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Montoro abordará en el Congreso de los Diputados la confesión del exmandatario

La carta del expresidente catalán deja entrever que legalizó su dinero tras la amnistía fiscal

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, protagonizará el próximo martes una de las intervenciones más destacadas del curso político. Oficialmente, acudirá al Parlamento para hacer balance sobre la lucha contra el fraude fiscal, pero con esa excusa entrará de lleno en el caso Pujol. El ministro explicará, según fuentes de Hacienda, si el expresidente de la Generalitat mintió o dijo la verdad en la confesión que realizó a finales de julio, en la que reconoció, a través de un comunicado, que su familia había mantenido una fortuna oculta en el extranjero.

Pujol dejó entrever en su confesión que no se acogió a la amnistía fiscal que el Gobierno aprobó en 2012 para que los que tenían dinero negro lo afloraran a cambio de pagar un 10% —aunque finalmente se quedó en cerca de un 3%—. “Lamentablemente, nunca se encontró el momento adecuado para regularizar esta herencia, como sí han podido hacer el resto de personas que se encontraban en una situación similar en tres ocasiones excepcionales a lo largo de más de treinta años de vigencia del actual sistema tributario”, señalaba Pujol en su escrito. El expresident se refería a las amnistías fiscales que ha habido: dos con Gobiernos socialistas y la última con el PP.

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“Finalmente”, añadía, “ha tenido que ser en estos últimos días que los miembros de mi familia han regularizado esta herencia, con las consecuencias del nuevo marco legal aprobado para incentivar la última regularización excepcional de noviembre de 2012 y para penalizar extremadamente las regularizaciones posteriores”. Esto deja entrever que ha legalizado su dinero negro en un proceso de regularización extemporáneo con la Agencia Tributaria.

Sobre estos asuntos se podrá pronunciar el ministro de Hacienda. Desde su departamento reconocen que el artículo 95 de la Ley General Tributaria garantiza “el carácter reservado” de los datos fiscales, pero recuerdan que si un contribuyente hace alusión a sus actividades con el fisco, los responsables de la Administración tributaria pueden responder si lo que dice es verdad o mentira.

Así hizo el ministro en el caso Bárcenas: cuando el abogado del extesorero popular aseguró que se había acogido a la amnistía, Montoro negó que lo hubiera hecho como persona física. Finalmente, se demostró que Bárcenas decía la verdad, ya que aportó a la Audiencia Nacional documentación para acreditar que se había acogido a la amnistía a través de la empresa Tesedul, una de las 618 adheridas a la amnistía, y no de forma individual. El ministro, sin embargo, no podrá dar datos, cifras o describir situaciones fiscales concretas de ninguno de los miembros de la familia Pujol.

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El debate político se centra en si Montoro debe o no explicar si se acogieron a la amnistía fiscal. El portavoz de Hacienda del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, lo acusó ayer de interpretar la ley “a conveniencia” por resistirse a aclarar si Pujol se ha acogido a la amnistía. Saura recordó que sí lo hizo con Bárcenas. E insistió al Gobierno que debe revelar si alguien de la familia Pujol se ha beneficiado de esta fórmula “indecente”. Álvaro Anchuelo, de UPyD, también criticó al ministro, porque considera que utiliza la lista de los que se acogieron a esa fórmula “con fines partidistas” y “según le interesa”.

Más contundente fue Joan Coscubiela, diputado de ICV, quien considera “incomprensible” que la ley “proteja al defraudador frente al conjunto de la sociedad”. En la misma línea se manifestó el nuevo secretario de organización del PSOE, César Luena, quien reclamó que se busquen fórmulas para explicar la situación fiscal de los Pujol. “La ley no puede proteger a delincuentes”, dijo.

Montoro sí habló de Bárcenas

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha apelado en más de una ocasión a la Ley General Tributaria para no dar información fiscal de ciertos ciudadanos. Lo hizo incluso para contradecir su promesa, formulada en 2012, de publicar una lista con los nombres de los principales evasores de impuestos españoles. Pero con el extesorero del PP, Luis Bárcenas, imputado por fraude fiscal, falsedad de documentos y estafa procesal, fue distinto. En la comisión de Hacienda del Congreso celebrada el 23 de enero de 2013, acosado por las preguntas de la oposición, Montoro aseguró que el exsenador popular no aparecía en la lista de los 29.065 contribuyentes que blanquearon su fortuna.

Fue después de que el abogado de Bárcenas admitiese que su cliente se acogió a esa regularización el 25 de septiembre de 2012 para hacer aflorar casi once millones de euros, por los que pagó poco más de un millón, cantidad muy inferior a los impuestos que tendría que haber abonado en su día.

Montoro se agarró a esa declaración del letrado para liberarse de la obligación legal de no filtrar datos sobre contribuyentes y negó la mayor: que Bárcenas hubiera utilizado la puerta que el Gobierno había abierto a los defraudadores. Finalmente, se demostró que el extesorero decía la verdad, ya que aportó a la Audiencia Nacional documentación para acreditar que se había acogido a la amnistía a través de la empresa Tesedul, una de las 618 adheridas a la amnistía, y no de forma individual.

En su comparecencia del próximo martes, el ministro podría utilizar el mismo argumento con la familia Pujol —la confesión por carta del expresidente de la Generalitat— para confirmar o desmentir la regularización de la fortuna.

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