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El futuro de las reválidas, en peligro por tener un Gobierno en funciones

El Consejo Escolar del Estado, sin cargos, debe revisar la orden que regula el examen final

El ministro de Educación en funciones, Iñigo Méndez de Vigo, entregó el pasado fin de semana el Premio Nacional de Cinematografía.
El ministro de Educación en funciones, Iñigo Méndez de Vigo, entregó el pasado fin de semana el Premio Nacional de Cinematografía. EFE

Con el curso ya empezado, crecen las dudas sobre las reválidas, la última gran medida de la ley educativa en vigor. El Gobierno en funciones aprobó en julio el decreto que las regula pero falta un paso más para el que se necesita una actuación vetada a un Ejecutivo en funciones: nombrar altos cargos. El Consejo Escolar del Estado, el órgano cuyo visto bueno es imprescindible para la aprobación de los exámenes externos de ESO y Bachillerato, se ha quedado descabezado. El gobierno en funciones no tiene autorización para nombrar nuevos cargos, por lo que el Ministerio de Educación no puede, hoy por hoy, terminar de tramitar las reglas de estas evaluaciones. Educación ha encargado un informe a la Abogacía del Estado para buscar soluciones, que estará listo “en los próximos días”, según un portavoz del ministerio.

El proyecto de orden ministerial que regula las características, el diseño y el contenido de estos exámenes finales debe pasar obligatoriamente por el órgano consultivo, cuyos dirigentes se marcharon el curso pasado. El presidente del Consejo, Francisco López Rupérez, y la vicepresidenta, María Dolores Molina de Juan, se han jubilado. El secretario general, José Luis de la Monja, falleció en agosto. Nadie puede convocar al máximo órgano educativo, en el que participan padres, profesores y administración.

El organismo lleva sin reunirse desde mayo, según distintas fuentes consultadas. Y, además de otros asuntos, tiene pendiente el trámite de la orden que regula las reválidas, que el Gobierno se comprometió a aprobar antes del 30 de noviembre.

La mayoría de las comunidades autónomas están en contra de estas pruebas de final de etapa —que examinan a los alumnos de 4º de la ESO (15 años y 16 años) y de 2º de Bachillerato (17 y 18)—. Muchas han anunciado que las recurrirán, igual que el sindicato CC OO. Según una encuesta de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el 80% de los docentes rechazan estas pruebas que solo otros cinco países europeos aplican en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. El propio Ejecutivo del PP negoció dejar sin efecto las reválidas de ESO en el pacto con Ciudadanos que acabó en una investidura fallida.

El ministro busca un pacto educativo un año después

El ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, asumió el cargo en el verano de 2015 prometiendo intentar cerrar un pacto de Estado por la educación. “Me lo piden por la calle”, señalaba en sus primeras entrevistas. Este lunes, más de un año después, inició “una ronda de contactos” para abrir negociaciones. En una nota, el ministerio del PP, que aprobó la reforma educativa en solitario, destaca su intención de que la educación “quede fuera de toda confrontación política”. El ministro tuvo la primera reunión con la CEAPA, la principal confederación de familias de la pública. “Nuestra organización no va a trabajar ni a plantear propuestas sin un Gobierno con plena capacidad de actuación”, señaló José Luis Pazos, presidente de CEAPA. El ministro recibe este martes a la confederación de padres de la concertada, CONCAPA.

La confederación de familias de la escuela pública, CEAPA, anunció ayer que presentará un recurso en la reunión que mantuvo con el ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, tras ser convocados para negociar un pacto educativo nacional.

La CEAPA forma parte del Consejo Escolar del Estado. Su presidente, José Luis Pazos, ha asegurado este lunes que la solución que baraja el ministerio para poder reunir al Consejo “pasa por convocar una mesa con los integrantes de mayor edad o de mayor antigüedad” en el organismo. Para Pazos, esa fórmula puede dejar el Consejo “sin legitimidad, dependiendo de si recae en personas que no consideremos interlocutores, como la patronal de los centros privados o como la federación de municipios y provincias, que supondría poner al frente a otro representante del PP”.

“El ministro sabe la incertidumbre que generan las pruebas”, añade Pazos. “Dice que las aprobaron en verano para cumplir la ley, pero se van a meter en un jardín del que no van a poder salir fácilmente”.

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