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Hacienda abre la mano con Cataluña en plena negociación de investidura

Autoriza a Cataluña a suscribir otros préstamos a corto plazo por 685 millones

Jesús Sérvulo González
Oriol Junqueras, este jueves, en Madrid.
Oriol Junqueras, este jueves, en Madrid.Paco Campos (EFE)

El Gobierno en funciones del PP trata de suavizar a trompicones sus relaciones con Cataluña. En medio de su acercamiento a los partidos catalanes para desencallar la investidura de Rajoy, se ha comprometido a estudiar cómo refinanciar 1.600 millones de deuda que le vencen a la Generalitat en agosto. Una promesa que sabe a poco a la Generalitat, que viene escuchando algo parecido desde hace meses sin ningún resultado. Lo que está más claro es la autorización a Cataluña para que suscriba deuda a corto plazo por 685 millones.

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La esperada reunión entre la vicepresidenta en funciones del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, en la que estuvo presente el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha saldado con más compromisos que con medidas reales.

Apenas han tratado sobre los supuestos apoyos de los diputados de la antigua Convergencia, socios de Junqueras en el Gobierno catalán, para que el PP presidiera el Congreso. Los apuros financieros de Cataluña han tenido más protagonismo en la reunión.

El Gobierno interino del PP se ha comprometido a estudiar cómo refinanciar 1.600 millones de euros de deuda a corto plazo de la Generalitat que vence en julio y agosto a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Una promesa que lleva meses en la balanza de la negociación pero que no termina de formalizarse. Fuentes de la Generalitat admiten que el Ejecutivo central fue muy impreciso respecto a esta propuesta pese a que otras fuentes gubernamentales tenían intención de presentarlas como un guiño en la reunión para suavizar las tensas relaciones entre ambas instituciones.

Autoriza 685 millones

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El único compromiso claro que salió del encuentro, que se celebró en un clima de cordialidad, según admiten ambas partes, es la autorización para que Cataluña pueda suscribir deuda a corto plazo por 685 millones de euros. Aunque el Ejecutivo vendió esto como una concesión, en realidad es un acto casi de oficio que se aprueba cada poco en los consejos de ministros. Cataluña depende del buen funcionamiento del FLA. Y para gestionar mejor su tesorería necesita refinanciar buena parte de los créditos a corto plazo a un vencimiento más amplío a través de este mecanismo.

El Gobierno se muestra dispuesto a aumentar la liquidez de Cataluña mediante la conversión de esta deuda con vencimientos en corto plazo en deuda a largo plazo, explican fuentes del Ejecutivo estatal. De hecho, en los primeros seis meses de este año ya ha autorizado 4.200 millones de los 5.100 millones que había reclamado Cataluña a final de año. Desde la Generalitat insisten en que estas autorizaciones son meros trámites porque en caso contrario provocaría un grave problema financiero en Cataluña que repercutiría en toda España. Lo que piden es traspasar estos créditos a largo plazo para poder gestionar mejor su tesorería.

Fuentes de la Generalitat admiten, además, que han encontrado buena disposición por parte del Ejecutivo para impulsar que Barcelona se convierta en la sede de la Agencia Estatal del Medicamento, una institución cuya sede se encuentra actualmente en Londres pero que con el Brexit podría mudarse a otra ciudad.

En realidad el compromiso del Gobierno en funciones pasa por estudiar como refinanciar los vencimientos de deuda a corto plazo por 1.600 millones de euros entre julio y agosto mediante el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), los créditos baratos que el Ejecutivo ofrece a las comunidades. De esta forma, la Generalitat podría reestructurar la deuda que le vence en el corto plazo en instrumentos a largo plazo y con un menor tipo de interés. Esta operación supone un guiño político a la Generalitat en plena negociación del Gobierno por parte del PP. Es un gesto simbólico a Cataluña que tiene los mercados financieros cerrados y solo puede obtener liquidez a través de estos mecanismos del Estado.

La conversión de la deuda a corto plazo a largo es una de las viejas reclamaciones de Junqueras a Montoro. Muchos de los créditos a corto plazo que acumula la Generalitat los suscribió durante los peores años de la crisis financieras, entre 2012 y 2013, con los grandes bancos españoles.

Cuando el Gobierno central puso en marcha el FLA, a finales de 2012, este no atendía los vencimientos de deuda que las comunidades tenían con las entidades nacionales, solo con las internacionales. Las administraciones autonómicas tuvieron que atender estos vencimientos de bancos españoles con créditos a corto plazo de esos mismos bancos. Dos años después cuando el FLA se institucionalizó, el Gobierno también abrió la puerta a refinanciar la deuda que las comunidades tenían con los bancos nacionales.

Y la Generalitat comenzó a reclamar al Gobierno que atendiese sus vencimientos a corto plazo tanto los que tenía de entidades nacionales como de internacionales. Ahora el Ejecutivo, inmerso en plena negociación del Gobierno, atiende esta petición de la Generalitat. En realidad, con esta decisión las comunidades no bajan su nivel de deuda. Lo que hacen es aliviar su liquidez porque postergan los vencimientos de la deuda que tienen pendientes en los próximos meses, lo que les da mucho más margen para gestionar la liquidez.

Además, el Ejecutivo en funciones tutela que el dinero que entrega a la Generalitat no se destina a otras actividades que a pagar los vencimientos. El año pasado impuso a Cataluña un férreo control de sus finanzas. El FLA financia tanto vencimientos de deuda financiera como las facturas pendientes por el importe del déficit permitido este año (0,3% del PIB). Para inyectar estos créditos a Cataluña reclamó un informe de la intervención general que acreditase que no iban a financiar actividades vinculadas con el proceso de independencia.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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