PP y PSOE pactan eliminar las 1.000 mancomunidades de municipios

Los acuerdos entre el Gobierno, el PP y el PSOE no son frecuentes ni van a abundar en este ejercicio que acaba de comenzar. El primer gran pacto estatal del mandato de Mariano Rajoy está a punto de fraguarse y será el de la Administración local. Todavía no se ha oficializado pero, si nada falla a última hora, se concretará antes del próximo 15 de enero.

El presidente cuenta con ello y también los máximos interlocutores en esta negociación, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y el popular Javier Arenas. Las conversaciones más discretas las han ultimado los responsables de política local de ambas formaciones, Gaspar Zarrías y Manuel Cobo. El PP, a su vez, reunió en Madrid la semana pasada a sus alcaldes y senadores regionales para convencerles de la oportunidad de limar algunas diferencias. Los contactos se han establecido entre el Gobierno, el PP y la dirección actual de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside el alcalde popular de Santander, Íñigo de la Serna.

Entre los aspectos más relevantes del texto consensuado con el PSOE en el futuro proyecto de Ley de Bases de Régimen Local destaca la supresión de las cerca de 1.000 mancomunidades de municipios. Otro de los puntos que más ha trascendido es la limitación de los sueldos de los alcaldes en las grandes ciudades al salario que perciben ahora los secretarios de Estado (67.055 euros). Parece una disfunción que 14 regidores de capitales de provincia (entre ellos los de Barcelona, Madrid, Bilbao o Zaragoza) ingresen salarios que rondan los 100.000 euros, cuando el presidente del Gobierno y los ministros perciben 70.000 euros. En la nueva norma también se limitarán los salarios de los concejales con dedicación exclusiva (en un porcentaje según la población del municipio).

Uno de los puntos en que más han incidido los impulsores de este proyecto tiene que ver, sin embargo, con la “clarificación de competencias del ámbito local”. Es decir, con evitar duplicidades y aclarar qué servicios deben ofrecer los Ayuntamientos. El Gobierno estima que ahí se podrían ahorrar 3.500 millones de euros. En los últimos años los consistorios han ido asumiendo muchas funciones y, sobre todo, bastantes más de las que pueden sufragar con sus presupuestos actuales, en plena senda de reducción del déficit público.

La nueva Ley de Bases de Régimen Local fijará claramente ese catálogo de servicios locales y dará potestad a los interventores municipales (un cuerpo ahora transferido, pero que volverá a ser competencia del Estado, al igual que los tesoreros y los secretarios municipales) para prohibir gastos que un alcalde pretenda realizar y que no estén en sus competencias. Aquellos que se denominan gastos impropios.

A los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, además, se les podrán suprimir las competencias que ejerzan por debajo de unos parámetros de calidad en los servicios, que revisará el Gobierno central. Si esos municipios no superan la prueba, sus funciones las desempeñarán las Diputaciones.

Estos órganos de gobierno provinciales, con una histórica tradición pero también muy cuestionadas por la duplicidad de sus servicios en muchas autonomías, permanecen en el nuevo proyecto. El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, había propuesto su supresión. Ahora en algún caso serán reforzadas. Lo que PP y PSOE sí están dispuestos a eliminar son las mancomunidades, esos órganos que ofrecen determinados trabajos para varios Ayuntamientos de una misma zona. Han proliferado tanto en los últimos años que ahora hay unas 1.000 en España. El objetivo es que la mayoría desaparezcan, y en primer lugar las que se ocupan de tareas menos ejecutivas, como el turismo.