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Jerez: dos exalcaldes en prisión y otra imputada en el Supremo

Los exregidores Pedro Pacheco (PA) y Pilar Sánchez (PSOE) han sido encarcelados y María José García Pelayo (PP) declara este mes por la trama Gürtel

El balance de los alcaldes de Jerez de la Frontera (Cádiz) entre 1979 y 2015 es desolador. En 36 años solo se han turnado tres regidores en un Ayuntamiento cuya gestión ha derivado en condenas judiciales por nepotismo, una plantilla sobredimensionada, oscuras concesiones públicas, favoritismo al empresariado local... De estos tres políticos, sobresale Pedro Pacheco (Partido Andalucista), en el poder desde que la democracia echaba los dientes en 1979 hasta 2003, al que dos años después siguió Pilar Sánchez (PSOE). Ambos están hoy en prisión por sendos casos de corrupción. La sucesora de Sánchez fue María José García Pelayo (PP), diputada a Cortes que dentro de dos semanas declara como imputada ante el Tribunal Supremo por la rama andaluza de la trama Gürtel.

¿Qué ha pasado en el Consistorio de esta ciudad gaditana de 212.000 habitantes que sufre un 38% de paro? Tras el desgaste de dos décadas largas en el poder, en 2003 Pacheco fue desbancado pero antes pactó con el PP y el PSOE. Su segunda alianza, con los socialistas, devino en un odio visceral entre él y Sánchez. Ese enfrentamiento terminó con un cruce de denuncias en los juzgados, un círculo de revanchas al que posteriormente se uniría García Pelayo. El agrio sabor de esta aversión ha sido la cárcel para los dos primeros regidores.

La comparativa con el saqueo de Marbella es desmesurada por el saqueo de las arcas municipales sufrido en la ciudad malagueña, cuyo Ayuntamiento fue el primero intervenido en España en 2006. Sin embargo, la mala gestión ha devenido en prisión para sus alcaldes y una deuda inasumible en ambas localidades (500 millones en Marbella, 1.000 millones en Jerez).

Hace una semana Sánchez entró en prisión para cumplir una sentencia de cuatro años de cárcel por malversación, falsedad en documento oficial y prevaricación. Tres días antes de convertirse en reclusa exponía los problemas endémicos de un Consistorio sobredimensionado durante décadas: “El error de fondo estaba muy claro: una política basada exclusivamente en el ladrillo y en la burbuja inmobiliaria. Si había problemas se vendía suelo y se pensaba que el Ayuntamiento era la primera empresa de la ciudad y todo el mundo entraba. Si pertenecías a una hermandad, asociación de vecinos… entraban por la puerta de atrás y los problemas se solucionaban con más ladrillo. Cambiar los términos era muy difícil. La mayor parte de la plantilla eran trabajadores sin cualificación y había que cambiar la concepción empresarial de la ciudad. Todos éramos conscientes de que la ciudad tenía que cambiar y ser adulta y no todo el mundo queriendo meter a un familiar en el Ayuntamiento”.

El portavoz del PP local y diputado andaluz Antonio Saldaña, echa la vista atrás y cuestiona las formas de la política local: “Lo que ha ocurrido es consecuencia de una forma laxa de hacer procedimientos que no deberían ser moralmente cuestionables pero que en un momento determinado cambian”. Para Saldaña, “una cosa es el Ayuntamiento y otra la ciudad”. “Los procesos judiciales pueden afectar a la marca, pero no a su potencial”. El portavoz popular reduce el caso de García Pelayo a un mero “procedimiento administrativo que no es cohecho ni corrupción”.

Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata relató “la grosera ilegalidad” cometida supuestamente por las empresas de Francisco Correa para contratar con el Consistorio que en 2004 dirigía la hoy diputada popular a Cortes. Los contratos y documentos administrativos para los trabajos de la red Gürtel en la feria de turismo Fitur fueron elaborados sin concurso público y una vez finalizado el evento. De la Mata acusa a García Pelayo de “haber ordenado la confección de los expedientes después de la ejecución de los servicios”.

Hace un año y medio Pacheco ingresó en la cárcel para cumplir cinco años y medio de pena acusado de malversación, prevaricación y falsedad por colocar de manera irregular a dos asesores que cobraron en dos años más de 200.000 euros sin hacer trabajo alguno. El Supremo puso el dedo en la llaga en su sentencia: “Nada lesiona más la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones que ver convertidos a sus representantes políticos en los vulneradores de la legalidad de la que ellos mismo son los primeros custodios”. Pacheco había alegado que veía los pagos “lícitos” según su nivel de conocimientos propio del nivel universitario y jefe de un partido político. “Causa sonrojo”, respondió tajante el tribunal al recurso. Esta semana ha quedado visto para sentencia un segundo juicio por la venta de la estación de autobuses en el que afronta seis años de cárcel.

Sánchez empezó este mes a cumplir una condena de cuatro años y medio de prisión por la concesión irregular de una subvención a una firma para adquirir suelo. Los jueces censuran que la alcaldesa adjudicó la ayuda máxima a la empresa TISA gracias a su “exclusiva voluntad” situada “extramuros de toda justificación que pudiera tener el más mínimo apoyo racional”. Sánchez pidió al funcionario competente que tratase “con cariño” a la compañía y más tarde presionó para que se le adjudicase la máxima puntuación. El informe desfavorable del técnico fue sustituido por otro que firmó un capataz sin cualificación para ello.

El abogado de Sánchez, Juan Pedro Cosano, reflexiona sobre el precio del desgaste de imagen: “La ciudad ya está pagando el precio. Un Consistorio gobernado con siete concejales de un pleno de 27 y una deuda monstruosa. Cualquier inversor ve con lupa a Jerez”. La alcaldesa, Mamen Sánchez (PSOE) declinó expresar su opinión para este reportaje por tener su agenda ocupada durante todo el viernes pasado.