Rajoy prevé mecanismos contra Mas aun con las Cortes disueltas

Mariano Rajoy convocó este lunes formalmente las elecciones generales del 20-D y disolvió las Cortes actuales, pero ha dejado todos los mecanismos “previstos” para poder actuar contra cualquier plan separatista de Artur Mas y sus socios en Cataluña, incluido el de la disolución de la autonomía catalana, y pese a estar las cámaras legislativas desde ahora y hasta el 13 de enero en funciones. El Gobierno ha elaborado un informe interno que defiende la competencia plena de la Diputación Permanente del Congreso y del Senado para funcionar como un pleno y aplicar el artículo 155 de la Constitución.

“El Gobierno no está en funciones”. Este fue el mensaje que se quiso lanzar ayer desde distintas instancias de La Moncloa próximas a Rajoy para advertir ante posibles actuaciones de cariz independentista del nuevo Parlamento catalán que se constituyó ayer, del Ejecutivo de Mas —este sí, aún en tránsito— o del hipotético que podría fraguar con otras fuerzas soberanistas antes del 9 de enero, el período máximo que le permite su ley electoral.

Rajoy firmó el decreto que fija la cita con las urnas el 20-D, estiró el tiempo en que las Cortes Generales estarán en funciones hasta el 13 de enero y luego compareció públicamente para presumir de su balance en tiempos difíciles y para ofrecerse como la garantía de la legalidad y estabilidad ante el desafío catalán. El presidente admitió que junto a la tremenda crisis económica padecida durante su mandato, que le llevó a incumplir promesas desde el primer día, el proceso catalán ha sido el gran desafío para el país.

Sobre el escenario económico, Rajoy sí se atrevió a vaticinar que el futuro podría deparar para España la mejor y más larga fase de crecimiento y creación de empleo de su historia hasta la cifra de los 20 millones de puestos de trabajo en 2019, si él continúa en La Moncloa con las mismas políticas.

Sobre Cataluña, en cambio, ni quiere ni puede hacer ninguna promesa relevante, nueva, diferente que las dirigidas a los demás territorios de España. Defiende el presidente que no incluirá ninguna reforma de la Constitución en el programa del PP para encajar mejor a Cataluña, como sí harán el PSOE u otros partidos, y sostiene que no puede diseñar ninguna peculiaridad porque supondría vulnerar la ley y sus principios inamovibles: la unidad de España y la soberanía nacional idéntica para todos los españoles. No tiene una propuesta alternativa al escenario actual.

Los mecanismos, alerta

Se le preguntó entonces si tenía previstos todos los mecanismos posibles ante una nueva deriva independentista de Mas y contestó: “Los tengo previstos porque es mi obligación como presidente del Gobierno, pero en cualquier caso espero que no tengamos que tomar ninguna decisión de esas, incluida la que está usted pensando”. Fuentes de La Moncloa recalcaron luego que todo el aparato del Estado está alerta con todas las alternativas planificadas.

El Gobierno encargó hace tiempo, a través de su secretaría de Relaciones con las Cortes, un informe a sus asesores legales sobre las potestades y competencias de las Cámaras en funciones, ya disueltas. Fuentes del Ejecutivo admitieron que hay juristas que consideran que para suspender una autonomía, como contempla el artículo 155 de la Constitución, es necesaria, en última instancia, una aprobación “en pleno de la mayoría absoluta del Senado”.

El Gobierno mantiene que con las Cortes en funciones, la Diputación Permanente (38 de sus 266 senadores) “es el órgano que ostenta todos los poderes y derechos habituales de los plenos en los periodos hábiles normales”.

El Ejecutivo no prevé, como avanzó el propio Rajoy, que se vaya a llegar ahora en España a esa situación pero, además, también mantiene que el tiempo con las Cortes en funciones será tan breve (dos meses y medio) que será imposible que ni el nuevo Parlamento catalán ni un presumible Gobierno pudieran promover una acción ejecutiva que pudiera llegar a término. Tanto para suspender una autonomía como para activar los nuevos artículos previstos en la reformada y polémica ley orgánica del Tribunal Constitucional (“Acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento, o encomendar al Gobierno de la Nación, aun en funciones, la ejecución sustitutoria”) se requieren una serie de trámites administrativos, recursos, llamadas a las partes y negociaciones que no habría tiempo material para que se finalizaran antes de que se constituyan las nuevas Cortes el 13 de enero.