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Gestación subrogada, el dilema de gestar al hijo de otros

El debate sobre si esta práctica debe regularse resurge: ¿es un derecho o una explotación de la mujer?

Datos y gráfico: Guillermo Villar y Antía García

Durante meses, Cristina, de 40 años, se sometió a numerosas pruebas médicas. Recibió tratamientos hormonales, le hicieron una punción ovárica. Tomaba pastillas que le provocaban, cuenta, migrañas, vómitos, descontrol emocional. Lloraba cuando le decían que esta vez tampoco, que no estaba embarazada. De la mujer que en enero dio a luz a sus mellizos conoce estos datos: el nombre, la edad y la nacionalidad (albanesa). Que está casada y con dos hijos. “Hay que tener valor para hacerlo por otra persona. Yo no sé hasta dónde les llega la compensación a estas mujeres... buena voluntad deben tener, ponen su cuerpo en riesgo”, dice Cristina. Solo la ha visto dos veces. Eligió tener un contacto limitado. Se cruzó un día con ella en un juzgado de Tesalónica, en Grecia, en febrero pasado, en la vista judicial que establece la ley de ese país para iniciar un proceso de gestación subrogada, y después en el hospital, cuando nacieron los bebés. Ella renunció a todos los derechos sobre los niños que llevaba dentro. Los padres son Cristina y su marido, David.

El viaje de esta pareja es el que cada año emprenden cientos de españoles que recurren a la gestación subrogada para tener hijos, una controvertida práctica también conocida como vientre de alquiler. Solo pueden ir al extranjero, porque aquí no es legal. Si todo va bien, se pondrán en manos de intermediarios más o menos fiables que, a cambio de dinero, contratan a mujeres, la mayoría en países más pobres, dispuestas a someterse a tratamientos hormonales para embarazarse de un bebé con el que no tienen vínculo genético y al que se comprometen a entregar después del parto. En el camino, interviene una industria lucrativa y opaca que opera en los límites de la legalidad y de la ética, capaz de traspasar fronteras y burocracias dispares. Un proceso complejo que se ha convertido en un debate global centrado en si debe regularse o no, y cómo.

Se estima que cada año nacen en todo el mundo al menos 20.000 niños mediante este método, según la ONG suiza International Social Security. Entre 800 y 1.000 son hijos de españoles. Esta última cifra es un mero cálculo en el que coinciden asociaciones de padres y agencias: al ser una práctica ilegal, no hay datos oficiales. Sí hay de adopciones internacionales en España, que han caído de 5.541 en 2004 a 799 en 2015.

Varias razones explican el fenómeno —por ejemplo, la mayor protección de la infancia en los países de origen, apuntan en el Ministerio de Sanidad—, pero si la estimación sobre los nacidos por gestación subrogada es correcta, esa vía ya supera a la de la adopción, un camino que muchos descartan recorrer porque lo ven más largo y tortuoso (se tarda hasta 8 años en lograrlo). Prefieren usar una vía prohibida en España —aunque se permita después registrar a los bebés como españoles bajo ciertos requisitos— y pagar entre 45.000 y 60.000 euros que puede costar en Ucrania y Rusia, hasta los 120.000 que alcanza el proceso en California, uno de los 14 Estados que lo permiten en Estados Unidos.

Una mujer, en un centro de gestación subrogada en Nueva Delhi.

Cada país legisla a su aire. Ucrania lo permite a extranjeros, pero solo heterosexuales; Canadá, Reino Unido y Portugal solo autorizan la modalidad altruista —en sentido estricto, no puede haber beneficio económico para la mujer gestante, solo se pueden abonar los gastos extra que pueda tener— y los dos últimos solo a sus nacionales. India, hasta hace poco una potencia mundial en subrogación, primero lo vetó a extranjeros y ahora está a punto de prohibir que tenga carácter comercial.

La explotación también está detrás de la decisión de Tailandia. En 2015 acotó la práctica sólo a sus nacionales después de un caso que escandalizó al mundo, conocido como Baby Gammy. Una pareja australiana había contratado a una mujer tailandesa para que gestara a sus mellizos. Cuando descubrieron que uno de los dos, el niño, tenía síndrome de Down, era tarde para un aborto y además la gestante se negó. Los australianos decidieron entonces llevarse a su país solo a la niña. Meses después, se supo que el padre australiano había estado en prisión por pederastia en 1997.

El caso tailandés es singular, pero es un buen ejemplo de todo lo que puede ir mal y de cómo los derechos de las gestantes y los de los propios niños pueden quedar a expensas de la voluntad de los padres que inician el proceso, de las clínicas y de los intermediarios, a menudo en Estados pobres y corruptos. Esa desprotección da argumentos tanto a quienes abogan por regular como a los que creen que hay que prohibirlo, y el debate se ha instalado también en España, tras años soterrado. La brecha entre partidarios y detractores es profunda y divide a los partidos políticos. De momento, la única propuesta es la de Ciudadanos: regular una opción altruista.

Se estima que cada año nacen en el mundo al menos 20.000 niños mediante este método. En España, se calcula que entre 800 y 1.000

“La solución para que no haya abusos es legislar. Es como en los transplantes: al regular, evitas el tráfico de órganos”, afirma Pedro Fuentes, presidente de la asociación de padres a favor de la gestación subrogada Son nuestros hijos, que agrupa a unas 400 familias. Él es ginecólogo, y junto a su marido, es padre un niño de 6 años nacido en EE UU mediante este método. Se emociona al contar cómo conoció a la mujer que se quedó embarazada para ellos, la cálida relación que establecieron y cómo ella, que vivía en un chalet con jardín con sus hijos, tenía muy claro que quería hacerlo y además para una pareja gay. Explica que la ética, más que los países en los que se haga, debe guiar el proceso.

En la asociación tienen un código y recomiendan no fiarse de “intermediarios que no permitan conocer a la gestante, ni de los que garantizan resultados, ni de los paquetes en los que no te tienes que preocupar por nada”. Además, la mujer tiene que haber sido madre antes. Aboga por una modalidad altruista, pero abre la puerta a que se establezca una compensación económica: “Es necesario reconocer el esfuerzo que supone para la gestante. Tiene que cambiar de ropa, pierde oportunidades de hacer otras cosas... Debería ser lo suficientemente digno para que no sea un insulto, ni 100.000 euros porque generaría un efecto llamada. Lo podría fijar una comisión nacional”, plantea, y se pregunta: “¿Cuándo se explota a una mujer, cuando se le compensa o cuando no?”.

Alicia Miyares lo tiene claro: siempre. Profesora de Filosofía, es una de las portavoces del movimiento feminista No Somos Vasijas, surgido en 2015, cuando este debate entró en política. “Creo que uno de los deseos más fuertes de las personas es ser padres. Hay verdaderos dramas vitales: mujeres que no tienen útero, que han sufrido cáncer, o el caso de parejas homosexuales... ¿Cómo no voy a entender esa frustración? Pero no se pueden poner los deseos por encima de los derechos. El cuerpo es el límite de lo que se puede comprar y vender”, afirma.

La línea entre la opción altruista y la comercial suele ser difusa: “Sabemos que los países con esa regulación altruista no evitan el turismo reproductivo, es imposible garantizar que no haya pagos en negro”. Para ella, hay que agilizar los trámites de adopción, que además “permiten constatar la idoneidad de esa tutela que se va a entregar. Los padres, en la subrogación, no pasan filtros”.

La legislación en EE UU, por Estados

Datos: Guillermo Villar y Antía García

La parlamentaria socialista Petra de Sutter, experta en reproducción asistida, redactó en octubre un informe para los 47 países del Consejo de Europa sobre subrogación. A finales de octubre se votó en contra de su recomendación de crear unas directrices internacionales. Ella defiende la necesidad de regular la subrogación de manera muy restrictiva, permitiendo solo la altruista. “En Bélgica llevamos 20 años de experiencia. No hay fines económicos, no se aceptan extranjeros, hay comités éticos y es necesario cumplir numerosos criterios. Existen situaciones, por ejemplo, en las que una mujer quiere ayudar a su hermana a gestar a su bebé”, cuenta.

La subrogación comercial constituye el 98% de los casos en todo el mundo. EE UU es el país más caro, pero también el que más garantías ofrece. Todo está regulado. Sin embargo, incluso en un país rico con un sólido sistema legal, grupos feministas denuncian la vulnerabilidad de las mujeres. Kelly Martinez, una panadera estadounidense de 32 años, ha dado a luz a ocho bebés. Tiene tres suyos y a otros cinco los parió en gestaciones subrogadas. “Quería ayudar a otros sabiendo que ese milagro se produce gracias a mí”, explica por teléfono. “Las dos primeras veces trabajé con parejas fantásticas”.

La última y tercera gestación fue para una pareja de españoles. Le cambia la voz al contarlo. Todo iba bien hasta que descubrieron que, “en vez de niño y niña como ellos querían, eran dos chicos”, dice. “Empezaron a tratarme distinto, dejaron de preguntarme cómo lo llevaba, así que empecé a preocuparme por los bebés. Todavía me parte el corazón. Me arrepiento de haberlo hecho”, cuenta. El parto se adelantó. Ella tuvo pre-eclampsia, una complicación seria del embarazo. “El médico dijo que había que sacarlos antes o si no alguien, los niños o yo, no lograría salir de esta”. Los padres, dice, la acusaron de estar interesada en que se acelerara para cobrar antes. “Cuando vi cómo se puso el hombre cuando supo que eran dos niños, tuve miedo por si no los querían y no se presentaban para recogerlos. Fue muy duro no saber si los bebés iban a estar bien. No sé nada de ellos”.

Al final, los españoles se llevaron a sus hijos y deben 10.000 dólares que los cobradores de morosos le reclaman a ella. Según la versión de Kelly, se escudan en una supuesta violación del contrato por su parte —dicen que se hizo una radiografía sin su autorización, algo que ella niega— para no pagar. Casi un año después, padece estrés postraumático diagnosticado y le han recomendado una ligadura de trompas debido a la dureza del parto. “Pensaba que estaba protegida por los abogados de la agencia, pero no”, afirma.

Algunos contratos tienen un lenguaje crudo y son muy prolijos. Uno de 40 páginas suscrito en California en 2015 y proporcionado por una activista, dice esto sobre la “compensación [a la gestante] por la pérdida de un órgano como consecuencia directa del embarazo”: “Extracción de las trompas de Falopio o de ovarios, 2.500 dólares cada uno”; “extirpación del útero, 5.000 dólares”. Se estipula también que los padres, y no ella, deciden cuándo poner fin al embarazo si algo sale mal; la abstinencia sexual mientras se intenta el embarazo, se compromete a no salir del Estado y a cosas como no nadar en el mar o no ingerir sacarina.

Muchas parejas prefieren usar una vía prohibida en España y pagar entre 45.000 y 120.000 euros, según países, para tener un bebé

En otro contrato reciente, firmado en México, se lee: “La evaluación psicológica [de la mujer] certificó (…) las condiciones psicológicas pertinentes para no sentir apego por el embrión que gestará en su vientre”. La mujer también reconoce que “su intervención es únicamente prestar su útero”.

Kelly contactó con una de las feministas más conocidas por oponerse a esta práctica, Jennifer Lahl. Preside el Center for Bioethics and Culture Network, en California, y es una de fundadoras de la plataforma internacional Stop Surrogacy Now. A finales de octubre estuvo en Madrid invitada por la fundación de bioética Jérôme Lejeune, de perfil católico. El acto al que asistió dejó claro que la gestación subrogada es capaz de poner de acuerdo a las feministas y a los grupos antiaborto.

Lahl emplea la ironía sobre la posibilidad de regular para evitar los abusos: “Sabemos que hay un mercado negro de órganos, redes de tráfico de personas... así que vamos a regularlos para proteger a la gente”. Tampoco es una opción, dice, la altruista: “Piensa en cuántas mujeres quieren pasar un embarazo gratis para un desconocido”. Pone el ejemplo de Canadá, que sigue ese modelo y permite compensar los gastos del embarazo, “así que todo [tipo de gastos] cae dentro de ese concepto”, dice. “Hay muchos agujeros legales”. En el caso de que se haga con familiares, advierte, la situación, como ella ha constatado en algunos casos, puede ser “un desastre”.

José Borrallo, con su hijo.

El dinero que pueden gastar los padres es un criterio importante a la hora de elegir en el mapa de países que permiten la subrogación. Las empresas lo saben. Didac Sánchez, de 24 años, preside Subrogalia, una de las que más notoriedad ha alcanzado. La sede central está en Barcelona, pero asegura que contesta desde Kiev, la nueva capital de la subrogación, donde apenas hay regulación. “Yo te voy a recomendar qué país se adapta mejor a ti. Si eres heterosexual, te recomiendo un sitio, si tienes VIH, otro, pero voy a hacer que tu sueño lo puedas cumplir”, dice. Tienen oficinas en varios países y acaba de abrir mercado en Grecia, un lugar atractivo porque está en la UE y porque un juez autoriza a iniciar el proceso, algo que da más garantías a la hora de establecer la filiación. Está convencido de que este año la griega “será la alternativa real a EE UU. Por qué me voy a gastar 120.000 si pueden ser 65.000”, razona.

Sánchez dice tener no solo clientes españoles, sino también “italianos, chinos, franceses y alemanes”. Sobre cómo contratan a las mujeres que se embarazan para terceros, asegura: “En Rusia y Ucrania las captamos nosotros. En Ucrania está permitida publicidad en prensa. En vez de poner un anuncio de Coca Cola, pones uno de madres gestantes. En Grecia hay clínicas que te las proporcionan directamente”.

A Cristina y David les fue bien. Hicieron todo el proceso con Subrogalia. Pero hay al menos tres familias que han demandado a la empresa por incumplimiento de contrato. “Algunos de mis clientes se han endeudado hasta 2030 con créditos para pagar este proceso”, explica la abogada Joana Marín. “Cuando llegaron a México, descubrieron que ni siquiera se habían enviado desde España los embriones”.

Los críticos opinan que no se pueden poner los deseos por encima de los derechos de las mujeres, porque es difícil impedir los abusos

Otro de los riesgos que asumen quienes inician este proceso es el de quedar atrapados en la maraña de jurisdicciones y papeleos que implica. No existe ningún marco legal internacional sobre subrogación. En 2015, el Parlamento Europeo condenó la práctica porque “socava la dignidad de las mujeres” y convierte su cuerpo en mercancía. Por ahora, solo la Conferencia de La Haya, el organismo multilateral de derecho internacional privado de referencia, tiene a un grupo de expertos desde 2015 analizando la viabilidad jurídica de establecer unas directrices comunes que aborden los problemas de filiación de los menores.

En esa situación incierta está José Borrallo, un funcionario de 43 años que ha emprendido una batalla legal para que su niño, de 2 años y nacido en Tabasco (México), sea reconocido como español y como hijo suyo. Borrallo teme que el pequeño quede desamparado si le sucediera algo a él. Es difícil saber cuántos más hay en esta situación en España. Aunque no es algo extendido, el propio Registro Civil admite que ha sucedido “en ocasiones”. El niño, hoy por hoy, es mexicano.

Guillermo Villar. Gráficos

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