los Mossos, Josep Lluís Trapero. El destinatario de dichos mensajes —confirmados posteriormente por la policía autonómica— fue el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.
A la vez comenzaban a circular por las redes sociales vídeos que mostraban enfrentamientos entre agentes de la policía catalana y guardias civiles, además de otros que reflejaban una aparente inactividad por parte de los Mossos ante los colegios abiertos para el referéndum.
En uno de ellos se recogía el momento en el que un grupo de antidisturbios se dirigía hacia un centro de votación en la localidad de Sant Joan de Vilatorrada (Girona) y se encontraban con dos mossos a los pies de la escalera que les cortan el paso. Los agentes del instituto armado los apartaban sin miramientos y se producía un forcejeo con ellos.
La actitud de la policía autonómica en este y otros incidentes provocó la reacción de los cinco sindicatos de policía, que a primera hora de la tarde anunciaban su intención de emprender acciones legales contra Trapero. “No solo han evitado cumplir lo ordenado por el TSJ de Cataluña, sino que han actuado con vergonzosa ligereza, cuando no obstruccionismo e, incluso, manipulando datos sobre centros de votación”, aseguraron en una nota en la que también recalcaron que el dispositivo organizado por “la Jefatura de este Cuerpo ha sido insuficiente, deliberadamente endeble y bochornosamente equidistante”. Varias asociaciones de guardias civiles coinciden en esos reproches.
Incidentes “aislados”
Los sindicatos llegaban a acusar a los Mossos en su comunicado de haber “manipulado datos sobre centro de votación”. “Nos informaron de colegios electorales que supuestamente habían cerrado ellos y que por dispositivos de Policía y Guardia Civil se sabe que no es así, puesto que o no han llegado a abrir, o no los han llegado a cerrar para provocar”, señalan fuentes policiales. Desde el Ministerio del Interior, sin embargo, intentaron quitar hierro al asunto y calificaron dichos roces como “aislados y sin relevancia”, y evitaron hacer más valoraciones.
Los Mossos defienden que actuaron con proporcionalidad y congruencia, tal y como establecía su protocolo de actuación y el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que pedía impedir el referéndum pero “sin afectar la normal convivencia ciudadana”. Entre sus principios básicos de actuación estaba no usar la violencia para sacar a personas en actitud de “desobediencia pasiva”. “Para entrar a los colegios solo había dos opciones: o nos dejaban o la violencia”, insisten fuentes policiales.
El dispositivo pactado para la jornada de entre los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional, bajo la dirección del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, establecía que los Mossos eran los responsables de la primera actuación en los centros de votación. Después, hizo llegar una lista con los centros en los que necesitaba apoyo del resto de fuerzas de seguridad, según fuentes policiales. En ningún caso, señalan esas fuentes, se les dieron indicaciones de cómo intervenir o actuar en cada caso. Esa decisión quedaba en manos de sus mandos policiales.
Los Mossos enviaron un primer mail al resto de cuerpos a las 8.40, pero con un listado de centros equivocado, que es el que esgrimen ahora los sindicatos de la Policía Nacional para acusarles de “manipulación”. Sin embargo, la policía catalana reenvió el listado correcto a las 9.11. En él pedía auxilio en 233 centros de votación. Esas mismas fuentes señalan que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional fueron a algunos colegios que no constaban en la lista y que actuaron antes de recibir sus datos. Entre ellos, la escuela Ramon Llull, donde la Policía Nacional intervino a las ocho y media de la mañana, antes del primer correo electrónico de la policía catalana.
A partir de las seis de la mañana, una patrulla de agentes uniformados tenía la orden de presentarse en los centros de votación y precintarlos. En algunos centros, los agentes entraron, identificaron a las personas y levantaron acta. En otros, ante la imposibilidad de acceder al lugar por las decenas de personas acumuladas en la puerta, se quedaron a una distancia prudencial. La policía catalana también requisó urnas y cerró 227 centros de votación. Una cifra que comparan con los 92 que, según anunció Interior, habían clausurado Policía Nacional y Guardia Civil. Sobre los rifirrafes entre agentes, los Mossos declinaron hacer comentarios.
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