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271 presos yihadistas tienen un seguimiento especial

Abdelbaki es Satty, el presunto cerebro de los recientes atentados de Cataluña, salió de la cárcel antes de que se pusiese en funcionamiento el plan, en 2014

Patricia Ortega Dolz
Mohamed Houli Chemlal, herido tras la explosión en Alcanar, es trasladado a la Audiencia Nacional.
Mohamed Houli Chemlal, herido tras la explosión en Alcanar, es trasladado a la Audiencia Nacional.Carlos Rosillo

Abdelbaki es Satty, el presunto cerebro de los recientes atentados de Cataluña, se libró por los pelos del Plan de Prevención de la Radicalización en las Cárceles, que viene desarrollando el Ministerio del Interior en prisiones desde 2014, el mismo año que el imán de Ripoll salió del centro penitenciario de Castellón. Desde entonces se observa, se sigue y se vigila de cerca a todos los presos yihadistas. En estos momentos un total de 271 reclusos repartidos en 53 cárceles están siendo controlados. Algunos han comenzado a presentar quejas por la dispersión.

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La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias viene desarrollando desde el mes julio de 2014 el seguimiento integral del fenómeno yihadista en prisión a través de dos mecanismos de actuación: prevención y tratamiento. Inicialmente, a través de un plan de prevención y seguimiento de aquellos internos vinculados o susceptibles de vinculación a la causa yihadista, para lo que se estableció a través de una normativa interna un protocolo para la detección del fenómeno yihadista en prisión, que a través de la observación y del intercambio de información ha permitido establecer una categorización de los reclusos yihadistas en tres grupos de seguimiento.

En el llamado Grupo A, en el que había 47 internos en 2014 y 149 en julio de 2017, se encuentran los reclusos preventivos o penados por hechos relacionados con el llamado terrorismo islámico.

El Grupo B (9 en 2014, y 35 ahora) incluye a los internos no condenados por delitos de terrorismo en los que se detecta una actitud de liderazgo, captador y proselitista, que propicia a veces mediante la presión o coacción, el adoctrinamiento. Son los conocidos como reclutadores.

Y en el Grupo C (87), los presos que, sin estar implicados en delitos de terrorismo, presentan indicios de fanatismo islamista, en situaciones de frustración personal o exclusión social, particularmente vulnerables para su captación y radicalización.

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A todos ellos se les ha distribuido por un total de 53 centros penitenciarios. Con ello se pretende un mejor control de las manifestaciones religiosas de riesgo, evitar la influencia negativa que unos pueden ejercer sobre los otros y su reducido número propicia una mejor intervención frente a eventuales incidentes.

“Presos políticos”

Sin embargo, hay presos como Mohamed Achraf, acusado en 2005 —entre otras cosas— de querer volar por los aires la Audiencia Nacional con un camión de explosivos y actualmente interno en régimen de aislamiento en la cárcel de Estremera que han mostrado su desacuerdo. El pasado 20 de agosto presentó una solicitud que pide que “de manera urgente junten a los presos políticos islamistas en la misma galería como están juntados los presos políticos vascos”. Y añade: “En igualdad de derechos y no discriminación”. “Mantenernos separados va contra nuestra seguridad e integridad física y moral”, afirma.

En el desarrollo de este programa de prevención, a lo largo de estos años se han incorporado iniciativas de detección de riesgos de radicalización difundidas por la Red de Prevención de la Radicalización (RAN), a nivel europeo, junto a la experiencia penitenciaria en el tratamiento del terrorismo autóctono, aseguran desde la Secretaria de Estado de Interior. 

El resultado, a la vista de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, “es eficaz” ya que “se ha logrado la detección temprana de fenómenos de radicalización yihadista con un aumento significativo del número de internos en seguimiento”. Han pasado de 87 en el año 2014 a la cifra actual de 271. Fuentes del sindicato mayoritario de funcionarios de prisiones, Acaip, se queja sin embargo de la falta de acciones desarrolladas en el marco del plan de desradicalización.

Una vez consolidado el protocolo de detección y seguimiento, según el Ministerio, se ha procedido a establecer un programa de tratamiento voluntario para internos yihadistas en los que se ha observado un comportamiento radicalizado. Desde el otoño de 2016 se han incorporado diferentes centros penitenciarios con psicólogos de Instituciones Penitenciarias. En la actualidad participan en el programa 28 internos en siete centros penitenciarios.

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Sobre la firma

Patricia Ortega Dolz
Es reportera de EL PAÍS desde 2001, especializada en Interior (Seguridad, Sucesos y Terrorismo). Ha desarrollado su carrera en este diario en distintas secciones: Local, Nacional, Domingo, o Revista, cultivando principalmente el género del Reportaje, ahora también audiovisual. Ha vivido en Nueva York y Shanghai y es autora de "Madrid en 20 vinos".

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