La Fiscalía reclama una nueva ley de protección de testigos contra el yihadismo
El ministerio público advierte que el riesgo de ataques terroristas ha aumentado “exponencialmente”
Los ataques yihadistas del pasado 17 de agosto en Barcelona y Cambrils (Tarragona), que se han saldado con 16 muertos y un centenar de heridos, han dejado tristemente obsoleta la memoria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para 2016 sobre el terrorismo islamista. En ese documento de balance de actuaciones del año pasado, presentado el lunes al Rey, el ministerio público afirma que “se precisa una nueva ley de protección de testigos, pues la actualmente vigente ha quedado obsoleta”.
La Fiscalía dirigida actualmente por Jesús Alonso y hasta marzo pasado por Javier Zaragoza recuerda que el yihadismo se ha consolidado como “la mayor amenaza para la libertad y la seguridad de nuestras democracias”, y ha superado definitivamente a otros fenómenos terroristas locales como ETA o los GRAPO, que se encuentran, asegura, en “un irreversible proceso de desaparición”.
En el documento, la fiscalía señala que el nivel de alerta antiterrorista actual (4 de un máximo de 5) “es expresivo del momento crítico que estamos viviendo”. Hasta los atentados del pasado agosto, una de las principales herramientas de investigación ha sido la monitorización de las redes sociales para detectar movimientos de radicalización, captación, reclutamiento y envío de yihadistas a zonas de conflicto en Siria o Irak. También para atajar actuaciones violentas de células asentadas en territorio español.
El control de Internet, señala la memoria, es decisiva. Las redes sociales constituyen canales “sencillos y amplios” para extender la “ideología patógena” yihadista a miles de seguidores. Si las actuaciones policiales y judiciales no atacaran esta vía, señala el informe, “un ejército de hombres y mujeres pondrán sus mentes y cuerpos a disposición de la causa”.
“Las redes sociales son un canal de distribución inmediata y universal de propaganda. La idea de yihad global se ha materializado”. Durante 2016, las fuerzas de seguridad detuvieron a 70 personas por su vinculación con células terroristas y había en las cárceles un total de 104 presos por yihadismo. En la Audiencia Nacional se celebraron 11 juicios, de los cuales 10 acabaron con sentencias condenatorias a 24 personas.
En 2016, la Fiscalía puso en marcha un sistema de archivos para coordinar los datos sobre terrorismo islamista, dado la gran cantidad de información que las diferentes investigaciones están generando. Esta información ha comenzado a procesarse para que en el futuro se puedan cruzar perfiles de investigados y posibles vínculos entre las pesquisas de los diferentes cuerpos policiales.
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