Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Imputado un cargo del PP en Avilés por un soborno de 360.000 euros

La juez del caso Pokémon atribuye también al exportavoz del partido y a su esposa, exedil, los delitos de blanqueo y tráfico de influencias para favorecer a Agbar

Después de imputar la semana pasada a Agustín Iglesias Caunedo, exalcalde popular de Oviedo, por tres viajes de lujo (Nueva York, Croacia y Florida) que supuestamente le regaló al político una filial del grupo Agbar, la juez del caso Pokémon contra la corrupción llama a declarar ahora —también en calidad de imputados— al expresidente del PP en Avilés y a su esposa, exedil en la misma localidad asturiana, por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Joaquín Aréstegui y María del Carmen Vega tendrán que presentarse ante el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo el próximo 13 de enero (el mismo día que Caunedo) junto a un supuesto conseguidor —miembro del PP, pero a sueldo de la empresa Aquagest (Agbar)— que se habría encargado de sobornar a la pareja con la reforma completa de su dúplex y la adquisición del mobiliario hasta el último detalle, incluidos televisores y colchones.

Aréstegui, que en la trama aparece definido como "activo colaborador" de Aquagest en Asturias, era presidente del partido en Avilés y portavoz del PP en el Parlamento autonómico cuando presuntamente recibió la promesa de una recompensa de 360.000 euros a cambio de sus favores políticos. En un registro en la casa del supuesto conseguidor o "abrelatas" pagado por Agbar, Joaquín Fernández Díaz, los agentes encontraron una hoja de cálculo que estaría fechada en 2010 en la que se indicaba que la "cantidad comprometida" con Aréstegui era esa, y que en aquella fecha todavía faltaba por satisfacer la cantidad de 251.642,57 euros. El popular dimitió de su cargo de presidente del PP en Avilés el mismo fin de semana en que se conocieron detalles del sumario y saltó el escándalo. Poco después, el Gobierno central lo destituyó del cargo al que seguía aferrándose, el de delegado en Asturias de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

Hasta el momento, según detallaba aquella cuenta de Joaquín Fernández, Aréstegui y Carmen Vega habían recibido supuestamente 108.357,43 euros. Tal cantidad figuraba desglosada de esta manera: por "gastos de campaña Aréstegui candidato" se le habían pagado 10.578,29 euros; por "equipar vivienda", 12.012,74; por "limpieza vivienda", 150; por "fianza alquiler", 6.000; por una batería para el móvil de la entonces concejala en Avilés, 216,4 euros; por "alquiler" en 2010, 14.400. En "metálico", otros 65.000.

Además, según los agentes de Vigilancia Aduanera que trabajan a las órdenes de la juez Pilar de Lara, el matrimonio, presuntamente, fue sobornado con el pago de la reforma de su dúplex en Avilés. Por este concepto se han hallado en los registros (entre estos, el de la propia vivienda el pasado verano) varios presupuestos; el más caro superaba los 81.000 euros. Cuando entraron con orden judicial a registrar el domicilio, los agentes comprobaron que la obra se había llevado a cabo. Los investigadores creen que Aquagest fue la pagadora final de todos estos gastos y que, para ocultarse, utilizó como intermediaria a otra empresa, la constructora gallega CPS (Construcciones en Piedra Sigrás) Obras e Infraestructuras del Atlántico.

Aduanas sospecha, además, que esta gran cantidad de dinero se desvió del coste oficial de unas obras en la depuradora de La Lleda, en Avilés, y vinculan el supuesto cohecho con el contrato que firmaron en octubre de 2009 el Ayuntamiento de Avilés y Aquagest. Por este acuerdo se fundaba Aguas de Avilés, una empresa mixta de saneamiento con vigencia para un cuarto de siglo y un canon de más de 37 millones. La filial de Agbar se hacía con el 74% de la compañía, y del resto era titular el consistorio.

Más información