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El magistrado y exdiputado del PP Andrés Ollero planteó desde el inicio el varapalo a la amnistía fiscal

El párrafo con la reprimenda al Gobierno fue lo único que suscitó debate en el Constitucional

Cristóbal Montoro en el Congreso
Cristóbal Montoro en el Congreso

El varapalo del Tribunal Constitucional al Gobierno —al que ha acusado de “abdicar” de su deber de hacer contribuir al sostenimiento del gasto público y de promover el fraude con la amnistía fiscal— figuraba en la sentencia desde el borrador inicial. El ponente de este texto fue el magistrado y diputado del PP entre 1996 y 2003 Andrés Ollero, quien este viernes admitió que conoce al responsable del indulto fiscal, al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro desde la universidad, “cuando ni él ni yo habíamos pisado el Parlamento”, dijo. “Pero no estoy en el Tribunal Constitucional para demostrar si soy más o menos amigo de alguien, estoy para defender la Constitución”, aseguró Ollero cuando fue preguntado por esa relación en la cadena Cope y por su consideración sobre si Montoro debe asumir responsabilidades políticas tras la anulación del decreto de amnistía fiscal. “Es una cuestión política que no me atañe”, afirmó.

El hecho es que el pleno del Constitucional estuvo de acuerdo, en su debate del pasado miércoles, en el sentido del fallo y la decisión de anular la iniciativa del Gobierno por haberla sacado adelante a través de un decreto ley. Pero no todos coincidían en la “necesidad” de, pese a ser una sentencia sin consecuencias ni efectos prácticos, echar una reprimenda al Ejecutivo de Mariano Rajoy por “legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir”. Así, el único punto discrepante fue la redacción de ese párrafo, defendido desde el principio por Ollero, que contó, de inmediato, con el apoyo de los cuatro magistrados del llamado bloque progresista, Fernando Valdés, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, a los que se unió la vicepresidenta, Encarnación Roca. Los seis conformaron un bloque que solo era sumaba la mitad de los componentes del pleno, sobre el que se habría impuesto el voto de calidad del presidente, Juan José González Rivas, reticente al tirón de orejas al Gobierno. Pero uno de los magistrados del sector conservador, Pedro González Trevijano, no estaba presente por baja médica y, finalmente, todos los magistrados optaron por dar el visto bueno a la reprimenda.

Aunque la sentencia sostiene que la amnistía fiscal afectó “a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”, su redactor, Andrés Ollero, señaló ayer que, desde su punto de vista, el Tribunal Constitucional “no se ha pronunciado” sobre la posibilidad de que haya una regularización fiscal en el futuro a través de una ley y no un decreto como el anulado.

“No se ha pronunciado de manera clara sobre si por ley se podía haber hecho”, afirmó el magistrado.