Barberá esquiva la citación judicial por ser aforada ante el Supremo

Los miembros del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia van a ser llamados a declarar en su conjunto en calidad de imputados para ser interrogados sobre el supuesto caso de financiación irregular del partido en la ciudad.

Según los indicios de que disponen los investigadores, concejales y empleados del partido hacían aportaciones de 60 euros al partido cada mes —algo que también ocurría en la Diputación de Valencia a modo de cuota— y antes de las últimas elecciones locales de mayo ingresaron 1.000 euros. Un dinero que, al menos a una parte de ellos, les habría sido devuelto en metálico con fondos de origen desconocido. Según las fuentes, la exalcaldesa Rita Barberá habría sido citada como una más si no fuera porque es senadora y, por tanto, aforada ante el Tribunal Supremo.

En el supuesto de que el magistrado Víctor Carrasco, del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, acoja la tesis de los investigadores y decida que debe ser imputada, tendrá que enviar una exposición razonada de motivos al alto tribunal. Pero para esa eventual situación falta tiempo.

Los tribunales que tienen a su cargo aforados exigen a los jueces instructores que lleven sus investigaciones casi hasta el final antes de elevar esa petición. Así ha sucedido en otros procedimientos, como el caso de los ERE de Andalucía, ante el Supremo, y Nóos y Cooperación ante el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana.

El alto tribunal fijó en 2012 las siguientes condiciones para los instructores: “Primero, que se depuren cuantas diligencias de investigación sean necesarias para completar la investigación. Y, en segundo lugar, que al hilo de lo anterior aparezcan indicios racionales de criminalidad o sospechas fundadas o verosímiles de la participación del aforado en los hechos objetos del proceso. Será entonces y solo entonces cuando proceda enviar la correspondiente exposición razonada”.

Ello no sucederá, aseguran fuentes de la investigación, hasta dentro de unos meses como mínimo.

Además de los pagos irregulares al Grupo Popular, la investigación apunta al posible conocimiento de Barberá del sistema de mordidas de la red Taula, que habría empezado a funcionar en 2004. En las grabaciones realizadas por el ex alto cargo valenciano Marcos Benavent se alude a una “jefa” que estaría al tanto del amaño de contratos. Y los investigadores mantienen que esa persona es la exalcaldesa. Barberá ha negado haber participado o tenido constancia de la trama. Y ha rechazado también que, como apunta las cintas, su sobrino y empresario Enrique Sospedra Barberá se beneficiara de contrataciones irregulares.

Barberá ha salido hasta ahora indemne de todos los casos judiciales que han estallado en Valencia. No se vio implicada en Gürtel, aunque Álvaro Pérez, El Bigotes, presunto cabecilla de esta trama en Valencia, comentaba en una conversación grabada por la policía que le había regalado un bolso. También evitó ser imputada en el caso Nóos, pese a la petición del juez de Palma José Castro, por falta de pruebas. La Fiscalía indaga en otras diligencias sus gastos de representación, el llamado Ritaleaks.

En una situación similar se halla el exvicepresidente de la Generalitat valenciana Gerardo Camps. En la investigación hay indicios que apuntan a él, aseguran fuentes de la misma. Pero el también ex secretario de Estado de la Seguridad Social es diputado en el Congreso y solo el Supremo puede tomarle declaración como imputado.