Trillo afirma que las urnas le absolvieron y que volverá al Consejo de Estado
El exministro de Defensa asegura que todos "sufrieron mucho" con el Yak y que por eso se indultó a los militares condenados
El exministro de Defensa Federico Trillo responde al dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza al ministerio del accidente del Yak-42 criticando a las familias de las víctimas y a EL PAÍS, que publicó el informe. Asegura que él ya había pedido dejar la Embajada en Londres y que volverá al Consejo de Estado porque es letrado del organismo por oposición desde 1979. Trillo cumple en mayo los 65 años, pero los funcionarios pueden solicitar una prórroga de cinco antes de jubilarse. La oposición pide que no ocupe más un cargo público.
No le echan, porque él pidió marcharse en mayo— “Aquí estábamos prácticamente con las maletas hechas”, declaró—. No le responsabilizan del accidente del Yak-42 —el dictamen del Consejo de Estado fue “manipulado” y lo importante es que se abra una investigación para saber cómo llegó a manos de EL PAÍS—. Los familiares de las víctimas le “increparon tras penetrar en el Parlamento” y quieren dinero —“es natural que pidan indemnizaciones”— y, pese a que tanto las familias como la oposición exigen que no vuelva a tener un cargo público, piensa reincorporarse al Consejo de Estado, del que es letrado desde 1979. Así respondió Federico Trillo este jueves en La Cope al demoledor informe del organismo que preside un compañero de partido, José Manuel Romay Beccaría.
El exministro no asume responsabilidad política alguna por el accidente en el que perdieron la vida 62 militares españoles en 2003, pese al dictamen aprobado por unanimidad en el Consejo de Estado. Al contrario, Trillo declaró que las urnas le habían absuelto cada vez que se presentó como cabeza de lista del PP por Alicante en 2004, 2008 y 2011: “El electorado sí es un tribunal por responsabilidades políticas”.
“El perdón es bueno”
De los tres mandos militares condenados por las identificaciones erróneas del Yak-42, uno falleció sin entrar en prisión y otros dos fueron indultados por el Gobierno de Mariano Rajoy. Trillo justificó esa "medida de gracia" porque dijo que se había "sufrido" mucho y "el perdón es bueno”. Granada Ripollés, hermana de una de las víctimas, responde: “Un requisito del indulto debía ser el arrepentimiento, pero nunca nos pidieron perdón. Para nosotros, habría sido suficiente”.
Trillo aseguró que hace un año ya avisó de su intención de reincorporarse al Consejo de Estado. El embajador cumple en mayo la edad de jubilación, pero los funcionarios pueden pedir una prórroga de cinco años. La ley de función pública establece que "la Administración Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación". Ya forman parte del organismo consejeros con más de 65 años, como María Teresa Fernández de la Vega, también funcionaria. “Sobre mi futuro político, aquiétense, criaturas. Vuelvo al Consejo de Estado y mi futuro ya lo decidiré, dios mediante, cuando llegue”, insistió el exministro de Defensa.
Trillo, premiado con la Embajada en Londres en 2012 pese a no tener la carrera diplomática, criticó a los miembros del Consejo de Estado que no están en él por oposición. “Yo no estoy ahí como el señor Ledesma [Fernando, ministro de Justicia con el PSOE]. No he ido al consejo a dedo, soy un profesional. Aprobé una oposición costosísima”.
Tanto el exministro como el PP desvinculan su salida de la embajada del dictamen por el Yak-42 y deslizan dudas sobre el momento en que se ha hecho público. “No sé por qué razón sale ahora. Es un misterio. No sabemos si tiene o no intencionalidad. Todos pensábamos que el tema se había sustanciado suficientemente”, declaró el vicesecretario de organización del partido, Fernando Martínez-Maillo, en Rne.
Las familias de las víctimas del Yak-42, que se reunirán el martes con la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, están “indignadas”. “Las indemnizaciones nos importan un comino”, afirma Granada Ripollés, hermana de José Manuel, comandante que murió en el accidente. “El dictamen del Consejo de Estado nos parece una noticia formidable y establece que no hay derecho a indemnizaciones. Nunca hemos peleado por dinero, sino por la verdad. Porque tenemos un compromiso con los nuestros, que nos avisaron de que tenían miedo de viajar en aquellos aviones”, añade Miguel Ángel Sencianes, presidente de la asociación de familiares de las víctimas. Ripollés explica, una vez más, que estaban preparados para que los suyos perdieran la vida en un ataque talibán, o durante la misión. “Pero no para una tragedia que podía haberse evitado, ni para las mentiras, maltrato y humillaciones que hemos sufrido durante 13 años”.
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