El juez niega la libertad provisional para Ignacio González y decide mantenerlo en la cárcel
El "papel decisivo y necesario" en la comisión de los delitos que se investigan ha sido una de las causas para negar su salida de prisión
El titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García-Castellón ha decidido mantener en prisión incondicional —comunicada y sin fianza— a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y en la cárcel de Soto del Real desde el pasado 21 de abril por su presunta implicación en la operación Lezo. En un auto, notificado este lunes, el magistrado rechaza la petición de la defensa del político, que había solicitado su puesta en libertad alegando la "variación sustancial de las circunstancias" que en su día llevaron a la adopción de dicha medida. En aquel escrito, Ignacio González recalcaba que tras tres meses en prisión había sufrido un "deterioro físico y psíquico".
El juez García-Castellón rechaza de plano estos los argumentos de González al considerar que, según avanza la investigación, se confirma el "papel decisivo y necesario" que el político tuvo en la actividad de la trama y por los que se le investiga por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohechos y blanqueos de capitales. El magistrado destaca que las elevadas penas que conllevan estos delitos ya justificarían el mantenimiento de su situación personal, pero que, además, hay otras circunstancias que respaldan que siga en prisión.
En este sentido, García-Castellón afirma que desde la detención de Ignacio González en abril no han variado las circunstancias que en su día motivaron la medida, sino que, por el contrario, “asistimos a una cristalización progresiva de los indicios racionales de criminalidad como consecuencia de las diligencias que se están practicando, lo cual podría verse afectado en caso de acordar la libertad o atenuar su situación como solicita la defensa”.
El juez añade que el riesgo de fuga "es evidente", sobre todo porque la trama "ha operado en diferentes países, habiendo reconocido el propio Ignacio González en conversaciones telefónicas su intención de comenzar una nueva vida de negocios en Sudamérica, donde precisamente existen varias operaciones investigadas en el marco de la presente instrucción". Esto, unido a "la existencia de dinero de procedencia ilícita", patentiza, en opinión del magistrado, el riesgo de fuga.
Finalmente, el juez añade que el estado actual de las investigaciones —con declaraciones y examen de documentación que motivan a su vez más interrogatorios e intervención de información— "requieren del sigilo propio del secreto de actuaciones y evitar precisamente coacciones o actuaciones tendentes a evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba" sobre todo cuando "la documentación goza de la ratificación obtenida en las declaraciones". Por ello, García-Castellón recalca que la excarcelación de Ignacio González "podría afectar directamente a dichas fuentes de prueba".
El auto del juez concluye que todo ello "no hace sino ratificar todos y cada uno de los elementos" que llevaron al expresidente de la Comunidad de Madrid. Además, insiste en que "el avance de la investigación, de una forma rápida y ágil, pasa necesariamente por mantener la medida adoptada" e insiste en que "los nuevos datos probatorios recabados" desde su encarcelamiento "patentizan la existencia de importantes riesgos de acceso a las fuentes de prueba, destrucción de documentos relevantes, realización de movimientos monetarios, dirigidos a la destrucción de pruebas y a esconder el dinero malversado, poniendo en peligro la investigación en curso y la recuperación de activos para ejecutar futuros decomisos del producto del delito".
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