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Un juez manda al banquillo a ‘Kichi’, pese a que la fiscalía pide su absolución

El alcalde de Cádiz está acusado de injurias tras apuntar que el PP suministró agua contaminada

El alcalde de Cádiz, José María González, con un vecino de la localidad.
El alcalde de Cádiz, José María González, con un vecino de la localidad.

El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, tendrá finalmente que sentarse en el banquillo, acusado de injurias y calumnias contra el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, del PP. El Juzgado de Instrucción 3 de Cádiz ha emitido un auto en el que procesa al alcalde y decreta la apertura de juicio oral contra él y dos acusados más, su jefe del Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia, y el ya exconcejal Manuel González Bauza. Los tres deberán responder a estos delitos que les imputa la acusación particular y pese a que la fiscalía ha solicitado su libre absolución, al entender que las críticas se hicieron dentro del ámbito político.

El alcalde deberá responder a la acusación de delitos contra el honor en los juzgados de lo Penal de Cádiz, después de que González denunciara que el PP local había suministrado agua contaminada “a sabiendas” a un barrio de Cádiz, Loreto, durante 14 días en el verano de 2014. Dado que la fiscalía no ve delito en las palabras de González, el regidor se enfrenta a las acusaciones particulares del equipo de gobierno del PP y de José Blas Fernández (concejal popular) “por un delito continuado de calumnias con publicidad y otro de injurias con publicidad”, tal y como detalla el auto firmado por la juez Rosa María Jover y fechado el pasado 1 de junio.

Ambas acusaciones han solicitado “penas de 24 y 14 meses de multas de 20 euros diarios por delitos de injurias y calumnias, la publicación de la sentencia a costa de los procesados en los medios de comunicación donde se difundieran las calumnias e injurias que se enjuician, y la indemnización a los querellantes en concepto de responsabilidad civil” de 30.000 euros, tal y como ha puntualizado el grupo municipal del PP en un comunicado.

La misma juez que ahora firma el auto de procesamiento del alcalde decidió en primera instancia archivar la causa en septiembre de 2016. Consideró, al igual que ahora hace la fiscalía, que las críticas se realizaron dentro del ámbito político y que no perseguían un interés difamatorio. Además, llegó a valorar el tratamiento que los medios habían hecho de sus palabras. En aquella ocasión, la fiscalía respaldó la decisión. Sin embargo, un recurso de la acusación del PP hizo que la Audiencia Provincial decidiese en enero de 2017 devolver el caso al Juzgado de Instrucción 3.

El pasado 14 de febrero, González tuvo que comparecer ante Jover para aclarar las palabras que pronunció el 7 de marzo de 2016 ante los vecinos de Loreto y los medios de comunicación. El regidor se reafirmó en sus palabras. “La juez me ha preguntado si tenía voluntad de injuriar y le he dicho que no, pero que sí hubo una mala gestión técnica y política del problema”, explicó el regidor a la salida de los juzgados. Y añadió: “Se desoyeron los informes elaborados por expertos de la Universidad de Cádiz que hablaban de la presencia de e-coli y otras bacterias. Me reafirmo en mi entrecomillado y respondo por ello, aunque no puedo responder por los titulares y los juicios subjetivos que se realizaron”. Después de la reafirmación de sus palabras, la Fiscalía ha decidió no presentar acusación alguna y solicitar la libre absolución “con reserva de las acciones civiles que pudiesen corresponder”.

El grupo municipal popular ha lamentado que ni González ni los otros dos encausados “hayan aprovechado las oportunidades que le ofrecía el acto de conciliación para rectificar, disculparse”. “Cádiz no merece tener un alcalde procesado, y si lo tiene al día de hoy es porque González se reiteró en sus calumnias e injurias en las que imputaba un delito execrable que solo a personas miserables se les puede ocurrir; suministrar agua contaminada a sabiendas de que se hacía a 13.000 personas durante 14 días. Lo dijimos el primer día que le escuchamos y lo decimos ahora que por fin responderá ante el juez de sus delitos: nos acusaron de una monstruosidad, de algo deleznable, y eso jamás puede considerarse crítica política”, han indicado desde el PP.

Por su parte, el actual equipo de gobierno ha señalado al “empeño fanático y rencor del PP” como responsables de que las declaraciones del alcalde acaben siendo objeto de un juicio. Los responsables municipales han lamentado haberse “enterado una vez más por la prensa de la decisión de la juez”. En su valoración, se han reafirmado en la acusación y agradecido que se vaya a realizar el juicio oral “para poder demostrar la verdad, que no es otra que no hubo ataque al honor y sí una pésima y carísima para la ciudad gestión política del incidente”. Igualmente, han precisado que la apertura del juicio oral era inevitable pese al pronunciamiento contrario de la fiscalía toda vez que hay dos acusaciones particulares, ambas representando a concejales del PP. “Pese a que la fiscalía, que es quien representa la legitimidad pública, ha repetido por segunda ocasión que no ve delito en esas declaraciones, el PP antepone su empeño fanático y la judicialización de la vida política como su única arma de oposición a toda lógica procesal y política”, han insistido estas fuentes municipales.

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