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Madrid obvió informes al doblar el coste de una obra vinculada a Púnica

El Ayuntamiento de Carmena investiga este proyecto de 2006, que tenía un presupuesto que pasó de 3,9 a 9,1 millones de euros en apenas unos meses

El Ayuntamiento de Madrid duplicó en 2006, pese a un informe negativo de los técnicos municipales, la inversión prevista para una obra adjudicada a Dico, empresa vinculada a la trama Púnica. En la última sesión de ese año de la Junta de Gobierno, entonces del PP, se autorizó una convalidación de 3,4 millones de euros, que elevaba junto a otros gastos hasta 9,1 millones el presupuesto para un aparcamiento valorado inicialmente en 3,9. Una decisión que se tomó pese a que, solo un día antes, la Intervención General advertía de que “no quedaba suficientemente justificada la necesidad de modificar el proyecto" y de que faltaba "un informe aclaratorio de todas las circunstancias sobrevenidas al tramitar el expediente".

Este documento de la Intervención, al que ha tenido acceso EL PAÍS, insistía en que no se había aportado una comparación del plan primitivo y el modificado; y que el presupuesto definitivo no incluía "gastos de proyecto y dirección de obra, tasas, licencias, escrituras, seguros, avales, comercialización y gastos financieros, que sí constan en el primitivo, lo que dificulta fiscalizar el importe a convalidar".

Una batería de deficiencias sobre el Aparcamiento para Residentes (PAR) de la calle Cándido Mateos que ha levantado las sospechas del actual Gobierno de Manuela Carmena, que recibió la pasada semana un informe preliminar de la Subdirección General de Auditoría de la Deuda que advertía que el Ayuntamiento adjudicó 32 millones de euros a siete empresas vinculadas a Púnica entre 2005 y 2014, cuando gobernaban Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella. El expediente de esta obra se encuentra entre ese listado.

El contrato del aparcamiento se adjudicó el 30 de junio de 2005 a una Unión Temporal de Empresas formada por Dico y otra compañía. El acuerdo se firmó el 7 de octubre de 2005. Y en abril de 2006 —un mes después de presentar el proyecto de construcción, según denunció en 2008 un edil socialista—, Urbanismo planteó una modificación que disparó el presupuesto.

Costes inflados

Los 3,9 millones iniciales se elevaron hasta 9,1, incluyendo la convalidación de gasto bajo sospecha —usada para modificar el proyecto— y otras mejoras. El Consistorio justificó que necesitaba acelerar los trabajos para terminar antes de abril de 2007, cuando iba a estar acabado un túnel que desviaba el tráfico por encima del aparcamiento.

Incumplimiento del procedimiento legal

El informe de Intervención General muestra sus reticencias a la convalidación de gasto desde un principio. De hecho, asegura que "no aparecen suficientemente justificados los motivos por los que no se ha seguido el procedimiento legalmente aplicable" a este tipo de modificaciones de contrato. El Ayuntamiento argumentó entonces que de haberlo hecho no se habrían "cumplido los plazos" de los trabajos.

La convalidación de gasto levantó en su momento las sospechas del PSOE e IU. En un pleno, el edil socialista Manuel García-Hierro habló de "irregularidades". "¿No será que las empresas no quisieron perder la ocasión de facturar en exceso?", se preguntó, antes de denunciar que se habían inflado costes, como el de los materiales. "¿Cómo se explica que el metro cúbico de hormigón se facturó a 369 euros, cuando se valoraba [entonces] en 102 euros? ¿O que el metro cúbico de excavación por medios mecánicos en terreno blando se facture a 12,58 euros, cuando se valora en 4.38 euros?".

El Consistorio de la capital mantiene abierta una investigación para aclarar las condiciones de este y otros contratos —casi 50 expedientes— dados a empresas ligadas a la Púnica. Tras recibir el primer informe preliminar, la portavoz del Gobierno local, Rita Maestre (Ahora Madrid), ya dijo que se había detectado en estas concesiones una "práctica continuada" por parte de los populares "que, a primera vista, parece irregular".

Francisco Granados, una de las piezas clave de la trama Púnica, ocupaba en 2006 los cargos de secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia de la Comunidad, gobernada entonces por Esperanza Aguirre. Era su mano derecha. Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, el popular cobraba comisiones a cambio de facilitar adjudicaciones, desde su puesto o influyendo a otros cargos de la administración, a varias sociedades, entre las que se encontraba Dico. Precisamente, David Marjaliza, presunto cerebro de la trama, presidió Dico.