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Defensa frena el ascenso de 22 mandos por un caso de corrupción

La investigación del hospital Gómez Ulla para la promoción de interventores

El Ministerio de Defensa ha paralizado la promoción de 22 tenientes coroneles del Cuerpo Militar de Intervención que habían sido clasificados para ascender a coroneles debido a un caso de presunta corrupción en la Inspección General de Sanidad (Igesan).

La resolución de la subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, publicada en el Boletín Oficial del Ministerio el pasado 28 de enero, ordena paralizar los ascensos y realizar una nueva evaluación de los aspirantes, lo que solo puede hacerse por “circunstancias extraordinarias” sobrevenidas.

La circunstancia extraordinaria alegada para tomar tan drástica medida es el auto dictado el pasado 30 de noviembre por el juzgado togado militar central número 1, que dictó el procesamiento de un coronel, un teniente coronel y un teniente, así como un empresario. Los tres primeros, destinados en la lnspección General de Sanidad, están acusados de un delito contra la hacienda militar, castigado con hasta seis años de cárcel, por realizar “una gestión desleal de los recursos económicos que el Estado pone a disposición de las Fuerzas Armadas”, mientras que el último lo está por cohecho.

El teniente coronel de Intervención, que figuraba entre los cinco primeros clasificados para el ascenso, era el responsable de inspeccionar la actividad contractual y contable de la Igesan, pero no ha sido imputado. El juez sostiene que en su actuación “no se advierten indicios de criminalidad”, ya que “se ajustó mínimamente a lo estipulado legalmente”, pero le reprocha que, “de haber observado el celo exigible, no es descartable que se hubiesen podido evitar o aminorar los perjuicios ocasionados a la hacienda militar” por la actuación de los otros mandos.

Basándose en la declaración del empresario, un informe pericial sobre las contrataciones y otro sobre el incremento patrimonial de los procesados, el auto sostiene que los tres mandos formaban “una organización delictiva en la que se controlaba la actividad contractual con la única finalidad de enriquecerse”, mediante la exigencia de “comisiones por los contratos, en los que, previamente a la licitación, se había decidido la empresa adjudicataria”, manipulando los expedientes para eludir “los requisitos de publicidad” y los controles.

Según el juez, el primer contacto lo realizaban el teniente coronel y el teniente, quienes se reunían a comer con el empresario, al que exigían comisiones por contratos en los que este obtenía beneficios “excesivos e incluso exorbitantes”.

Como ejemplo, asegura que el teniente coronel informó al empresario de que se le iba a adjudicar un contrato de limpieza en el hospital militar Gómez Ulla (Madrid) y le exigió una comisión del 50% de su beneficio, advirtiéndole de que, “en caso contrario se producirían retrasos en los pagos, inspecciones y dificultades en futuras contrataciones”. En total, el empresario asegura haber entregado 167.816 euros en sobres cerrados al teniente coronel y al teniente, además de invitarles a restaurantes y locales de alterne o regalarles relojes y jamones.

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