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El futuro de Cataluña

Santamaría rechaza pactar la consulta: “Diálogo no es exigir lo que no se puede dar”

La vicepresidenta descarta un referéndum acordado en Cataluña porque iría contra el derecho de los todos los españoles sobre la soberanía nacional

Soraya Sáenz de Santamaría, con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, este lunes.

Mariano Rajoy rechaza la oferta de diálogo de los máximos responsables de la Generalitat de Cataluña sobre un referéndum acordado porque considera esa "exigencia" una trampa que vulnera el principio que figura en la Constitución de que la soberanía nacional depende de todos los españoles. Así lo ratificó este lunes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que destacó que esa premisa es la gran diferencia con la vía propuesta en Escocia para otra consulta sobre su independencia del Reino Unido y que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras propusieron copiar para Cataluña en su artículo en EL PAÍS.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asumido de nuevo la responsabilidad de emitir una respuesta en público al reto lanzado desde el artículo publicado en EL PAÍS por Puigdemont y Junqueras. Desde Canarias, donde ha visitado al presidente autonómico para repasar la agenda de asuntos pendientes que se negocian para lograr el apoyo de Coalición Canaria a los presupuestos de 2017, Santamaría no le ha dado ningún crédito a la iniciativa de los responsables nacionalistas catalanes: "Ni se pide ni se ofrece diálogo, se exige un referéndum que además es contrario a la Constitución española y que privaría al conjunto de los españoles de su capacidad para opinar sobre lo que quieren que sea el conjunto de la nación española. Es una exigencia, practicada por quién además entiende muy mal el diálogo en su tierra".

Santamaría ha recordado en ese punto las tramitaciones exprés efectuadas por los partidos nacionalistas en el Parlamento catalán para obviar a la oposición y el rechazo a pronunciamientos contrarios como su Consell de Garantías estatutarias. Y ha agregado: "Para practicar el diálogo uno tiene que situarse en el marco del respeto a la Constitución, a las leyes y a los derechos de los ciudadanos. Tienen que saber lo que la otra parte puede ofrecer y saber muy bien lo que no le puede dar, y lo que no permite la ley no puede darlo cualquier gobierno. Debe ser capaz de gobernar para todos, debe ser capaz de respetar a la oposición y a las propias instituciones de su estatuto de autonomía".

El desafío del referéndum

Santamaría ha remarcado también los hechos diferenciales entre la situación de Escocia en el Reino Unido y la de Cataluña en España: "La diferencia es que en España nos hemos dado una Constitución en la que expresamente, porque así lo votaron los constituyentes, no cabe un referéndum de autodeterminación. En su día algunos ya intentaron incluir en la Constitución española una enmienda para que pudieran hacerse en España referéndums de autodeterminación y no salió adelante porque a ningún país se le puede someter a los desafíos constantes de los referéndums de esa naturaleza".

La número dos del ejecutivo se ha negado a dar por muerta la Operación Diálogo con Cataluña, pero volvió a subrayar qué en ese guion no cabe una consulta pactada para disgregar España: "No está dentro de la ley y lo que no está dentro de la ley y de la Constitución y el diálogo no corresponde a los políticos, corresponde al conjunto de los españoles y si quieren empezar a dialogar estamos dispuestos a hablar de los problemas que tienen los catalanes".

El ejecutivo de Rajoy ve imposible equiparar la vía escocesa con la que se pretende catalana en primer lugar porque aquí hay una Constitución que establece que la soberanía nacional compete a todos los españoles. Fuentes oficiales de La Moncloa apostillaron que los planteamientos de Puigdemont y Junqueras no son nada nuevos, hacen aún más complicada la teórica reunión pendiente con el presidente Rajoy y al insistir en la obligación de convocar un referéndum sí o sí bloquean la posibilidad de avanzar en muchos otros aspectos. El ejecutivo no reconoce abiertamente el fracaso de la llamada Operación Diálogo, los contactos desplegados en esta legislatura precisamente por Santamaría con distintos actores de la sociedad catalana, pero sí admiten que los progresos son muy escasos.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha descalificado la iniciativa como una "trampa" por provenir a la vez "de los pirómanos y los bomberos" y por reivindicar al mismo tiempo "el diálogo y dar el ultimátum de convocar el referéndum ilegal". Millo ha aprovechado su cita de este lunes con el presidente de la Diputación de Girona, Pere Vila, para anunciar una inversión local de Adif de 9,5 millones. El refrendado líder catalán del PP, Xavier García Albiol, ha tachado el planteamiento de "disparate sin pies ni cabeza" para limpiar las conciencias de los separatistas y ha asegurado: "Mientras gobierne el PP, nadie planteará un referéndum para separar Cataluña de España, podemos tener la seguridad al mil por cien".

La propuesta del presidente y vicepresidente de la Generalitat no obtuvo el menor resquicio de apoyo tampoco en otras fuerzas políticas constitucionalistas. El PSOE, a través del portavoz de la comisión gestora, Mario Jiménez, ha declarado a EL PAÍS que la idea no tenía "credibilidad ni legitimidad porque se hace sobre bases inasumibles en un Estado de Derecho" tras "forzar hasta la ilegalidad a las instituciones catalanas". Y ha continuado: "Se llama al diálogo desde la desobediencia y el desprecio a las leyes y de retar al Estado y lanzar un ultimátum al orden constitucional".

El PSOE sí propone diálogo pero sobre "bases sólidas": La Constitución, el Estatuto de Cataluña "y la lealtad entre las instituciones catalanes y el Estado". El PSOE aboga por la reforma del estatuto catalán y la Constitución "en un sentido federal". Estos cambios llevarían a que primero votarían todos los españoles, incluidos los catalanes, en referéndum al haberse producido cambios constitucionales. De los mismos se derivarían modificaciones sobre el encaje de Cataluña y, sobre todo, variaciones en la definición y reconocimiento de la identidad de Cataluña que se traducirían en alteraciones del Estatuto, que se sometería a la votación de los catalanes.

Podemos declinó efectuar ningún comentario.