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Dos niños presos de la vorágine de la justicia

Las trabas burocráticas y el cruce de acusaciones han enmarañado el caso de Juana Rivas

Varios centenares de personas se han concentrado en Maracena (Granada) en apoyo a su vecina Juana Rivas.

El caso de Juana Rivas, que se ha fugado con sus dos hijos menores desobedeciendo una sentencia que le obligaba a entregárselos a su padre, Francesco Arcuri, es un choque de trenes. El resultado: una denuncia por violencia (presentada por la mujer) que no anda y otra por sustracción de menores (presentada por su expareja) que galopa, un sufrimiento general y ninguna solución en particular para los niños, de 11 y tres años.

Tras conocerse hace 12 años en Londres, Rivas y Arcuri tuvieron el primer encuentro judicial en España en 2009. Una sentencia de un juzgado de violencia contra la mujer dio por probado que Arcuri golpeó a su entonces pareja y lo condenó por lesiones en el ámbito familiar a tres meses de cárcel y un año de alejamiento. La sentencia se cumplió sin sobresaltos. Según Paqui Granados, asesora de Juana Rivas, tras el periodo de alejamiento, Francesco pidió a Juana que volvieran “y ella aceptó irse a Italia juntos”.

Allí, en la localidad de Carloforte, en la pequeña isla San Pietro, al sur de Cerdeña, Francesco había comprado y remodelado una casa que convirtió en hotel rural. La pareja y su hijo convivían mientras trabajan en el negocio familiar. Y nació el segundo niño. Sin embargo, la vida no resultaba fácil para Rivas, explica Granados: “Aislada, trabajando mucho y sin contacto con casi nadie. A ocho kilómetros de la ciudad más cercana y a tres horas en ferry de un juzgado”.

Los días, relata, se iban llenando de episodios violentos y el hijo mayor “comienza a imitar el comportamiento del padre”. A principios de verano de 2016, Rivas consiguió “permiso” —esa es la palabra que utiliza Granados— de su pareja para venir a España con los dos niños. Decide que es el momento de dejar aquello. Y ahí se retoma el trasiego judicial.

Rivas abandonó Italia con sus hijos sin denunciar nada. Fue al llegar a España, cuando asesorada por el Ayuntamiento de Maracena (Granada), denunció a Arcuri por la violencia sufrida en Italia. Era mayo de 2016. La respuesta a esa denuncia es “no ha lugar por falta de jurisdicción”. Y junto a ese no, la recomendación judicial, asegura Granados, “de que vuelva a Italia y ponga la denuncia allí”. Todo pese a que, tal como cita Granados, el Estatuto de la Víctima de la Violencia de Género, vigente en España desde 2015, señala: “Las víctimas residentes en España podrán presentar ante las autoridades españolas denuncias correspondientes a hechos delictivos que hubieran sido cometidos en el territorio de otros países de la UE”. “Si esta ley se hubiera aplicado correctamente” nada de lo ocurrido después hubiera pasado porque “esta denuncia hubiera paralizado cualquier otra demanda del padre”, asegura Granados.

Pero eso nunca sucedió, por lo que Granados y María Castillo, abogada de oficio de Rivas, presentaron en enero de este año una queja ante la Fiscalía General del Estado. En marzo, llegó la respuesta: tienen razón. La Fiscalía General insta a la de Granada a que reabra el asunto y dé traslado de la denuncia a Italia. Pero el alivio de Rivas duró poco. Según sus abogadas, a día de hoy, la denuncia está guardada en el cajón de una empresa de traducción. La consecuencia es que la justicia italiana no tiene constancia de denuncia alguna contra Francesco.

Mientras se frenaba la denuncia de la madre, el padre la denunció a ella por sustracción de menores en noviembre de 2016. Esa denuncia ganó ante el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada. Por dos veces, la juez indicó que Rivas debía llevar a los niños con su padre para que éste los llevara de vuelta al último hogar familiar conocido, en Carloforte. Y dos veces se negó ella. El padre pidió la ejecución de la sentencia de entrega de los niños, a lo que las abogadas de Rivas alegaron que no hay una sentencia firme. Pero, aun con recursos pendientes de resolverse, la juez marcó el miércoles 26 de julio a las 16.30 como el momento de entrega de los niños al padre. Horas antes de esa cita, Rivas se fugó con sus dos hijos.

Hace días que Adolfo Alonso, el abogado de Arcuri, no quiere hablar pero, en declaraciones anteriores a este diario, insistió en que los niños deben volver a Italia. “A partir de ahí, el padre está dispuesto a revisar la situación. Él no se negaría a una custodia compartida y, además, la madre puede alegar lo que quiera ante los tribunales italianos”. Y termina: “No estamos ante ninguna situación irreversible”.

Un juzgado de Granada que investiga el caso por la vía penal ha citado a Rivas y a Arcuri a declarar el próximo 8 de agosto. Si ella no se presenta, se arriesga a que emitan contra ella una orden de busca y captura.

El convenio europeo protege a los menores

La asesora de Juana Rivas, Paqui Granados, reprocha que la justicia no haya aplicado en este caso el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica que recoge que “los niños son víctimas de la violencia doméstica, incluso como testigos dentro de la familia”.

Tanto Granados como la abogada de Rivas, María Castillo, consideran que nunca se ha tenido en cuenta a los menores. En una ocasión, solicitaron una evaluación psicológica para analizar el peligro que corrían al convivir con su padre. No lo hizo un organismo especializado sino una psicóloga del juzgado, que no estaba colegiada. En su informe, reconoció que el niño había sido testigo de episodios de violencia, pero señaló que no corría peligro en caso de reunirse con su padre. La juez se basó en ese informe para instar a la reunificación. La madre recurrió, pero se le denegó la impugnación. “En general, ha habido un gran desinterés”, cree Granados.

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