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Aduanas entra en los Ayuntamientos de Oviedo y Pontevedra

La Operación Pokémon busca abundante información sobre contratos relacionados con Aquagest, filial de Agbar, e investiga por qué desaparecieron papeles de los expedientes

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Oviedo y exalcalde de la ciudad, Agustín Iglesias Caunedo, el 3 de noviembre.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Oviedo y exalcalde de la ciudad, Agustín Iglesias Caunedo, el 3 de noviembre. Alberto Morante (EFE)

No se trata, de momento, de un registro al uso. Los agentes de Aduanas que trabajan a las órdenes de la juez Pilar de Lara, instructora del caso Pokémon y sus derivadas, se han presentado esta mañana de forma casi simultánea en el Ayuntamiento gallego de Pontevedra y los asturianos de Oviedo y Salas. Han reclamado varios expedientes que guardan relación con contratos vinculados a la empresa concesionaria del servicio de aguas Aquagest, propiedad al 100% del grupo catalán Agbar. En Oviedo, los investigadores buscan un informe sobre una red de saneamiento y documentación referida a un voluminoso aval devuelto a la compañía en los años en que formaba parte del gobierno local como concejal de Economía Agustín Iglesias Caunedo, alcalde de la ciudad entre 2012 y el pasado junio.

Según fuentes relacionadas con el caso, en el expediente municipal faltaban los papeles de un acuerdo que tomó la junta de gobierno el 5 de diciembre de 2008 oponiéndose a la devolución de dicha cuantía a la empresa. Al final al menos una parte del aval, 403.000 euros, le fue devuelta a Aquagest en el verano de 2009 con el visto bueno del interventor, cuando Caunedo, siendo edil, viajó a Croacia con otro miembro del partido, supuesto conseguidor de Agbar en la comunidad, Joaquín Fernández. Caunedo asegura que corrió con todos sus gastos, pero la instructora sospecha que aquel año tanto él como un concejal de Gijón, Manuel Pecharromán, viajaron a Croacia, a Nueva York y a Florida con todos los gastos pagados por la empresa concesionaria y, de hecho, en la agencia de viajes aparece esta como pagadora de los billetes. En el registro del ordenador de Joaquín Fernández, a sueldo de Aquagest, había cuentas muy detalladas que, por ejemplo en Dubrovnik, incluían un apartado de "putas y varios".

En Oviedo, además, se busca información sobre una red de saneamiento porque en el domicilio de Fernández, considerado por Aquagest su "abrelatas" en los Ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, aparecieron anotaciones sobre este asunto. El contrato no es de Aquagest, sino de la empresa Mecuma, que sin embargo tiene alguna subcontrata con la filial de Aguas de Barcelona.

No obstante, donde más información ha reclamado el Servicio de Vigilancia Aduanera es en el Ayuntamiento de Pontevedra, que gobierna Miguel Anxo Fernández Lores (BNG). Según las mismas fuentes, la juez investiga si el regidor; el portavoz del gobierno local y concejal de Hacienda, Raimundo González; y varios funcionarios favorecieron a Aquagest a la hora de ser contratada. Los agentes han pedido mucha documentación sobre el proceso de contratación y sobre la renovación del servicio. Estos dos políticos también aparecieron señalados recientemente en un informe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), el grupo de la policía nacional que trabaja en otro caso, la conocida como Operación Patos contra la corrupción en la provincia de Pontevedra. Tanto Lores como Raimundo González figuran en una lista de la empresa Cespa, concesionaria de la limpieza en la ciudad, en la que se relacionan enchufes de trabajadores con los "mentores" políticos de estas recomendaciones.

Los casos Pokémon y Patos completan el mapa de Galicia, con sus siete ciudades y abundantes localidades de menor tamaño. La Patos, dirigida por la juez de Instrucción número 7 de Vigo, Carmen García Campos, nació más tarde y se centró en la provincia de Pontevedra. La Pokémon, a cargo de Pilar de Lara Cifuentes, del juzgado 1 de Instrucción de Lugo, entró de lleno en Lugo, Ourense, Santiago y A Coruña, investigó también al PP de Ferrol y, con los casos de supuesta corrupción que salieron a la luz, acabó precipitando varias dimisiones y después todo un vuelco político municipal.

En Galicia, Aquagest ya no es Aquagest. Después de que estallase la operación Pokémon que desde 2012 rastrea supuestos sobornos y favores a políticos a cambio de contratas públicas, y que acumula ya más de cien imputados, la empresa de aguas cambió de nombre. Hoy se llama Viaqua. Los investigadores han hecho seguimientos a políticos y han documentado encuentros y reuniones de mesa y mantel entre representantes de la compañía y gobernantes pontevedreses. Los agentes intentan ahora atar cabos y comprobar si existe relación entre estas citas y supuestos favores a la empresa.

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