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REPORTAJE

Los silenciados por la ‘ley mordaza’

La defensora del pueblo refleja en su informe anual casos de mala aplicación de la norma y el Gobierno se abre a cambiarla

Ana Pastor y Soledad Becerril, en el Congreso de los diputados. Ampliar foto
Ana Pastor y Soledad Becerril, en el Congreso de los diputados.

Un fotoperiodista denunciado por resistencia a la autoridad porque no quiso borrar sus fotos por orden de la Guardia Civil. Una ciudadana sancionada por participar en una manifestación aprobada por la delegación del Gobierno en la que se reclamaba una renta para personas sin ingresos y que no se expulsara a los inquilinos de pisos sociales que no podían hacer frente a los alquileres. O un periodista que publicó en Twitter fotos de una detención. Justo en la misma semana en la que el Gobierno ha mostrado su disposición a negociar modificaciones en la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, la defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha subrayado en su informe anual algunos ejemplos de sanciones que considera injustificadas. Son los silenciados por la ley mordaza.

“Fue una cobertura habitual de sucesos. Un accidente laboral. Subo a un talud buscando un sitio para sacar la imagen. El guardia civil me pide que baje. Casi me mato… y cuando llego abajo, me recibe con la placa en la mano, todo muy teatral”, cuenta Miguel Ángel Valdivielso, fotoperiodista del Diario de Burgos, que a continuación recuerda el diálogo que se establece inmediatamente:

-Borre usted ahora mismo las imágenes.

-Las fotos no me pertenecen, son de mi medio de comunicación. No puedo borrarlas. Si quiere requisar el equipo, es la autoridad, pero yo no puedo borrarlas.

-Si no las borra, le denuncio por desobediencia… leve.

“Y me lo repitió tres o cuatro cinco veces”, cuenta Valdivielso, que destaca la comprensión y la buena sintonía que ha tenido desde entonces con la Guardia Civil. “Lo reflejaron en el atestado porque había más de diez testigos. ¿Cómo no me voy a negar? Fue una aplicación perversa de la Ley, para un supuesto para el que no está pensada por el legislador”.

La defensora del pueblo también critica ese uso justo cuando el Gobierno se ha abierto a modificar su polémico texto, de 2015. El PP y Ciudadanos se comprometieron en su pacto de investidura a modificar la Ley. El PSOE registró en diciembre una propuesta que está pendiente de llevar al pleno del Congreso. Y el PNV registró otra en enero que modifica 44 preceptos del texto en vigor y que el Ejecutivo, por boca de Juan Ignacio Zoido, el ministro del Interior, ha calificado de “un buen punto de partida” para la reforma.

“Entendemos que contiene algunas propuestas que pueden contribuir a mejorar técnicamente el texto legal”, dijo en el Senado el titular de Interior, que no ve con tan buenos ojos la propuesta socialista porque esta propone volver al texto vigente en 2011 y negociar con todos los grupos una nueva norma ampliada, consensuada y actualizada. “Otras merecen una consideración más detenida, pero constituye un buen punto de partida”, añadió Zoido sobre la propuesta del PNV.

Casos que recoge el informe

"El ejercicio de un derecho constitucional no puede nunca ser objeto de sanción", sostiene Soledad Becerril en su informe, en el que destaca dos tipologías de casos afectados por la Ley de seguridad ciudadana.

Sanciones que afectan al derecho de reunión. La defensora afea una multa por una manifestación legalmente convocada en Zaragoza. "La resolución sancionadora dictada por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón no hacía ningún juicio de proporcionalidad, ni motivaba la constitucionalidad de la sanción impuesta, ni siquiera consideraba la posibilidad de que se hubiese producido una limitación o afectación de un derecho fundamental", escribe. Del mismo modo, critica que se identificara a una docena de ciudadanos por concentrarse sin permiso, cuando la Ley entiende que solo se considera reunión a partir de la coincidencia con el mismo objetivo de más de 20 personas. "Se ha sugerido a la Dirección General de la Policía que ponga en conocimiento de los funcionarios policiales que procedieron a la identificación de los participantes en la concentración que deben ajustar en todo momento su actuación a los principios básicos recogidos en dicha norma", escribe la defensora sobre la Constitución. "Dicha Sugerencia ha sido aceptada". 

Sanciones que afectan a la libertad de información. Becerril cita tres sanciones a periodistas: a una representante de Catalunya Ràdio denunciada por desobediencia; a un reportero gráfico del Diario de Burgos denunciado por resistencia a la autoridad; y a un periodista de la revista Argia sancionado. La defensora advierte de que "la limitación de los derechos fundamentales debe ser la mínima indispensable y, por ello, está sometida al principio de proporcionalidad, al objeto de evitar sacrificios innecesarios o excesivos de los mismos, lo que exige que las resoluciones que apliquen los referidos límites tengan una motivación suficiente para poder controlar la proporcionalidad y la constitucionalidad de la medida aplicada. La falta o insuficiencia de la motivación pueden llevar a la vulneración del derecho sustantivo afectado".

Mientras las formaciones se ponen de acuerdo, Becerril recoge en su informe anual para 2016 ejemplos de sanciones que afectan a la libertad de información y también al derecho de reunión, tanto con la ley actual como con la previa. Así, por ejemplo refiere la falta de “proporcionalidad” y “motivación” de la sanción impuesta a una ciudadana por supuestamente “provocar al público contra los agentes actuantes para alterar el orden público” durante una concentración de la plataforma solidaria Actur y Parque Goya, de Zaragoza.

“Con juicio penal solo fui yo, pero hubo multas administrativas a más mujeres de las que estábamos allá concentradas”, cuenta la portavoz de ese colectivo Asun Gulina, sobre la denunciante, que no es ella. “En esa plataforma hay gente muy desfavorecida, en paro, con problemas de desahucios, que en aquellos momento no cobraba el IAI [ingreso aragonés de inserción] y que sus ingresos eran cero, o que cobrando 426 euros con cuatro y cinco hijos tenían problemas de alquileres sociales”, recuerda. “Nos organizamos para reivindicar que se acelerara el IAI, que no se echara a nadie de las viviendas sociales por no pagar el alquiler social, una renta social para la gente con cero ingresos…” sigue esta excandidata de Zaragoza en Común. “Cuando estábamos en el mostrador del IASS [Instituto Aragonés de Servicios Sociales], entraron policías de un cuerpo antidisturbios, fueron quitando todas las hojas con las reivindicaciones. Pidieron documentación a 27 o 28 personas”, añade. “Un jubilado no llevaba la documentación, amenazaron con que le iban a detener, le dio un ataque de ansiedad, y tuvieron que tumbarlo. A mí me dijeron que lo que hacía era ilegal porque estaba con el móvil intentando hacer un vídeo de cómo dos policías intentaban arrastrar al jubilado. Me lo metí al bolso y punto pelota”.

A los pocos días empezaron a llegar las denuncias. Y las multas. “En este caso se sancionó, tras rechazar la prueba propuesta por la interesada, con base únicamente en la denuncia de los agentes policiales, sin analizar si la conducta sancionada se encontraba amparada en el ejercicio del derecho de reunión”, lamenta la defensora del pueblo, que esta semana entregó su informe en el Congreso y el Senado. Dos Cámaras expectantes ante las negociaciones para cambiar la ley mordaza.

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