Jordi Pujol Ferrusola recibió fondos de empresas contratistas con la Generalitat
El juez Ruz investiga ingresos de las mercantiles del primogénito del expresidente catalán Ingresos superiores a 200.000 euros provienen de “empresas que directa o indirectamente declaran ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña”
Las 22 páginas del auto por el que el juez Pablo Ruz imputa por blanqueo de capitales a la exesposa de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, contienen dos párrafos que van mucho más allá de los once coches deportivos de lujo que se han conocido hasta ahora. El magistrado de la Audiencia Nacional señala en el escrito que dos de las sociedades mercantiles del primogénito de Pujol y de su exmujer, Mercé Gironés Riera, recibieron entre los años 2004 y 2012 “imputaciones” (ingresos) “por importes superiores a los 200.000 euros” de “empresas que directa o indirectamente declaran ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña”.
Las sociedades del matrimonio investigadas, Iniciatives, Marketing i Inversions SL y Project Marketing CAT SL, tuvieron ingresos de 7,92 y 6,04 millones de euros, respectivamente, en esos años. Ambas figuran en el Registro Mercantil como “intermediarias del comercio de productos diversos”. Los saldos de las cuentas bancarias del matrimonio —ya divorciado— y sus sociedades crecieron de 106.796 euros en 2008 a 12,21 millones de euros en 2012, según los datos enviados por la Agencia Tributaria al juez Ruz.
Ruz avanza con cautela
El juez de la Audiencia Pablo Ruz ha impreso a la investigación sobre los negocios del hijo mayor de Jordi Pujol el mismo sello de prudencia que ha marcado el desarrollo de los casos Gürtel o sobre los papeles de Bárcenas. El magistrado avanza con cautela en la búsqueda de indicios que prueben el delito de blanqueo de capitales y otros delitos que pudieran ser antecedentes de aquel. En su última resolución ha ordenado a la UDEF toda una batería de diligencias, pero ha rechazado otras actuaciones que los agentes policiales le proponían para avanzar en la investigación al considerarlas, según los casos, innecesarias, desproporcionadas o ajenas a la causa. No obstante, Ruz deja la puerta abierta a ordenarlas en un futuro una vez analizado el resultado de las pesquisas decretadas en su último auto.
En esta resolución, el juez Ruz reclama a cinco bancos —BBVA, Credit Suisse, Banco Santander, Banco de Finanzas e Inversiones SA y Banque Privée Edmont de Rothschild— información sobre los movimientos superiores a 3.000 euros en las 80 cuentas corrientes abiertas a nombre del matrimonio y de las empresas de este. También reclama información sobre la venta de dos fincas rústicas en Palamós (Girona) en julio de 2006 por 4,8 millones de euros. Estas fincas fueron recalificadas como urbanas cuatro años más tarde, lo que multiplicó su valor.
El magistrado ha recibido un informe de la fiscalía en el que se señalan estos ingresos procedentes de empresas contratistas con las administraciones públicas catalanas en las sociedades del matrimonio ya disuelto. En su auto, fechado el 18 de febrero, requiere a 17 empresas, entre ellas constructoras, consultoras de ingeniería y concesionarias de infraestructuras, para que en el plazo de cinco días le “informen de la naturaleza de los servicios recibidos y la documentación acreditativa de sus relaciones” con las empresas de Pujol Ferrusola y Mercé Gironés y con cada miembro del matrimonio como personas físicas.
Se trata, en concreto, de Ascot Inversions S.L., Cementos Esfera S.A., Cons. Materiales y Pavimentos Inmobiliarios S.L., Copisa Constructora Pirenaica S.A., Famguega S.L., GBI Serveis S.A., Grupo Isolux Corsan S.A., Life Mataró S.L., New-Piave Seis S.L., Novensauro Inmobles S.L., Simper Office S.L., Bulk Mines and Minerals S.L.U., Copisa Proyectos y Mant. Industriales S.A.U, Emte S.A., Inverama S.L., Isolux Ingeniería S.A. y Trade Management Consulting S.L.
Ruz ordena a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que tomen declaración a los representantes de estas empresas y “en todo caso a las personas que gestionaron la prestación de los servicios referidos” y que le envíen un informe con el resultado de estas pesquisas.
La investigación abierta por el juez Ruz deriva de la denuncia que interpuso una exnovia de Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez. Esta aseguró a la policía, y posteriormente al propio magistrado, que acompañó en hasta seis ocasiones al hijo del expresidente catalán a Andorra, país de donde este sacó más de 400.000 euros hacia España en billetes de 200 y 500 euros. Ruz inicialmente no dio mucho crédito al testimonio de la antigua novia de Pujol Ferrusola y se dispuso a cerrar la causa. Sin embargo, la Sección Tercera de la Audiencia consideró en enero de 2013 que la denuncia de Álvarez ofrecía datos “significativos” y ordenó a Ruz la apertura de la investigación por supuesto blanqueo de capitales.
La investigación ha ido tomando cuerpo con el paso de los meses. Aparte del testimonio de la exnovia de Pujol Ferrusola, que también contenía referencias a los negocios de este en México, la causa cuenta con informes de la Agencia Tributaria sobre los movimientos de divisas de Pujol y sus sociedades. En abril se supo que el primogénito del expresidente catalán efectuó entre los años 2004 y 2012 un total de 118 movimientos bancarios que suman 32,4 millones de euros a 13 países, entre ellos paraísos fiscales como Luxemburgo, Islas Caimán, Suiza o Liechtenstein.
Además, el magistrado ha pedido datos a la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre la compra de seis vehículos de alta gama —de las marcas Porsche, Jaguar, Ferrari, Lotus y Mercedes— supuestamente realizada por el primogénito del exmandatario catalán. El magistrado ha acordado que se tome declaración en calidad de testigos a los vendedores de otros cinco vehículos (un Ferrari Testarosa y un Lamborghini Diablo, entre ellos) y autoriza a la policía a realizarlas.
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