La acumulación de cargos de Cospedal agita el congreso nacional del PP

“A estas alturas sería ridículo negar que en los cuadros del partido existe un malestar por el hecho de que la secretaria general ocupe, además, el cargo de ministra de Defensa, donde se ha de guardar una neutralidad institucional, y el de presidenta del PP castellanomanchego”, afirma un veterano dirigente popular. “Muchos piensan que lleva ya mucho tiempo, que debe dejar que otras personas tengan su oportunidad y que un partido necesita mucha dedicación. Si no hay cambios en la secretaría general del PP, el congreso de febrero pasará sin pena ni gloria”, añade.

Varios dirigentes del partido consultados coinciden en que, por lo que les transmiten cargos y militantes del PP, las incompatibilidades van a ser “el tema estrella del congreso” después de dar por superado el eterno debate sobre las primarias, toda vez que sus más férreos defensores, como la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, han bendecido la propuesta de la ponencia de estatutos: un sistema intermedio, a doble vuelta, donde los militantes amplían su participación pero los compromisarios siguen teniendo la última palabra para elegir al presidente del partido.

“Un coladero”

Fuentes de la dirección popular creen el régimen de incompatibilidades va a ser el asunto que más enmiendas genere en el congreso. El partido podría incorporarlas sobre la marcha al texto o debatirlas y votarlas durante el congreso, del 10 al 12 de febrero. Los vigentes estatutos del PP ya tienen un régimen de incompatibilidad de cargos, pero la dirección del partido admite que no se cumple. Por ejemplo, establece, “con carácter general” que no podrá desempeñarse “más de un cargo territorial de presidente o secretario general en el partido, ni acumular a este más de un cargo de representación institucional, local, autonómica o nacional”. También establecen que “la condición de diputado al Congreso o del Parlamento Europeo es incompatible con el desempeño de cargos de presidente o secretario general insular, provincial o autonómico del partido y con los de alcalde, presidente de diputación provincial, consell o cabildo insular”. Pero ya hay cargos actualmente en el PP que incumplen esas normas. “Es un coladero. Se permiten excepciones pero la excepcionalidad ha terminado haciéndose genérica”, afirma un dirigente popular.

Todas las veces que se le ha preguntado al respecto —la última, el pasado viernes—, Mariano Rajoy ha evitado aclarar si piensa mantener a Cospedal como secretaria general tras incluirla en su gabinete como ministra de Defensa. Ella, por su parte, traslada el mensaje de que seguirá. “No os vais a librar de mí”, contestó cuando, el día de su toma de posesión en el ministerio, se le preguntó si continuaría como secretaria general tras el congreso del partido.

Los autores de la ponencia política y de estatutos para el próximo congreso, coordinada por el vicesecretario de organización, Fernando Martínez-Maillo, no han endurecido los requisitos de compatibilidad de cargos, pero sí establecen un nuevo mecanismo de control. El documento propone que la nueva oficina del cargo popular vele por la aplicación del régimen de incompatibilidades. Dicho organismo, de nueva creación, estará formado por entre tres y cinco personas que no ocupen ningún cargo público ni orgánico dentro del PP y que serán elegidos a propuesta del presidente y aprobados por el comité ejecutivo.

Esta oficina, además, abrirá un canal para presentar denuncias por posibles irregularidades cometidas por cualquier militante y custodiará las “declaraciones de idoneidad” que tendrán que presentar quienes aspiren a un cargo en el partido, como son su patrimonio, declaración de la renta y currículum.

La autorización de excepciones para compatibilizar cargos serían aprobadas por el comité ejecutivo nacional previo informe de la oficina. La ponencia política y de estatutos establece un año de plazo para que quienes acumulan cargos renuncien a alguno de ellos y regularicen su situación.

Los estatutos del PP, en cualquier caso, no contemplan un régimen de incompatibilidades para actividades privadas y fuentes del partido explican que eso debe tramitarse por la vía legislativa, tanto en el Congreso como en los Parlamentos autonómicos.