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Una juez reprende a Fomento por negarse a investigar la muerte de cuatro narcos

La magistrada imputará a tres altos cargos por desobediencia si mantienen su negativa

La patrullera y la semirrígida, en el puerto de Algeciras tras el accidente.

Una juez de Algeciras (Cádiz) ha advertido a tres altos cargos adscritos al Ministerio de Fomento de que les imputará un delito de desobediencia si no investigan el accidente de una patrullera de Vigilancia Aduanera y una semirrígida en el que murieron cuatro supuestos narcotraficantes el pasado noviembre.

La Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos (CIAIM), adscrita a Fomento, rechazó hace un mes investigar el grave accidente por considerarlo “una persecución policial” sin buques civiles implicados, por lo que excedía sus competencias regladas por ley. Ante la negativa para colaborar con la justicia, la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Algeciras, Belén Barranco, ha ordenado que declaren el 19 de abril por videoconferencia el presidente, vicepresidente y secretario de dicha comisión, para así asegurarse de que realizarán el informe pericial del siniestro “en el tiempo más breve posible”.

La fiscalía rechazó los argumentos del organismo de Fomento y ha cargado con dureza al recordar su obligación como ente del Gobierno: “[Esta comisión] desconoce las más elementales normas del comportamiento que debe respetar cualquier institución u organismo público en sus relaciones con la Administración de Justicia”. Tras el respaldo de la fiscalía, la magistrada también ha advertido a los altos cargos de que serán responsables de las posibles consecuencias económicas en caso de que la investigación judicial incurra por su culpa en “dilaciones indebidas”, “dada la brevedad de plazos de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal”, reza la providencia de la juez del 7 de marzo.

Persecuciones habituales a 40 nudos

Ante el parón de la investigación, Lucinia Llanos, abogada de las cuatro víctimas –los tres españoles, vecinos de Sanlúcar y Algeciras, cuentan con antecedentes por narcotráfico- denuncia que en otra ocasión anterior la misma patrullera de Vigilancia Aduanera ya abordó a otra embarcación, y que sus tripulantes se salvaron al arrojarse al agua. “La patrullera les abordó y no pasó nada porque se tiraron al agua”, critica sobre una intervención que culminó con un alijo de 3.000 kilos de hachís.

Las persecuciones en el Estrecho de Gibraltar a 40 nudos -75 km/hora- están a la orden del día por el continuo tráfico de hachís desde Marruecos que ni siquiera el SIVE (Sistema Integral de Vigilancia Exterior) ha logrado menguar. Frente a la policía, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera hay un colectivo de narcotraficantes, casi todos vecinos de Algeciras y La Línea de la Concepción, conocidos por las Fuerzas de Seguridad. Al día siguiente del trágico accidente muchos de ellos se manifestaron con pancartas frente a los juzgados de Algeciras para acusar con acritud de “asesinos” a los agentes de Vigilancia Aduanera.

Los cinco efectivos que iban en la patrullera alegaron ante la Guardia Civil que el accidente fue inevitable ante el giro inesperado de la planeadora. La cámara de grabación no suele estar operativa en persecuciones, sino que es usada de noche para avistamientos, como cámara térmica, explican fuentes de la Agencia Tributaria, que engloba al servicio de Vigilancia Aduanera.

El helicóptero que dio el aviso a la patrullera sí que disponía de sistemas de grabación, pero no estaba presente en el momento del accidente, ya que se había desplazado para perseguir otro objetivo sospechoso. El piloto de la aeronave entregó la grabación a la Guardia Civil para su análisis, pero este no está incluido de momento en el sumario del caso.

A las 16.30 del pasado 3 de noviembre y tras el aviso del helicóptero de Vigilancia Aduanera, la patrullera Águila IV avistó y se aproximó a una planeadora con tres motores de 350 caballos pero sin fardos de hachís a bordo. Cuando navegaban en paralelo, esta cruzó por delante de la patrullera para huir hacia aguas marroquíes y se produjo la colisión entre ambas embarcaciones, según el relato de los agentes adscritos al Ministerio de Hacienda. La patrullera pasó por encima de la semirrígida de los narcos, que fallecieron en el acto y sin caer al mar. Las narraciones de los cinco efectivos ante la Guardia Civil coinciden en una maniobra “totalmente contraria a la lógica” para “cortar la proa” de la patrullera. Ningún presunto narcotraficante —tres españoles de 24, 25 y 43 años y un marroquí de 23 años— sobrevivió al choque y no hay grabación del siniestro porque las cámaras de vídeo estaban apagadas al ser de día.

En su investigación, la Policía Judicial del Instituto Armado alegó ante la magistrada que carecía de medios para dilucidar cómo se produjo exactamente el accidente a tenor del estado de las embarcaciones, desde entonces retenidas a la espera de su examen pericial. De ahí que la juez acudiera a la comisión de Fomento, cuyo pleno aprobó rechazar la petición de la justicia. Cuatro meses después del suceso, la investigación está estancada.

“Esta comisión persigue la seguridad del transporte marítimo y no tenemos nada que decir en una persecución policial. Analizamos accidentes entre buques civiles y no buques de Estado, no vamos a dilapidar recursos que no va a redundar en los objetivos de la comisión”, arguye su secretario, Francisco Mata. Este, junto al presidente Jesús Panadero y el vicepresidente Fernando Yllescas, explicarán a la juez sus argumentos dentro de un mes.

La Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en su artículo 265 establece: “La CIAIM realizará sus investigaciones de la manera más eficaz y rápida posible, colaborando en su caso, con las autoridades judiciales”. En paralelo, el Real Decreto 800/2011, que regula el funcionamiento de la comisión, detalla: “Una recomendación sobre seguridad no puede dar lugar en ningún caso a la presunción de culpa o de responsabilidad y la elección del contenido y el estilo del informe se han efectuado sin intención de que este pueda ser utilizado en un procedimiento judicial”. Es decir, sus conclusiones no pueden servir de base para acusaciones penales.

En cualquier caso, el fiscal matiza en su escrito que pese a que el accidente no esté entre sus competencias, “algo ya de por sí discutible”, a los miembros de la comisión no les corresponde decidir “ni tienen cualificación alguna para hacerlo”. “Cualquier organismo público está sujeto a la obligación legal de colaborar con la Administración de Justicia (…) nada impediría al órgano instructor considerar a la comisión el organismo idóneo para efectuar la prueba pericial solicitada, su composición y su neutralidad”.

El pleno de la comisión consensuó el 21 de febrero que es un órgano independiente de la justicia y que se rige de acuerdo con su propia normativa reguladora, la Ley de Puertos del Estado. Ahora el secretario de la comisión insiste y rebate la mayor: “La juez debería pedir a peritos o dirigirse a los colegios oficiales de Marina Mercante para saber si las maniobras fueron correctas (…) Cuando llegue la providencia del juzgado consultaremos con los servicios jurídicos del ministerio para ver qué hacer”, señala.

La comisión recibe unas 300 notificaciones de accidentes al año, de las que investigan alrededor de 40. No es la primera vez que esta comisión pone peros a la justicia. El pesquero Nuevo Pepita Aurora se hundió en el Estrecho de Gibraltar en 2007, llevándose la vida de ocho marineros. Tras la negativa inicial, la comisión aceptó elaborar el informe sobre el siniestro exigido por la justicia, según fuentes del caso.

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